"La Corte Suprema está en condiciones de emitir un nuevo fallo sobre el 2x1"

Por Lucía Ferreri Ochoa 

A tres meses del fallo de la Corte Suprema que declaró aplicable el 2x1 para represores, la noticia fue desplazada de la agenda mediática por las elecciones de medio término. La feria judicial diluyó la intensidad del reclamo y por eso las Abuelas de Plaza de Mayo, inclaudicables en su lucha, emprendieron un nuevo camino para dejar en claro que no quieren libres a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Al mismo tiempo, aumenta la represión y criminalización de la protesta social y Santiago Maldonado sigue desaparecido luego de ser golpeado y subido por la fuerza a una camioneta de la Gendarmería. Mientras tanto, en la sede de Abuelas, las paredes de todas las habitaciones están inundadas por decenas de pañuelos de distintas formas y tamaños. Dibujos de pañuelos. Fotos con pañuelos. Pañuelos enmarcados. Pañuelos bordados. En la recepción, cientos de jóvenes en blanco y negro miran desde sus fotos a quienes llegan, congelados en su eterna juventud idealista y militante.

En ese marco, Alan Iud, Abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, se referirá, mate de por medio, a la situación actual de los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Agencia Paco Urondo: Recientemente lanzaron la campaña "Que la Corte diga no al 2x1" en la que reconocidos juristas y activistas nacionales e internacionales repudian la medida de la Corte Suprema. ¿Cuál es la finalidad de esta iniciativa?

Alan Iud: El fallo fue el 3 de mayo pasado y una semana después tuvimos la enorme movilización en Plaza de Mayo. El mismo día, el Congreso sancionó la ley que deja en claro cuál es la interpretación auténtica -ese es el término que utiliza- de la ley de 2x1 y por qué no puede aplicarse a los crímenes de lesa humanidad. Después de esos episodios, esa misma semana la Corte emitió un comunicado en el cual anunciaba que iba a pedir opinión a las distintas partes -es decir querellas, defensas y fiscalías- sobre la nueva ley.

En el transcurso de las semanas siguientes, empezó efectivamente a ejecutar esa medida, ante lo cual los distintos organismos que somos querellantes, las defensas y el Ministerio Público Fiscal nos pronunciamos. Ese proceso concluyó, es decir que la Corte está en condiciones de emitir un nuevo pronunciamiento. La feria judicial terminó hace una semana y media y desde entonces la Corte está en condiciones de emitir un nuevo fallo y lo que se busca con esta campaña es recuperar un poco el reclamo social y dejarlo en primer plano. Hay que señalar que los tribunales inferiores no siguieron el criterio de la Corte, más allá de algunas excepciones. En realidad el tema no está resuelto y de hecho la Cámara de Casación, que es el tribunal penal de mayor jerarquía en el país, hasta ahora sólo una de sus cuatro salas se pronunció contra la aplicación del 2x1; no así las otras tres que tienen planteos pendientes para resolver.

Lo que busca entonces la campaña es mantener el tema en la agenda pública para que la Corte resuelva y esto no se diluya, y no sea parte de la estrategia de cronoterapia que muchas veces se aplica en Tribunales, que es dejar que el paso del tiempo aplaque los reclamos.

APU: En mayo pasado, el Congreso aprobó la ley 27.362 que excluye del beneficio del 2x1 a genocidas. Sin embargo, en junio, el juez federal de La Plata Alejandro Daniel Esmoris hizo lugar al pedido del beneficio de los represores Ramón Fernández y Abel Dupuy. ¿Cuál es en términos jurídicos la situación actual? ¿Continúa siendo aplicable el 2x1?

