Lawfare y operaciones psicológicas

Por Santiago Gómez
Desde Florianópolis

La defensa del ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva recurrió al término “lawfare”, guerra jurídica, para explicar el ataque del que está siendo víctima el líder popular brasilero. En su primera intervención como senadora después de salir de la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner se apropió también del término para explicar los ataques recibidos. El término “lawfare” fue popularizado por el General de División retirado Charles Dunlap Jr., de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en el año 2001, tras las limitaciones que las convenciones internacionales imponían al libre bombardeo de Afganistán. En el año 2010, el abogado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Orde F. Kittrie, en un artículo en el que analizó las potencialidades de la guerra jurídica para atacar a Irán, se refirió al juicio a la AMIA como estrategia de ataque. En los manuales de Operaciones Psicológicas de la NSA y la OTAN se destacan los beneficios de operar sobre la opinión pública desde cuentas anónimas.

En el año 2001 el entonces coronel Dunlap publicó un artículo titulado “Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian Values in 21st Conflicts”, en el que abordó el conflicto que generaban los abogados del Estado a los generales en el campo de combate, al interferir en su deseo de bombardear libremente Afganistán contrariando las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. Los militares, así como también ciertos profesores y abogados internacionales, sostenían que la legislación sobre “daños colaterales”, eran poco realistas y dejaban a los Estados Unidos en una posición vulnerable. “Si se permite que las tendencias del derecho internacional maduren y se conviertan en reglas vinculantes, el derecho internacional puede convertirse en una de las armas más potentes jamás desplegadas contra los Estados Unidos”, sostuvieron los abogados David Riviken y Lee Casey, a los que Dunlap cita en su trabajo. El argumento era que las fuerzas que resistían la intervención extranjera, abusaban de la prohibición de bombardear poblaciones civiles, razón por la cual se escondían entre las mismas para realizar desde esas posiciones sus ataques.

En dicho artículo Dunlap definió la guerra jurídica (lawfare) como un método de guerra en el que el derecho es usado con el fin de cumplir con objetivos militares. Sostiene que la guerra jurídica es una vía que utilizan aquellos que no pueden hacer frente a las capacidades tecnológicas de los Estados Unidos y que por ello utilizan la ley como una forma de guerra asimétrica. Es fundamental entender que para los militares estadounidenses, como para los abogados que acompañaron las intervenciones de dicha potencia en el extranjero, era contra los Estados Unidos que se hacía la guerra jurídica, cada vez que se apelaba a una instancia internacional, con el objetivo de frenar aún más ataques sobre poblaciones civiles, exigiendo el cumplimiento de la normativa internacional. En su artículo de 2001, Dunlap sostuvo que cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) denunciaban las violaciones a los derechos humanos cometidas por generales del ejército, estaban haciendo “lawfare” con el objetivo decapitar al ejército.

Te acuso de lo que hago

Es fundamental entender que en un primer momento los Estados Unidos se colocaron como las víctimas del “lawfare”. En su artículo de 2001, Dunlap sostuvo: “Hay muchas dimensiones para la guerra jurídica, pero la que con más frecuencia abrazan los opositores de Estados Unidos es una manipulación cínica del estado de derecho y los valores humanitarios que representa. En vez de buscar victorias en el campo de batalla, los desafiantes intentan destruir la voluntad de luchar socavando el apoyo público que es indispensable cuando las democracias como los Estados Unidos realizan intervenciones militares”.

Dunalp sostiene que el “lawfare”, tiene una base firme en el análisis realizado por el teórico de la guerra, Karl von Clausewitz, que apunta a la “trinidad” entre el pueblo, el gobierno y el ejército, definida por el teórico militar. Según el abogado y militar, los Estados Unidos centraban el ataque en el aspecto militar, mientras sus oponentes se servían de internet para difundir en las redes sociales videos probando los tormentos, torturas y violaciones a que eran sometidas las poblaciones invadidas, con el objetivo de socavar el apoyo de la población estadounidense a la guerra y cuestionar el sistema democrático del país del norte.

Pero el tiempo pasó, la guerra como siempre fue una importante fuente de conocimiento para las ciencias sociales y en un artículo publicado en agosto pasado, en la “Military Review”, titulado "Introducción a la guerra jurídica", Dunlap, ya general de división retirado, reconoce que son los Estados Unidos quienes comenzaron a hacer lawfare. “La guerra jurídica puede sustituir a la guerra tradicional cuando funciona como un medio que obliga a ciertos comportamientos específicos con menos costos que la guerra cinética, e incluso en los casos en donde la guerra cinética sería ineficaz”, afirma, citando a Joel Trachtman, autor de “Intregrating lawfare and warfare”.

