Agenda Migrante 2020

Fotos: Gabriela Constanzo

Por Gabriela Costanzo*

El 30 de enero de 2017 el Poder Ejecutivo Nacional modificó la Ley de Migraciones 25.871 del año 2004 mediante un decreto de necesidad y urgencia. En aquel momento varios legisladores del entonces Cambiemos/Pro insinuaban que estaba en carpeta la presentación de un proyecto de ley que agravaría las penas para los migrantes que cometiesen delitos, como si la ley vigente no contemplara dichos casos. Sin embargo, el DNU les ganó de mano, sin debate y sin necesidad. En los considerando del decreto se presentaba información estadística que intentaba relacionar a los migrantes con la criminalidad, por ejemplo sostenía que la población de nacionalidad extranjera bajo custodia del servicio penitenciario federal era un 21,35% cuando según el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), los extranjeros detenidos en cárceles federales y provinciales son un 6% del total.

A su vez, el DNU 70/2017 posibilita un mecanismo de expulsión express destinado a los extranjeros que estuvieran bajo cualquier tipo de proceso judicial de carácter penal o por faltas administrativas en el trámite migratorio. Según la legislación, los jueces y fiscales tienen la obligación de notificar a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) la existencia de causas judiciales que involucran a migrantes. Este aviso desencadena el inicio del trámite de detención y expulsión de manera inmediata, contradiciendo los tiempos y etapas establecidos en el código penal argentino. Entre datos tergiversados y mecanismos persecutorios el DNU es un instrumento creado por el gobierno macrista contra la población migrante, especialmente la latinoamericana y senegalesa, que nació acompañado de una gran cobertura mediática que criticaba la ley del 2004 por “ser insuficiente” y culpando a las personas migrantes de la crisis económica, estigmatizando y criminalizando su presencia en la Argentina. Cabe aclarar que la Ley de Migraciones, previa a la modificación del DNU, fue destacada a nivel internacional por circunscribirse en un marco de derechos humanos y respetaba la ley en torno a las etapas de los procesos judiciales que garantizan el Estado de Derecho, entre otros aspectos cruciales.

Así con el DNU vigente se abrió un derrotero de prácticas y restricciones xenófobas institucionales tanto simbólicas como materiales en la vida cotidiana de los y las migrantes como la dificultad para acceder a vacantes escolares o turnos en los hospitales, que se complementan con los aumentos de las tasas a más de un 1.000%, el cierre de los programas de abordaje territorial y la implementación de un sistema complejo (Ra.D.Ex) de regularización a distancia que impide el acceso a las y los migrantes de menores recursos económicos y tecnológicos, entre otros. En síntesis, el DNU menoscaba derechos de toda naturaleza, vulnera el principio de inocencia y el debido proceso del Estado de derecho.

Desde el 2017 fueron expulsadas alrededor de 2.500 personas migrantes, muchas de ellas sin juicio correspondiente y violando los derechos de la niñez y la unidad familiar, que estaban consagrados en la ley 25.871. No importó separar familias enteras, dejar a bebés y niñes sin madre. Entre las denuncias, se escucha el testimonio de mujeres migrantes expulsadas que relatan cómo fueron engañadas por personal de la policía. Estas fueron llevadas a la comisaria con la excusa de presentar papeles pero fueron detenidas y, sorpresivamente, llevadas al aeropuerto Internacional de Ezeiza para su deportación, sin poder despedirse de sus hijes. 

Desde entonces, los y las migrantes vienen reclamando por sus derechos de diferente forma: mediante actos en el espacio público, intervenciones artístico-políticas, Radios Abiertas, paros migrantes (que visibilizaba los aportes económicos que realizan los migrantes desde su trabajo).

En diciembre pasado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, organizaciones migrantes junto a organismos de derechos humanos e instituciones académicas redactaron un documento que reúne los principales reclamos para ser presentado a las nuevas autoridades del gobierno nacional; se denominó Agenda migrante 2020. En este documento se plantean cuatro ejes nodales: DNU 70/2017, expulsiones y criminalización de las personas migrantes; Procedimientos de regularización y derecho a migrar; Derechos sociales y políticos y Violencia institucional. Asimismo se incluyeron dos propuestas sobre cuestiones de fondo: políticas de Estado contra el racismo, la discriminación y la xenofobia en la sociedad, y la necesidad de un cambio institucional que garantice una política migratoria social integral bajo el paradigma de los derechos humanos.

