"El Estado se hace cargo": el proyecto antiaborto presentado por Pinedo

El senador macrista Federico Pinedo presentó un proyecto llamado "El Estado te acompaña y se hace cargo", que propone que cuando una mujer embarazada no quiere continuar con la gestación, se anote en un programa, a través del cual recibiría dinero para llevar adelante el embarazo de todas formas, y luego entregar el bebé en adopción.

Las iniciativa lleva las firmas de Federico Pinedo (Pro) y Miriam Boyadjian (del Movimiento Popular Fueguino). Propone que las mujeres con embarazos no intencionales estén obligadas a llevar a término la gestación; para ello, el Estado “se hará cargo por sí o por intermedio de terceros del control, seguimiento y asistencia médica, sanitaria y, de ser necesario, de habitación y alimentación” de esas mujeres; todo sería imputado “a las partidas que establezca el Presupuesto Nacional de cada ejercicio”. 

Otro de los proyectos, presentado por Pinedo en soledad, se propone como complementario del anterior, e introduce la posibilidad de que el juez reduzca la pena a la mujer que aborte, de acuerdo con ciertas consideraciones particulares.

Además, Pinedo dejó abierta la puerta en su proyecto a que no sea solo el Estado el que subsidie, sino que podrían ser "terceros sin identificar los que se hagan cargo del control, asistencia médica, alojamiento y alimentación de las mujeres embarazadas".

Cabe recordar que el funcionario había dicho hace unos días que el proyecto que vino desde Diputados "seguramente será modificado, porque en (la Cámara Alta) ve difícil que quede como está". El debate en las comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales ya está en marcha y la candente votación se espera, si no hay cambios, para el 8 de agosto.

El proyecto de Pinedo y Boyadjian (expediente 1825/18) tiene por objeto a las “madres que se anotician de un embarazo no planificado ni deseado”, es decir, “mujeres embarazadas que decidan no asumir al momento de su nacimiento la crianza y patria potestad de sus hijos por nacer” (sic). Para ellas, se crearía el programa nacional “El Estado se hace cargo y te acompaña”, por medio del cual esas mujeres serían obligadas a seguir adelante con la gestación para, luego, entregar el bebé en adopción. A esas mujeres (“beneficiarias que tomen la decisión de dar en adopción a sus hijos por nacer”) nadie las obligará “a identificar al supuesto padre del niño o niña”, pero si ese hombre “expresara por vía administrativa o judicial, antes de que el niño nazca, su voluntad de reconocerlo como su hijo, su decisión desplazará las decisiones de adopción anticipada que la mujer hubiese tomado”. En ese caso, si luego se corrobora la paternidad, “el niño se inscribirá como hijo del padre biológico, sin consignarse su madre”.

Para acompañar el proyecto de “El Estado se hace cargo y te acompaña”, Pinedo propuso, además, una modificación del artículo 88° del Código Penal, que en su redacción actual preve entre uno y cuatro años de prisión a “la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare” y establece que “la tentativa de la mujer no es punible”. En el proyecto del senador (expediente 1823/18), ese artículo ampliaría la potestad de juezas y jueces a la hora de aplicar la pena, puesto que podrían “reducir la pena a la mujer al mínimo legal en atención a su edad, su educación, la calidad de los motivos que la determinaron a actuar, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, y las consecuencias lesivas que hubiese sufrido como consecuencia del hecho”.

Otro más

Que “menores de 13 años”, “mujeres embarazadas producto de una violación”, “adolescentes entre 13 y 16 años”, y “mujeres con embarazos no deseados” en general no aborten y, en cambio, puedan acceder a “realizar una adopción en proceso sumarísimo, a fin de resguardar cada una de las vidas”. Eso propone en su proyecto de “Ley especial sobre protección de la mujer con embarazo no deseado” (expediente 2001/18) el senador Guillermo Pereyra (del Movimiento Popular Neuquino). Según explica en los fundamentos del proyecto, el legislador construyó esa propuesta porque, con el debate de interrupción voluntaria del embarazo “se está intentando imponer la libertad de la mujer como el bien jurídico protegido por sobre el resto de los bienes jurídicos que sí están establecidos en nuestras leyes, como es la vida. Esta es realmente una definición de fondo y una decisión a tomar, si mantenemos a la vida como bien jurídico protegido o lo cambiamos. Son principios. Lo que realmente se está intentando cambiar”.