Para explicar las formas en que Estados Unidos realizó la guerra jurídica, Dunlap refiere “a sanciones que incapacitaron la fuerza aérea iraquí de tal manera que solo un tercio de sus aeronaves estaban operativas cuando la coalición invadió en 2003. El impacto operativo fue obvio: los aviones iraquíes en tierra fueron tan efectivos como los aviones derribados. Las sanciones también han disminuido el ritmo de la expansión militar rusa”.

Acabar con los recursos del enemigo

El profesor de la Universidad de Derecho de Arizona, abogado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Orde F. Kittrie, y autor del reciente libro “Lawfare: a law as a weapon of war” (Guerra jurídica: la ley como un arma de guerra) publicó en el año 2010 un artículo titulado “Lawfare and U.S. National Security”, el cuál dividió en tres secciones para explicar el cambio en el accionar del Estado norteamericano, de una posición defensiva, a una de ataque, así como sugirió estrategias para acabar con el programa de armamento nuclear de Irán.

El texto analiza: 1) cómo utilizaban el “lawfare los terroristas y sus estados”; 2) cómo los Estados Unidos se defendían de la guerra jurídica y 3) cómo los Estados Unidos podían utilizar mejor la guerra jurídica como un arma de promoción para la seguridad nacional. En este último punto se tomó como base de análisis los ataques a Irán, las estrategias de sanciones económicas para atentar contra la expansión nuclear y se hace referencia al juicio por el atentado a la AMIA, como vía para atentar contra la imagen de Irán en el mundo.

Al igual que Dunlap, Kittrie considera que las denuncias por violaciones a los derechos humanos que presentan ante organismos o foros internacionales las diversas fuerzas que resisten la invasión extranjera de los Estados Unidos son tácticas de lawfare. Utiliza como ejemplo de lawfare, la denuncia por crímenes de guerra presentada en Bélgica en el año 2003 contra el ex funcionario de los Estados Unidos Donald Rumsfeld. La legislación belga tenía competencia universal, por lo que podía juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio sin importar donde se habían cometido. “Después que Rumsfeld amenazó con trasladar la sede de la OTAN fuera de Bélgica, el país cambió su ley de jurisdicción universal y bloqueó el procesamiento contra Rumsfeld”, afirmó Kittre.

Kittre señala que durante el gobierno de George Bush la guerra jurídica de los Estados Unidos fue básicamente defensiva, pero que con la llegada de Barack Obama la táctica fue de ataque y coloca como ejemplo las diversas intervenciones legales que el gobierno estadounidense llevó a cabo con el objetivo de frenar el programa de armamento nuclear de Irán. Destaca que la administración estadounidense pasó a denunciar a los iraníes por violaciones a los derechos humanos en cuanta corte internacional o foro legal hubiese, con el objetivo de estigmatizar a su gobierno y atentar contra cualquier tipo de apoyo económico que pudieran recibir.

Según Kittre son cinco las herramientas de las que dispone el presidente de los Estados Unidos para alterar el comportamiento de un país extranjero: "1) hablar (declaraciones y negociaciones); 2) edulcorar (incentivos); 3) sanciones (restricciones económicas y diplomáticas); 4) sabotaje y 5) soldados (acción militar). En el caso de Irán, hablar y endulzar han sido probados y han fallado,  los soldados son una opción muy problemática”. Es por esta razón, que explica que la estrategia fueron “las sanciones económicas y el sabotaje, incluido el virus Stuxnet”, creado para afectar el sistema informático del programa nuclear iraní.

Kitrre despliega en su artículo las distintas estrategias adoptadas para denunciar a las empresas que hicieran inversiones en Irán o establecieran cualquier otro tipo de relación comercial con aquel país, entre las que incluye a Siemenes, denunciando a las mismas de estar financiando un gobierno terrorista y menciona en reiteradas oportunidades la difusión de estas acusaciones a través de los medios de comunicación. En lo que se refiere a las denuncias y ataques comerciales destaca las tareas realizadas por Stuart Levey, Subsecretario del Tesoro designado por Bush, a quien Obama mantuvo en funciones, y que dejó el cargo para asumir como Jefe de la Oficina Legal del HSBC.  

