Policías y pandemia: una polémica en dos frentes

Foto Daniela Moran

Por Mariano Pacheco

La cuarentena generalizada y obligatoria, decretada por el gobierno nacional en función de “priorizar la seguridad del conjunto de la población”, según argumentó el presidente Alberto Fernández, trajo aparejada la obvia decisión de garantizar, por parte del Estado, que esa medida se efectivizara. Por algo en las ciencias sociales suele citarse hasta el cansancio la frase de Max Weber, que sostiene que es el Estado quien concentra “el uso legítimo de la fuerza”. Entonces, las fuerzas policiales, destinadas a garantizar “la ley y el orden”, se despliegan en todo el territorio nacional.

Hasta aquí, la explicación lógico-racional. “En teoría”, como se dice popularmente. ¿Pero qué ocurre cuando se inscribe una argumentación lógico-racional en su geohistoricidad? Sucede que las cosas, al fin y al cabo, no son como se supone que deberían ser (dejamos de lado, aquí, una discusión que por lateral no deja de ser profunda y necesaria, acerca del carácter de aparato de dominación de todo Estado, incluso de aquellas gestiones progresistas, más aún: incluso de todo gobierno popular y hasta de orientación socialista).

Entonces las fuerzas de seguridad en 2020 salen a patrullar las calles de la Argentina y en poco tiempo los videos con imágenes de abuso policial se multiplican por aquí y por allá, y se encienden las luces de alerta. No es para menos, si se tiene en cuenta que las policías en la posdictadura de algún modo fueron quienes se dedicaron a hacer con los jóvenes de la clase trabajadora y los sectores populares, en una suerte de “guerra de baja intensidad”, aquello que los militares hicieron con las militancias políticas durante la última dictadura de manera generalizada. Por supuesto, pueden entenderse estos casos contemporáneos de violación de los derechos humanos como casos de excepción, pero debería atenderse no sólo a las cifras anuales de asesinatos, torturas, detenciones ilegales realizadas por las policías (que son muy altas) sino también a su formación.

Por eso resulta fundamental asumir que, si no existe un riguroso control civil, político, sobre el proceder de las fuerzas de seguridad, lo más probable es que se desaten por parte de éstas casos generalizados de violación de los derechos más elementales de la población.

Puede sospecharse que hay motivos aún más profundos en el proceder de las policías que aquellos que de algún modo circulan en la doxa. La lógica diría: en las grandes ciudades, sobre todo en los conurbanos, muchas personas pobres viven en condiciones de hacinamiento. Ergo: se intenta justificar a quienes violan la cuarentena, y se entiende que sobre esa violación de la ley actúan las fuerzas de seguridad, pero en lugar de hacerlo “de derecho”, cometen “excesos de hecho”.

Pero resulta que la situación parece ser mucho más complicada. Obviamente lo antedicho sucede, pero la proliferación de videos, y de relatos que circulan mostrando los abusos policiales dan cuenta de que, con “la cancha libre”, las policías no sólo cometen excesos mientras intentan hacer que se cumpla la ley, sino que violan sus propios protocolos en actos que ni siquiera se justifican desde la lógica de búsqueda de garantizar la ley.

A los numerosos casos de videos que han circulado por redes sociales, en los que puede verse a efectivos policiales deteniendo y “verdugueando” a distintas personas que circulan por ciudades del país que iban o regresaban del kiosco, del cajero automático, de llevar alimentos a un familiar mayor, se suman otros, aún más graves, como el sucedido el martes 31 de marzo en la localidad cordobesa de Alta Gracia, cuando la policía directamente ingresó a un domicilio para detener a un joven “que habían visto circular por la calle”. En el allanamiento ilegal los efectivos golpearon a varios familiares del muchacho antes de llevárselo preso.