El miércoles 5 de febrero, el presidente Alberto Fernández en su conferencia en el Instituto de Ciencias Políticas de París (Sciences Po) afirmaba que “nuestro país es único porque sus habitantes tienen derechos”, haciendo referencia a los sociales, políticos y económicos. Con el DNU vigente esto no es posible.  La existencia de una legislación que criminaliza a algún sector poblacional de la sociedad, en este caso a las y los migrantes, posibilita la emergencia de discursos y prácticas xenófobas y racistas que abalan las expulsiones.

Mientras tanto las organizaciones continúan participando de reuniones con ministros, funcionarios y la nueva conducción de la Dirección Nacional de Migraciones. Las mesas abiertas de la Agenda 2020 siguen su camino, en plena construcción de una propuesta que desarrolle políticas migratorias inclusivas.

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Firmaron el documento de Agenda migrante 2020: Asociación de Congoleños de Argentina (ACDA), Asociación Civil Yanapacuna, Campaña Nacional Migrar no es Delito, Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli, CineMigrante, Colectivo Para la Diversidad (COPADI), EsMiUBA, Facultad de Ciencias Sociales UBA, Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración, IARPIDI, Instituto de Justicia y Derechos Humanos, Universidad Nacional de Lanús, Junta Interna ATE DNM, Migrantes x Migrantes, MIRARES, Red de Migrantes y Refugiadxs, Red Nacional de Líderes Migrantes, Amnistía Internacional, Agrupación Xangó, ANDHES (Abogados y abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales)  Área de Migrantes- Somos Barrio de Pie, Área Antropología, Universidad Pedagógica Nacional, Asociación Civil Colectividad Boliviana del Sur, Asociación Ecuménica de Cuyo, Asociación de Ecuatorianos Residentes en Argentina, Bloque de Trabajadores Migrantes (BTM), Centro Cultural Nuestra América, Centro la amistad San Cayetano, Centro Integral de la Mujer Marcelina Meneses, Centro de estudios de lenguas y literaturas patagónicas y andinas (CELLPA), Colectivo Passarinho, Colectivo Migrantes y Exiliados/as Colombianos/as por la Paz MECoPa, Colombia Humana La Plata, ENPL Pueblo Adentro, Equipo de Investigación en Antropología y Procesos migratorios, ICA, FFyL, UBA, Equipo Migraciones CIDAC - FFyL – UBA, Espacio Plurinacional y Popular, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia (UNPSJB), Frente Migrante El Hormiguero, Fundación Germán Abdala, Frente Patria Migrante, Generación EVO Argentina, Grupo Matamba de negras y afros Lbttd, Grupo de estudios sobre migraciones, II, FCPyRRII, UNR, Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia (IESyPPat), Mesa de Migrantes de la Cámpora, Mesa Migrante Córdoba, Movimiento Afrocultural, Movimiento Migrante Plurinacional, Movimiento Teresa Rodríguez, Mujeres Fuertes Sma/Junín de los Andes, Núcleo de Estudios Migratorios, IDAES, UNSAM, Observatorio de adolescentes y jóvenes del IIGG-UBA, Pastoral de Migraciones de San Martín de los Andes, Programa Todas de la Dirección General de la Mujer de CABA, Programa Acompañamiento Migrante/INTEGRAR, Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas Públicas, Red de Inmigrantes Latinoamericanos, Trabajadores Migrantes CTA, Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba (UCIC).

* Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA); Maestranda en Comunicación y Cultura (FSOC-UBA); Becaria en Formación en Investigaciones Estratégicas (UBA), docente en Teorías y Prácticas de la Comunicación II. Investigadora y autora de Los indeseables. La ley de Residencia y la ley de Defensa Social. Buenos Aires, Editorial Madreselva.

* La nota contiene lenguaje inclusivo por decisión de la autora.