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"Reestructurar la deuda privada de Argentina es esencial"
Por Joseph E. Stiglitz , Edmund S. Phelps, Carmen M. Reinhart*
La pandemia del COVID-19 ha empujado a la humanidad hacia la peor recesión global del tiempo moderno. Las presiones sobre finanzas públicas se han vuelto enormes, particularmente en países en desarrollo que ya estaban muy endeudados.
El Banco Mundial, el FMI y la ONU han lanzado varias iniciativas para aliviar la carga de la deuda externa en esta extraordinaria situación. Como primer paso, los países del G20 acordaron otorgar una moratoria sobre la deuda bilateral oficial de las 76 economías más pobres del mundo.
Este momento plantea la prueba definitiva de la arquitectura financiera internacional. “Sustentabilidad” es un término que ahora es omnipresente en finanzas e inversiones globales, y por una buena razón. Los principios que encarna – como en los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU – hablan para construir un mundo mejor. Y esos principios son profundamente relevantes cuando se trata de la deuda soberana de los países en desarrollo con dificultad.
En el contexto de esta emergencia global, Argentina encabeza su proceso de reestructuración de la deuda externa de manera constructiva, de buena fe, y con el apoyo de todos los sectores políticos nacionales. Desde 2016, cuando el país recuperó el acceso a los mercados internacionales, los acreedores externos apostaron a la adquisición de deuda por medio de bonos, medida solo compatible con tasas de crecimiento extremadamente robustas que no se materializaron. En febrero, antes de que la crisis del COVID-19 se agudizara, el FMI concluyó que la deuda pública de Argentina es “insostenible”. Hay consenso en que es inabordable, con intereses duplicados como parte de los ingresos del gobierno. Para ser francos, el costo de refinanciamiento se ha vuelto excesivamente alto.
Una renegociación implica el compromiso de todas las partes. Argentina ha presentado a sus acreedores privados una oferta responsable que refleje adecuadamente la capacidad de pago del país: un período de tres años con un recorte menor en capital y un recorte significativo en intereses. La propuesta está en línea con el análisis técnico del FMI, que establece que se necesitará un alivio sustancial de la deuda de los acreedores privados de Argentina para reestablecer con altas probabilidades la sostenibilidad de la deuda.
El alivio de la deuda es la única manera de combatir la pandemia y establecer la economía en un sentido sostenible. Antes de la crisis, el Banco Mundial estimó que la pobreza urbana de Argentina era del 35.5% y la pobreza infantil de un 52.3%. La ONU ahora considera el impacto del shock en el país como uno de los peores en la región, con el FMI proyectando una contracción del 5.7% en el PBI en 2020.
Se les solicitó a los acreedores que redujeran el flujo de ingresos per recibirían razonables tasas de interés en el futuro. Argentina ha ratificado su predisposición a pagar la deuda reestructurada, precisamente porque será factible con la nueva tasa de interés propuesta. Sólo una economía que crece de manera sostenible puede cumplir con sus compromisos financieros a tiempo.
La diferencia en el tratamiento entre capital e intereses es diseñada precisamente para aliviar la carga del servicio de la deuda, mientras los países pelean contra el COVID-19 y trabajan para restaurar el crecimiento. En efecto, la reducción del promedio de bonos ofrecido por Argentina (de un promedio actual del 7% al 2.3%) es razonable, dada la situación actual de las tasas de interés global.
En este momento excepcional, la propuesta de Argentina incluso presenta una oportunidad para la comunidad financiera internacional de demostrar que pueden resolver crisis de deuda soberana, de forma ordenada, eficiente y sostenible. La ausencia de un marco de referencia legal internacional para reestructurar deudas externas no debería privar a los países endeudados de la posibilidad de proteger su gente y proveerles una recuperación económica durante la mayor crisis global de nuestra memoria.
Creemos que un acuerdo sustentable beneficia a ambas partes: una lucha económica con 45 millones de personas y a los acreedores mismos. Ahora es el momento de que los acreedores privados actúen de buena fe. Una solución responsable dejará un precedente positivo, no sólo para Argentina, sino para todo el sistema financiero internacional.
