"Fue claramente un secuestro por decisión y obra de los gendarmes"

Foto Daniela Morán 

APU: ¿Cuáles fueron los hechos que están denunciando contra efectivos de Gendarmería en el Barrio La Cava?

Gastón Fernández: Más que denuncia lo que iniciamos fue un pedido de habeas corpus colectivo porque la denuncia ya la había hecho la propia Gendarmería contra los vecinos del barrio. O sea, no teníamos posibilidad de volver a denunciar el mismo hecho. Esto fue en el marco del operativo de control urbano por la pandemia, gendarmería se acercó a una casa en el barrio Laneyen, donde se encontraba un grupo de vecinos juntos, dentro de las casas, hay una versión cruzada donde la gendarmería dice que en reiteradas ocasiones intentó disuadir esa reunión y los vecinos dicen que llegó de forma violenta. Lo que coinciden estas dos declaraciones es en que la gendarmería entra a la vivienda de forma muy violenta y comienza a disparar. Esos disparos hieren en las piernas y en la espalda a una nena de siete años, a una chica de dieciocho con una bala de plomo en la pierna. A esta chica aparte del balazo la golpean y la llevan a otro ambiente de la casa donde le arrancan la ropa, gendarmes hombres, la humillan, la insultan.

Se dan corridas en la calle, se refuerza la gendarmería, llega a haber, hasta el momento comprobado por el Ministerio más de 35 gendarmes en el supuesto operativo donde se da un tiroteo para todos lados, hieren en la cabeza a una chica de entre 27 o 28 años en la perdigonada, por suerte fuera del alcance letal de la escopeta. Ella fue internada, le retiraron los perdigones y está de vuelta en su casa con tratamiento ambulatorio. A la chica de 18 años también tuvieron que trasladarla al hospital con un disparo de plomo en la pierna. En principio hay dos detenciones, digo en principio porque descubrimos que no fueron legales, suben a un chico de 28 años y a un menor de 15, son los denunciantes, sabemos que puede haber más, pero estos son los dos denunciantes, los subieron a una trafic oscura. Al principio no sabían dónde fueron trasladados, después se supo que los llevaron al destacamento que tiene instalado gendarmería en el campo uno de deportes de San Isidro.

APU: Hubo simulacro de fusilamiento...

GF: Y más, los encierran en los cubículos del baño, lo usan como celda. Al menor lo atan a una reja de una ventana, lo desnudan, lo amenazan con violarlo y con el palo le juegan en el ano. Esto genera una situación de griterío entre los demás secuestrados, digámosle secuestrados porque no hay detenciones de esta manera.

Además nunca se pasó a fiscalía, fue claramente un secuestro por decisión y obra de los gendarmes. Ahí los hacen arrodillar en el piso y hacen el simulacro de fusilamiento, esto lo atestigua uno sobre el otro. Los denunciantes son personas que no tiene relación entre sí. Atestiguan cómo los iban a fusilar a uno y luego a sí mismo, los dos cruzan la información, las golpizas son terribles, están desfigurados, el mayor tiene una fisura en la base del cráneo y en la mandíbula.

De ese lugar los liberan casi diez horas después, con un grado de impunidad que luego las personas reconocen el lugar donde estuvieron supuestamente detenidas o secuestradas. Les dicen que no va a haber papel, le rompen el acta de detención y los amenazan que si hay denuncias sobre esto los van a matar. Pasaron casi dos días sin atención médica porque ahí no llegan las ambulancias.

También hay versiones que dicen que la gendarmería no lo permitía, pero no puedo afirmarlo. Hay un cruce de dichos donde la verdad es que ninguno de ellos tuvo atención médica. La atención llega después de la intervención nuestra, los llevamos al hospital con coches particulares, con compañeros del barrio. Nosotros tenemos un trabajo en esa zona del barrio desde hace muchos años, hay merendero, comedor y unidad básica, entonces en mi función de Concejal nos conocemos con los vecinos.

APU: ¿Conocían territorialmente la situación de los barrios?