AI: Antes del fallo de la Corte algunos jueces habían aplicado el 2x1 pero justamente las cuatro salas de Casación en su integración actual habían fijado el mismo criterio: que no es aplicable a los casos de lesa humanidad por distintos motivos. La ley del Congreso por un lado requiere interpretación, que es lo que hacen los jueces siempre, interpretan las leyes; nunca es una aplicación automática. Por otro lado, un juez podría considerarla inconstitucional, podría considerar que no rige estos casos porque fue sancionada con posterioridad. Uno siempre puede encontrar argumentos jurídicos para no aplicar una ley. Muchas veces se dice que en el derecho la mitad de la biblioteca dice una cosa y la otra mitad dice la otra. En este caso no creo que sean mitades, es mucho más claro que la mayoría de la biblioteca dice que la ley de 2x1 no se puede aplicar a los casos de lesa humanidad. Sin embargo, un juez podría aplicarlo. De hecho, así como los jueces se diferencian hoy del fallo de la Corte del 3 de mayo y deciden no aplicar ese criterio, del mismo modo podrían, en el caso de que la Corte diga lo contrario, diferenciarse, por cómo está organizado nuestro sistema judicial. Lo importante es que es la Corte la que fija lo criterios. No es casual que de la Cámara de Casación -que es un tribunal mucho más conservador que los juzgados y tribunales orales-  sólo una de las cuatro salas se haya pronunciado. Uno intuye que están esperando que la Corte lo haga. Lo que buscamos es que se resuelva esto rápido y podamos pasar de esta discusión a otras que son las que veníamos tratando de impulsar en estos años y de las cuales este tema nos distrae. Por ejemplo, la responsabilidad civil en los crímenes del terrorismo de Estado o el acceso a determinados archivos. Por ejemplo, hay mucho por hacer con los documentos de la iglesia católica. Son distintas cuestiones que están pendientes de desarrollo y, en la medida que nos ocupamos de esto, nos alejamos de lo otro.

APU: En mayo, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 denegó excarcelar al represor Héctor Giribone y Gabriel Nardiello, integrante del tribunal, advirtió que “no se midió el efecto jurídico" y “puede traer consecuencias en todas las causas". ¿Cuáles serían esas consecuencias?

AI: Creo que parte de lo injusto digamos del fallo de la Corte es que reflejaba una vez más la selectividad del sistema penal, perjudicando a los sectores que son habitualmente criminalizados o perseguidos por el sistema penal, en beneficio de los personajes más poderosos o que no son obviamente los clientes habituales del sistema, como los represores, los genocidas, los responsables del terrorismo de Estado. Sabemos que están siendo juzgados gracias a la lucha de los organismos y de la sociedad y el impulso que le dieron los tres poderes del Estado en su momento, pero el sistema judicial no está concebido para ese tipo de crímenes y funciona muy selectivamente. Por ejemplo, las personas poderosas que cometen hechos de evasión de impuestos o corrupción, en general, gozan de impunidad y quienes son perseguidos por el sistema son los sectores más pobres y marginales de la sociedad. El criterio que fijaba la Corte lo que hacía, al reflotar el criterio del 2x1, era que básicamente este beneficio de reducción de la pena casi a la mitad iba a ser aplicado pura y exclusivamente a los responsables del terrorismo de Estado con algunas excepciones muy contadas. Básicamente, el criterio que fijó la Corte es que el 2x1 se debía aplicar a cualquiera que hubiera cometido delitos antes de mayo de 2001 -cuando se derogó-, haya estado más de dos años en prisión preventiva y todavía no haya sido juzgado. Quienes se encuentran en esta situación son los imputados por crímenes de lesa humanidad y después hay muy contados casos donde excepcionalmente esos hechos no están prescriptos, como el caso del Padre Grassi. El resto de los casos, en su mayoría, o fueron juzgados o ya están prescriptos, con lo cual se generaba un criterio totalmente injusto donde los mayores criminales de la historia argentina se van a beneficiar con esto y el resto de la población carcelaria no. A esto hay que agregarle el dato de que cerca del 50 por ciento de los imputados por crímenes de lesa que están detenidos están en prisión domiciliaria, con lo cual se les computaría doble el tiempo en el que estuvieron en su domicilio, pese a que la ley fue concebida para desagotar la población carcelaria. Si bien seguimos teniendo altos índices de personas sometidas a prisión, excediendo la capacidad de los penales, lo cual es una realidad en nuestro país, este criterio no iba a tener incidencia en eso porque se aplica en su mayoría a gente de está detenida en su casa.

APU: En un contexto en el cual los organismos internacionales como la CIDH o la ONU vuelven a pronunciarse ante las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, ¿considera que se resignifica el rol de Abuelas, más allá de los procesos de memoria, verdad y justicia?

AI: Creo que no sólo de Abuelas sino de todos los organismos de derechos humanos; en particular de los que nacieron como consecuencia del terrorismo de Estado. El recorrido de 40 años de lucha generó, justamente, prácticas, experiencias y organización que hoy hacen que sean muchas veces referentes frente a situaciones de violencia institucional o desaparición forzada, como la que pasa hoy con Santiago Maldonado. Si bien tienen características muy distintas a lo que sucedió durante el terrorismo de Estado, no deja de tener un punto en común que es el Estado desapareciendo a una persona. Además, reaparecen discursos que responsabilizan a las víctimas o les ponen motes de organizaciones terroristas y, en ese sentido, creo que organismos como Abuelas y los demás que están convocando a movilizarse por Santiago Maldonado evidentemente se ven en la necesidad de ampliar su área de intervención.