En su trabajo de 2010, Kittre, abogado del Departamento de Defensa, sugiere diversas estrategias para afectar el programa de armamento nuclear de Irán. Propone presentar demandas contra proveedores extranjeros, acusándolos de ser responsables por las posibles víctimas de un programa ilícito de destrucción masiva. Otra sugestión que realizó fue presentar “demandas basadas en la aparente implicación personal de altos líderes iraníes en los ataques terroristas de Hezbolá. En 2008, la Unión Europea señaló al ministro de defensa iraní, Ahmed Vahidi, como una persona vinculada a las actividades nucleares sensibles a la proliferación de Irán o al desarrollo de Irán de sistemas de entrega de armas nucleares”.

Por otra parte, Kittre menciona que “un juez argentino (N.E.:Canicoba Corral) emitió una orden de arresto contra Vahidi, acusado por Argentina de haber planeado el bombardeo de Hezbollah en 1994 de un centro cultural judío en Argentina, que mató a ochenta y cinco personas. A pesar de la asistencia de Interpol, Argentina aún no ha logrado llevar a Vahidi ante la justicia. Tal vez el litigio civil podría ser más efectivo para alcanzar a Vahidi y sus activos”.

Cabe recordar que en una reciente entrevista al diario Página/12, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, hizo mención a la detenciones ordenadas por el juez Claudio Bonadío en la causa por el Memorandum con Irán, y afirmó “No he hablado con Timerman de esto, pero seguramente la sugerencia de que se hiciera algo para mover la causa paralizada vino de la gente de Obama, y ahora los republicanos y otros intereses, todos ajenos a nosotros, están moviendo estos procesos contra los funcionarios nuestros que promovieron el memorándum para destrabar la causa. Aquí no hay nada jurídico, el derecho no tiene nada que ver, es poder puro, lucha de poder e intereses, demasiado poderosos y extraños a nosotros”.

Lawfare y medios de comunicación

Para el Dr. Gregory P. Noone, Director del Programa de Inteligencia y Seguridad Nacional de la Universidad Estatal de Fairmont, autor de “Lawfare or Strategic Comunications?”, al momento de abordar la guerra jurídica es preciso considerar las estrategias comunicacionales. Noone es un militar y abogado que sirvió en la marina de los Estados Unidos, trabajó en la División de Derecho Operacional del Pentágono, así como entrenó a miembros del gobierno que asumió en Iraq tras la invasión y el gobierno post invasión estadounidense en Afganistán.

En su trabajo Noone define las comunicaciones estratégicas como “los procesos y esfuerzos del gobierno de EE. UU enfocados en comprender y captar audiencias claves para crear, fortalecer o preservar condiciones favorables para avanzar en los intereses y objetivos nacionales mediante el uso de información coordinada, temas, planes, programas y acciones sincronizados con otros elementos del poder nacional, confiando en las capacidades de apoyo del área de Asuntos Públicos, aspectos de Operaciones de Información, principalmente Operaciones Psicológicas, Diplomacia Militar, Apoyo de Defensa a la Diplomacia Pública e Información Visual”.

Según reconoce el propio Noone, así como los manuales de  Operaciones Psicológicas, conocidas como PSYOPs, difundidos por el ex agente de la Agencia Nacional de Seguridad, Edward Snowden, las operaciones psicológicas son operaciones planificadas para transmitir información a audiencias extranjeras con el objetivo de influir en sus emociones, motivaciones, razonamientos, “y en última instancia el comportamiento de sus sus gobiernos, organizaciones, grupos e individuos extranjeros. El propósito de las PSYOPS es inducir o reforzar actitudes y comportamientos extranjeros favorables a los objetivos del organizador. Las PSYOP pueden estar dirigidos solo a audiencias extranjeras”, afirma Noone en su texto.

Para la profesora de Derecho y Directora del Centro Global de Estudios Legales de la Universidad de Nueva York, Susan Tiefenbrum, autora del trabajo “Semiotic Definition of Lawfare”, la guerra jurídica es “un arma diseñada para destruir al enemigo mediante el uso, mal uso y abuso del sistema legal y los medios de comunicación para provocar protestas públicas contra ese enemigo. El término lawfare es también un juego ingenioso de palabras, un juego de palabras y un neologismo que debe ser deconstruido para explicar el poder lingüístico y público del término”.