 GF: Si, sabemos quiénes son las familias, y hechos como este los habíamos escuchado veces anteriores. Algo para resaltar es que, si bien denunciamos la represión por supuesto, denunciamos la violencia ejercida en ese momento, nos interesa sobremanera investigar el modus operandi de la gendarmería.

APU: ¿Este tipo de accionar les remite a delitos de la última dictadura militar?

GF: Absolutamente, los testimonios son mucho más fuertes de lo que cuento. Además, en nuestro caso tenemos una práctica en la lectura de las declaraciones de sobrevivientes porque, por ejemplo, Virginia, mi compañera que se hizo parte de esta denuncia desde el primer momento, es la responsable del merendero, ex detenida desaparecida de la ESMA y militante de HIJOS y sabemos de qué hablamos.  

APU: ¿Cuál fue la reacción del Ministerio de Seguridad después de haberse conocido estos hechos?

GF: No hay nada de suerte en esto, pero que haya pasado en este Gobierno nos tranquilizó mucho, principalmente por la reacción, tanto del Ministerio de Seguridad como de la Secretaría de DDHH. La Ministra puso gente a disposición que se comunican conmigo de manera permanente y están trabajando rápidamente en los hechos. Lo primero que se hizo desde el minuto cero de la presentación del informe fue pasar a todos los gendarmes a tareas administrativas sin armamento fuera del radio de San Isidro. O sea, los desafectaron de las funciones en tanto empezaba la investigación. Hoy hay sumarios administrativos y una investigación en marcha y se están trabajando alternativas también para brindarle seguridad al barrio.

Desde los años 2005/06 se incorporaron fuerzas federales a la custodia del barrio por la complicidad entre las bandas narco y la PBA que era insostenible. Había denuncias permanentes, ataques cruzado por parte de la policía con las bandas. Era insostenible la vida del barrio. Por eso se incorporaron las fuerzas nacionales para desactivar ese trabajo que se logró con el tiempo. Hubo buenos resultados y hay un muy buen recuerdo de parte de los vecinos de esto. Ahora, lo que hacen estos casos también es romper la confianza, el tejido social, entre el Estado y los vecinos, y lejos de ayudar complican.

APU: En estas semanas de aislamiento preventivo y obligatorio hubo múltiples denuncias sobre abusos policiales de las fuerzas de seguridad, algunas federales, provinciales o locales, y sumamos ahora este caso por la gravedad de los delitos ¿qué lectura hace sobre la correlación que ha generado el aislamiento en relación a abuso de poder?

GF: Creo que el aislamiento, la pandemia, sacó un problema a la luz. Considero que dentro de los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina hubo un esfuerzo muy grande del Estado, del Gobierno y de los Organismos de DDHH y de la sociedad en general en un cambio cultural para con las fuerzas de seguridad y que se estaba logrando, que había un control efectivo y se avanzaba de manera permanente.

Los cuatro años de macrismo dieron rienda suelta, principalmente, a la gendarmería y a la prefectura. Hubo un cambio de paradigma de las fuerzas de seguridad en Argentina y se retrocedió mucho. Creo que no llegamos a trabajar sobre esto, desde el gobierno no se llegó por los tiempos naturales, el poco tiempo que lleva de gestión y ahora atravesados por la pandemia, las prioridades tuvieron que empezar por otro lado y se desbordaron.

Falta control ciudadano y faltan políticas que modifiquen estos lamentables cuatro años que pasamos en materia de seguridad. Hoy los ministerios de Seguridad, el de Justicia y la Secretaría de DDHH están enfocados en recuperar la confianza de los ciudadanos en las Fuerzas de Seguridad. Creo que el objetivo es ese, pero hubo una política a mi entender errada, una política represiva. Y en el caso puntual de San Isidro, acompañado por un discurso político local, no es casual el slogan de que San Isidro es distinto, cualquier cosa que se corra del marco está habilitado a ser reprimido y con la falta de control y las políticas de seguridad y la doctrina Chocobar, llegamos a situaciones como estas.