No es sólo Comodoro Py: la persecución política a través de la Justicia en Corrientes

Por Diego Kenis

La localidad correntina de Bella Vista atestiguó, a mediados de febrero pasado, el nacimiento de un Foro por el cese de la persecución judicial que, denuncia el nuevo organismo, existe en la provincia litoraleña. Detrás, analizan, se encuentra el maridaje entre magistrados, medios de comunicación y el gobierno provincial, a cargo de Gustavo Valdés, radical de Cambiemos.

Ya en su primer encuentro, el Foro abordó varios casos de detenciones arbitrarias y acusaciones infundadas por parte de la Justicia correntina. Uno de ellos, el del periodista y exconcejal Ariel Pereira  (foto), motivó en la primera semana de marzo la presentación del gobierno nacional como amicus curiae ante la Corte Suprema, que deberá estudiar las irregularidades en la tramitación de la causa.

Junto a su sueldo como edil, a Pereira se le abonó un adicional mensual de 238 pesos por un título universitario que no posee. Ese error administrativo menor –difícil de percibir en el bolsillo de quien cobra- le valió una condena de dos años de prisión efectiva, que ya cumple, e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. La inhabilitación eterna por un total de 4200 pesos, que Pereira nunca pidió. Por el contrario, había presentado documentación donde constaban las materias que adeudaba para concluir la carrera de Relaciones Laborales. 

La claridad del caso ilustra el panorama considerado por el Foro al decidir su constitución. Para ampliarlo, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Ricardo Vassel, uno de los integrantes del organismo. Vassel, exfuncionario municipal de Derechos Humanos en Paso de los Libres, tiene una trayectoria reconocida en su provincia. Militante de la Juventud Peronista en los ’70, es un sobreviviente del terrorismo de Estado, fue testigo en la causa por la masacre de Margarita Belén y dedicó los años posteriores al regreso de la democracia a la lucha por los derechos humanos y su trabajo docente como profesor de educación física.

AGENCIA PACO URONDO: El objetivo general del Foro queda en claro en su mismo nombre: lograr el cese de la persecución judicial por razones políticas en la provincia. ¿Podría ampliarnos el diagnóstico? ¿Qué formas toma esa persecución judicial en Corrientes?

Ricardo Vassel: La misma que en la Justicia federal, relacionada principalmente con Comodoro Py: lawfare. Mucha difusión por los medios cooptados con el dinero de la pauta publicitaria en contra del elegido para ser destruido políticamente. Siempre son militantes políticos de distintos rangos, opositores, contestatarios al gobierno provincial de turno. Aquellos que luego de amenazas de algún carpetazo se avienen a las pretensiones impuestas, dejan de ser perseguidos, aunque queda la carpeta y cada vez que intentan alguna rebeldía les recuerdan que la tienen.

APU: ¿Cuáles son los casos más trascendentes, urgentes o ilustrativos de la persecución judicial denunciada?

RV: Hoy día, ha tomado mayor difusión el caso del periodista y exconcejal de Goya Ariel Pereira, que por un error administrativo municipal, y sin antecedentes penales, fue condenado a dos años de prisión efectiva. También la situación del exintendente de Perugorría (NdR: por Jorge Corona y su pareja, Angelina Lesieux, en una mediática causa por presuntos hechos de corrupción).

Además, habría exfuncionarios peronistas que por ahora están con temor de exponer públicamente sus casos para que no se profundice la persecución. El terrorismo de Estado esta vez no va de mano de las fuerzas armadas: va de la mano de algunos jueces y muchos medios de difusión que no quieren quedar a fuera de la repartija de las pautas publicitarias estatales.

APU: ¿Qué responsabilidades cabrían al gobierno provincial y al que a nivel nacional encabezó Mauricio Macri, en este escenario? ¿Y a los intendentes o referentes políticos de cada municipio?

RV: Entiendo que la postura del gobierno de Macri, presionando públicamente a la justicia federal, hace que hacia adentro del país los gobernadores se animen a más y miren para otro lado el accionar de algunos jueces. Por debajo, el rumor es que manipulan a aquellos que fueron designados como jueces, que vienen de ser funcionarios, concejales, diputados o senadores provinciales de ECO-Cambiemos, y que han sido “probados” en su fidelidad a los mandantes, que según el Derecho significa “persona que confía a otra su representación o la gestión de sus negocios”. Pocas veces hay una definición tan clara y representativa para el caso. ECO-Cambiemos tiene mayoría en ambas cámaras provinciales, lo que dificulta cualquier intento de juicio político a un funcionario de la Justicia que se haya descarriado.

APU: En la constitución del Foro se observa participación de diferentes pueblos y ciudades de la provincia. ¿Cómo han logrado esa representación federal y de qué modo se proponen sostenerla?

RV: Por suerte, en la provincia se han venido desarrollando los organismos de derechos humanos en estos últimos años, todos comprometidos con una sociedad más justa e igualitaria, donde las reglas democráticas sean respetadas, y los derechos humanos sean ejercidos en plenitud. Asimismo, hay departamentos que no participaron en la reunión de fundación del Foro pero que han hecho saber de su interés en participar. Lo vamos a sostener con acciones concretas en defensa de las libertades constitucionales y participación activa en nuestras comunidades. Enfrentamos al poder político y es una lucha que seguramente será intensa. El Foro dejará de tener sentido el día que los tres poderes del Estado provincial cumplan cabalmente con las leyes.

APU: ¿Han tenido contacto con experiencias similares en otras provincias?

RV: Por ahora no, pero seguramente con el correr del tiempo lo haremos, pues sabemos que hay provincias como Jujuy donde sucede lo mismo, aunque más descaradamente, después de que el ahora expresidente de la Suprema Corte de Justicia (NdR: Pablo Baca, de licencia y en proceso de juicio político) dijera en audios que el gobernador (Gerardo) Morales no la quería libre a Milagro (Sala) por las manifestaciones en su contra que podía generar.

APU: ¿Cuáles son los primeros objetivos específicos que se ha trazado el Foro?

RV: Dar a conocer a todos los correntinos la existencia y situación de los presos políticos en Goya y Curuzú Cuatiá. Como así también el estado de las causas.

APU: Además del impacto sobre las personas que sufren la persecución, sus familiares y grupos de militancia, ¿cómo estiman que afecta esto a las comunidades correntinas y su relación con la participación política?

RV: Como decía anteriormente, cuando el Estado te acorrala judicialmente, en todos los estamentos, desde el juez de instrucción hasta el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, el miedo aparece y muchos que quieren participar en política no lo hacen, y mucho menos si no pertenecen al partido o coalición gobernante. Obviamente, así lo que baja es la calidad institucional de la provincia.