APU: Mientras hay numerosas audiencias suspendidas y se postergó el juicio por apropiaciones en Campo de Mayo ¿Cuál es la situación actual de los juicios de lesa? ¿Hubo retrocesos desde el cambio de gobierno?

AI: Creo que el sistema judicial desde el 2003 para acá, desde que se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto final, demostró ser bastante reacio y tener muchos anticuerpos para que estos procesos avancen. Hubo un momento que fue clave, que fue en el 2008 cuando el hasta entonces presidente de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, renunció luego de que quedara expuesto que ese tribunal estaba bloqueando el avance de los juicios. Desde entonces hasta el 2014, 2015 se desarrollaron muchos juicios orales con momentos incluso donde la propia Casación pasó a impulsarlos, emitiendo una acordada para hacerlos más ágiles, instando a los tribunales a que no vuelvan a citar a los testigos que ya habían declarado en otras causas para evitar su revictimización pero también para propender a la celeridad.

Con el cambio de gobierno, lo que sucede es que no cambió ninguna ley que rija el proceso de los juicios de lesa ni el proceso penal en general; no hay cambios desde el punto de vista normativo. Lo que sí sucede es que hay actores judiciales que de por sí son reacios a este tipo de procesos, ya sea por alguna cuestión ideológica o lisa y llanamente porque son juicios que llevan mucho trabajo, son muy desgastantes. Frente a ese escenario de inercia del sistema judicial, que lo lleva a ser lento e ineficaz, el cambio de discurso público en el país en relación a estos procesos tiene su incidencia. Me parece que lo que termina pasando es que los jueces, que son los que tienen el control de la agenda de los tribunales, al decidir si empieza primero un juicio por robo de bebés o tráfico de drogas contra un puntero de barrio, en esa elección antes quizás priorizaban los crímenes de lesa humanidad y hoy eligen el otro. Y digo contra un puntero porque tampoco hay avances notorios en otros tipos de procesos.

También hay que poner en la balanza que, aun durante este gobierno, se consiguieron algunas sentencias importantes, como la primera condena contra un juez por apropiación de niños. Hace pocas semanas, se consiguió que cuatro jueces de Mendoza que tenían mucho poder hasta hace muy poco tiempo también fueran condenados por su responsabilidad en el terrorismo de Estado. Asimismo, se consiguió la primera condena a un empresario por el aporte que hizo a través de su empresa a la comisión de crímenes de lesa humanidad. Obviamente se trata de procesos que no se iniciaron en 2015, pero llegaron a tener sentencia y son fallos muy importantes. Lo que quiero decir es que para que el Poder Judicial avance en esto hay que estarle muy encima y eso significa que la sociedad tiene que estarlo. Lo que hacen los jueces es leer el clima político. Si nadie les demanda, probablemente tengan otras prioridades, pero me parece que esos otros casos son ejemplos también de que con organización, militancia e impulso de las querellas fiscalías y demás, se puede tener logros importantes.

APU: ¿Y respecto a los cómplices civiles como Carlos Blaquier*?

AI: Indudablemente es mucho más difícil. De hecho en el proceso político anterior, donde había un clima que favorecía que los jueces, no relegaran ese tipo de procesos, fue muy difícil avanzar y hoy creo que ahí sí es indudablemente mucho más difícil. La Corte se tiene que pronunciar por la situación de Blaquier, hace ya dos años que tienen el recurso pendiente y hay otros casos análogos en otros puntos del país en los cuales en líneas generales no se registran avances. Creo que son sectores que han sabido conservar una cuota de poder y que tienen una capacidad de operar sobre el sistema judicial distinta a la de los sectores militares, y eso se siente en Tribunales, más en un momento como este.

*En marzo de 2015, la Sala IV de la Cámara de Casación dictó la falta de mérito para Blaquier en la causa en la que está acusado de privación ilegal de la libertad, por el secuestro del ex intendente Luis Arédez y otros dos sindicalistas, y de trabajadores de Ledesma en la llamada Noche del Apagón. En enero pasado, la procuradora fiscal ante la Corte Suprema, Irma García Netto, dictaminó que corresponde dejar sin efecto la falta de mérito y la Corte aún no se pronunció al respecto.