Mariela Díaz, referente de la OLP e integrante de Los Encuentros de Feminismo Popular de la provincia de Córdoba –consultada por este cronista-- reflexionó al respecto:

“El abuso policial siempre fue moneda corriente para los sectores populares de Córdoba y esta emergencia agudiza aún más la represión que se sufre en los barrios. Represión que tiene un fuerte componente de clase, que se evidencia en tanto las fuerzas de seguridad no entran a tirar tiros al aire a cualquier barrio privado o de clase media, sino a los barrios populares, a los que el poder les otorga la venia para amedrentar, sobre quienes el Estado despliega el monopolio de la fuerza. La situación en las cárceles también es otra de las preocupaciones que se viven en los barrios, dónde se piensa en madres, padres, hijos, hermanos y parejas privadxs de su libertad que no tienen sentencia, o que están detenidxs por delitos excarcelables pero que por no contar con los medios económicos para pagar un abogado, tienen que quedar encerradxs y apartadxs de su núcleo familiar. La falla no es solo de la policía, sino el sistema judicial, que destina grandes proporciones de recursos para ´combatir´ los delitos contra la propiedad privada, pero muy pocos para atender casos de violencia de género o abuso de niños y niñas”.

El de los pequeños poblados donde es prácticamente ridículo sostener la presencia policial para garantizar la cuarentena es otro de los caos emblemáticos de lo que acontece en estos días. Es más, en algunos lugares hasta está resultando contraproducente, como en Villa de Soto, donde se insiste que la gente quede adentro de sus casas cuando en algunos lugares necesitan sostener una dinámica que no pondría en riesgo de contagio a mucha gente que, sin embargo, podría agilizar labores que permitan una mayor capacidad de producir alimentos para enfrentar la crisis, como señala Juan Herrero, dirigente del Movimiento Campesino de Córdoba, quien nos cuenta asimismo que, cada día, a las ocho de la noche, hacen sonar la sirena de los bomberos del lugar, y comienza una suerte de toque de queda.

Desde la Patagonia, el docente e investigador universitario Ariel Petruccelli también nos relata que allí donde se encuentra (Mallín, Bariloche), la situación de cuarentena rigurosamente vigilada por la policía está trayendo numerosos e innecesarios problemas a la población, ya que comenzaron las heladas por las noche, el alimento escasea y ha comenzado la época en que los pobladores del lugar acopian leña y realizan las últimas changas de la temporada, dos actividades prohibidas que han dejado a mucha gente sin dinero para comprar leña y sin posibilidades de salir a buscarla. “Se está quebrando asimismo la solidaridad horizontal que suele haber en este lugar, porque la policía controla que no viajen más de dos personas por vehículo y no todo el mundo aquí tiene como trasladarse”, explica Petruccelli, quien aclara que el almacén más cerca de su manzana está a 6 kilómetros de distancia. Y agrega: “los organismos de derechos humanos de la región vienen alertando a las autoridades sobre la situación, pero tampoco los municipios cuentan con la infraestructura necesaria para abordar, por ejemplo, el reparto de comida en zonas donde las distancias son muy grandes, y la movilidad oficial, extremadamente reducida (una sola camioneta de Desarrollo social en algunos municipios). También allí a las ocho de la noche suenan las sirenas y se ponen en marcha dispositivos de control riguroso.

Son casos que ejemplifican que ni siquiera las fuerzas de seguridad cometen abusos pensando en evitar posibles desbordes sociales (tampoco estaría justificado, obviamente, pero tendría al menos alguna “lógica”). Lo que está de fondo es algo más profundo: es la impunidad de creer que pueden hacer lo que quieren sin padecer consecuencias; es un goce ante el dolor de los demás.