El mismo ataque en América Latina

Esta última acepción es la que han tomado los abogados de Lula para denunciar los ataques dirigidos contra el ex mandatario. En una reciente entrevista al portal Nocaute, del reconocido periodista, escritor y político, Fernando Morais, Lula contó que tras las manifestaciones de junio de 2013 en Brasil recibió un llamado del presidente de Turquía, Recep Erdogan, diciéndole que estaba sucediendo lo mismo que había acontecido en su país. “Aquello no surgió dentro de Brasil, no surgió como quieren que creamos con el MBL, con la violencia de la policía con la que O Globo quedó tan indignada que transmitió en vivo la manifestación”, afirmó el ex Presidente.

El MBL, Movimiento Brasil Libre, es la representación brasilera de los grupos que organizan manifestaciones contra los gobiernos populares a través de las redes sociales. Con un nombre al que nadie podía identificar con fracción partidaria alguna, cuya referencia era un joven de clase media, con rasgos japoneses, como millones de jóvenes en San Pablo, el MBL, como tantos otros grupos surgidos de manera semejante a lo largo y ancho de este continente, cumple con las sugerencias del manual para operaciones de inteligencia online “Behavioural Science Support for JTRIG’S Effects and Online HUMINT Operations”, redactado por la Government Communications Headquarters, la agencia de monitoreamiento de comunicaciones de Gran Bretaña, en el que reconocen que operan en Argentina. Cabe destacar, que según permitió saber Snowden, los trabajos de vigilancia masiva de los Estados Unidos se hace en articulación con el Reino Unido, así como comparten manuales de operaciones como miembros de la OTAN.

En dicho manual se sugiere a los agentes de operaciones de HUMINT (Human Intelligence) que suban videos a Youtube, creen grupos en Facebook, cuentas en Twitter, difundan comunicaciones “persuasivas”, con el objetivo de desacreditar, promover la desconfianza, disuadir, retrasar o interrumpir procesos de los gobiernos locales y se sugiere que para ello se creen perfiles anónimos o grupos que faciliten que los usuarios se identifiquen con el mismo.

En dicho manual se afirma que “estudios han encontrado que los grupos anónimos pueden ser más susceptibles a la influencia que los grupos identificables. Las personas en las redes sociales  establecen nuevos vínculos con aquellos que perciben que son similares y es más probable que vean un video de YouTube si creen que otras personas semejantes a ellas lo han visto y les gusta. Los amigos en las redes sociales son más poderosos que los extraños para convencer a un usuario de unirse a un grupo. La capacidad de desencadenar respuestas, crear conversaciones, es más probable que se encuentre en "líderes on line" que demuestren una alta actividad de comunicación, la pertenencia más larga a un grupo, redes sociales expansivas y recíprocas, y el uso de un lenguaje caracterizado por la locuacidad, la diversidad y la emoción”.

Al igual que sucedió en Argentina con alguno de los jóvenes que hasta asumir en funciones de gobierno organizaban cacerolazos, a los cuales se pudo identificar con vínculos con Patricia Bullrich o que acabaron trabajando para el armado político de Elisa Carrió, al conocido “japonés del MBL”, Kim Kataguiri, se lo pudo ver al lado de Eduardo Cunha cuando se protocolaba el pedido de impeachment a Dilma Rousseff. Conforme informó Carta Capital, el MBL y su principal referente, Kataguiri, recibieron financiamiento y entrenamiento de fundaciones ubicadas en los Estados Unidos.

El lawfare no empieza ni termina acá

Como señalamos al principio de esta nota, fue la participación de abogados en la toma de decisiones sobre las acciones militares en Afganistán las que colocaron como cuestión la estrategia de la guerra jurídica, la cual los mismos juristas y abogados del Departamento de Defensa de los Estados Unidos reconocen que se aplicó en los países de Oriente Medio, Rusia, así como identificaron Argentina como un teatro de operaciones. Pero no se acaba acá la cosa. El pasado 15 de enero Kittre publicó un artículo en The Wall Street Journal contra Noruega por haberle vendido a Rusia una base para submarinos que la OTAN creó en el Ártico.  ¿Cuál fue el argumento utilizado por Kittre para atacar al país nórdico? Que el mismo tenía relaciones comerciales con Irán.