“Es un triunfo lograr en esta coyuntura que se inicie un juicio de lesa humanidad de esta magnitud”
Por Camilo Carbonelli y Santiago Asorey
El próximo 13 de agosto comienza el juicio por los crímenes cometidos en la Brigada de investigaciones de San justo durante la última dictadura. Las audiencias se llevarán adelante por el Tribunal Oral en lo criminal Federal N° 1 de La Plata. En este marco, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Juan Gabriel De Iriarte, querellante familiar del detenido desaparecido Jorge Luis De Iriarte.
APU: ¿Qué es la causa de la exbrigada de San justo?
Juan Gabriel De Iriarte: La causa Brigada de investigaciones de San justo, perteneciente a lo que fue el circuito Camps, junto con otros centros clandestinos como el Pozo de Quilmes, el de Banfield, de Avellaneda, La Plata, se elevó a juicio en el año 2013. A partir de la fecha tuvo una demora de cinco años. Ahora en el 2018 vamos a tener en el banquillo a los torturadores del ex CCD de la Brigada de investigación de San Justo. Es un triunfo lograr en esta coyuntura política que se inicie un juicio de lesa humanidad de tamaña magnitud. Estamos muy contentos, creemos y admitimos que es una lucha de todo el colectivo de Derechos Humanos, particularmente de La Matanza, querellantes y sobrevivientes.
APU: En la causa hay exintegrantes de la fuerza de seguridad, también civiles y funcionarios de la dictadura. ¿Cuántos son los imputados?
JGI: Los imputados son 20, entre ellos está Miguel Etchecolatz y dos civiles por primera vez: Juan María Torino y Jaime Lamont Smarts (ya condenado), quienes fueron funcionarios de la dictadura. Norberto Liwski del Comité para la Defensa de la Salud, la Etica y los derechos Humanos (CODESEDH) descubrió que uno de los jueces que se había nombrado era amigo de Smarts por lo cual se hizo la denuncia pertinente y se lo apartó. La particularidad que tiene la causa de la Brigada de San Justo es que la mayoría de los imputados no tienen condena ni sentencia firme en ninguna otra causa, es decir que solo actuaron en ese centro clandestino.
APU: ¿Lograron apoyo por parte del Estado?
JGI: Con el Estado Municipal de La Matanza se firmó un convenio donde hay atención a las víctimas y sobrevivientes. Además, los querellantes tienen tratamientos psicológico gratuito; independientemente de esto hay una disposición política de la municipalidad de La Matanza hacia lo que es el compromiso y la visibilización, así mismo en el año 2013 se señalizó la Brigada de San Justo como excentro clandestino bajo la intendencia de Fernando Espinoza . Esa disposición es total desde el municipio.
APU: ¿Cómo se están preparando en la previa de juicio?
JGI: En el caso particular mío y de otros compañeros de CODESEDH, que es nuestro patrocinador en el juicio que también es querellante cuyo presidente es Norberto Liwski sobreviviente de la Brigada de San Justo. Los compañeros que van a testificar ya se están preparando con profesionales que los van adaptando a la situación del juicio y declaratoria. Se realiza todo un proceso de trabajo desde el momento del juicio oral. Invitamos a todos lo que quieran acercarse ese día a los tribunales de La Plata para acompañar, porque son muy importantes estos juicios de lesa humanidad
APU: ¿Qué expectativas hay respecto a la sentencia?
JGI: La expectativa es una construcción, es el pedido de cárcel común, perpetua y efectiva, es hacia donde apuntamos. Trabajamos para eso y pedimos justicia. Tenemos que tener en cuenta que a los imputados los juzga un Tribunal que puede juzgar a cualquier ciudadano por cualquier otro delito porque no se constituyó un tribunal especial, lo mismo que paso en la Junta en 1985.