Uno de los problemas de legitimar las lógicas de temor y control, y abuso, es que legitiman e incitan las dinámicas civiles de microfascismo. Se pasa del consentimiento disimulado al apoyo abierto, y también, al ejercicio efectivo de una violencia horizontal que se acopla a la violencia vertical ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado: es la famosa “vecinocracia” de la que viene hablando el investigador Esteban Rodríguez Alzueta, a quien hemos consultado, con el afán de continuar abriendo discusiones en torno a cómo abordar estas problemáticas: “En la provincia de Buenos Aires estamos asistiendo a una suerte de policiamiento de la cuarentena. Lo cual es un problema, porque las policías que tenemos no están entrenadas para el diálogo y la persuasión sino para la desconfianza y la confrontación, no están formadas para ponerse en el lugar del otro sino para que el otro se acomode a su posición. De modo que no siempre se puede esperar de la policía comprensión. Encuentran en este contexto las condiciones perfectas para hacer lo que les gusta hacer: imponer orden y, de esa manera, certificar la autoridad que se arrogan. Si esto sucede ahora, nos preguntamos qué pasará si el día de mañana se llega a declarar el toque de queda y el estado de sitio, es decir, no queremos imaginarnos las cosas que podrán hacer muchos policías si tienen ampliadas sus facultades. No se nos escapa que la policía no es un bloque unidimensional, que los policías no viven a la policía de la misma manera. Pero también es cierto que cuando hablamos de la policía estamos pensando en sus prácticas rutinarias, en los modos de actuar y hablar enmarcados en rituales más o menos informales. Esas prácticas no están hechas precisamente de buenos modales sino de mucho maltrato y destrato. Entonces, dudamos que a la policía se la pueda resetear de un día para el otro. Por eso, entregarle a esta policía este poder es un gran problema para las libertades ciudadanas, y puede agregarle más intranquilidad, meterle más presión a los actores más pobres, sobre todos a aquellos que encuentran en el espacio público un campo de vitalidad”.

El afán de intervención en el ámbito de la opinión pública se ha multiplicado con la cuarentena. Entre otros, especialistas de las ciencias sociales han comenzado a poner en circulación sus miradas y, con algunas de sus intervenciones, se ha desatado la polémica respecto del componente ético, y de responsabilidad política, que las intervenciones académicas tienen –o deberían tener-- en la vida nacional. El caso más emblemático fue el de Gabriela Seghezzo y Nicolás Dallorso, dos investigadores del CONICET que coordinan el Observatorio de Seguridad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), publicada por el diario Página/12 el sábado 28 de marzo. En dicho texto, titulado “Elogio a la policía del cuidado”, se argumenta que el aislamiento obligatorio por la pandemia es una situación excepcional que ha permitido visibilizar que la labor cotidiana de las policías en este contexto se asemeja más “a las tareas de cuidado que a las de una persecución y represión penal”.

Entre otros de quienes salieron al cruce de estas opiniones fue Ignacio Saffarano, quien en su texto “Miserias de la investigación”, publicado en la Revista Espartaco, sostiene: “Parece que se trata de recurrir a ´los que saben´ para darle de comer al público habitual de Página 12; para engrosar el menú de argumentos progresistas para explicar por qué ahora la Policía (y la Gendarmería y el Ejército) nos cuidan de verdad, aunque hasta hace apenas dos semanas eran los actores fundamentales del delito organizado. Apelar a investigadorxs del CONICET no debe ser mera casualidad. A la mayoría de quienes leen Página 12, el discurso bélico del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni frente a la Policía bonaerense seguramente le haya parecido un exceso. ¿Qué mejor entonces, que recurrir a docentes universitarios e investigadores de instituciones de prestigio para que repitan lo mismo que el castrense ministro, pero con la fraseología del progresismo?”.

En otro artículo (“Normas, controles y cuidados”), publicado en el portal Lobo suelto, Sebastián Stavisky reflexiona sobre el rol actual de las y los cientistas sociales, y asegura que una función fundamental que podrían jugar sería la de “poner en cuestión” el uso, tanto mediático como gubernamental, de las metáforas bélicas para el abordaje de un problema que es, ante todo, atribución del ministerio de salud, antes que del de seguridad o defensa, y analizar los potenciales efectos que tales formas de elaboración de la situación actual puedan producir en la ruptura del lazo social”.