“Nadie se salva solo”: la emergencia poblacional migrante
Por Gabriela Costanzo* y Natalia Debandi**
Desde su formación en diciembre de 2019, el Espacio Agenda Migrante, conformado por más de 100 organizaciones de migrantes, de derechos humanos e instituciones académicas, que coinciden en la necesidad de tratar los temas relativos a las migraciones de manera integral e incidiendo en el diseño de las políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos, vienen trabajando en las problemáticas que enfrentan les migrantes, refugiades y personas con necesidades de protección internacional en nuestro país. Entre las más preocupantes estaban las deportaciones indiscriminadas producto del decreto 70/2017 de la gestión del Pro-Cambiemos que genera un mecanismo express de expulsión, sin juicio previo, en conflicto con lo establecido por la Ley de Migraciones Nº 25.871; y las dificultades en los accesos y las demoras en trámites migratorios que se convirtieron en desigualdades sociales, al impedir el acceso a un trabajo formal o la posibilidad de pedir ayuda social como la AUH, entre otros.
A las deudas sociales, políticas y económicas con la población migrante, se les sumó el impacto de la pandemia en la Argentina. A partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio, vigente desde el 20 de marzo de 2020, a fin de proteger la salud pública para todas las personas que habitan en el país, en conjunto con el cierre de fronteras internacionales, provinciales y locales y la imposibilidad de la movilidad geográfica en general se abrió un escenario inédito para las poblaciones migrantes.
En 9 de abril la Agenda Migrante, a través de redes sociales y WhatsApp, lanzó una consulta sobre la “Situación de la población migrante/extranjera residente en Argentina ante el avance del coronavirus” para conocer información de primera mano de la situación de les migrantes en contexto de pandemia, que fue respondida por 1.266 personas. Desde este mismo espacio ya se había dado cuenta en diciembre pasado[1] de la situación de precariedad en, por ejemplo, la informalidad laboral y falta de acceso a la documentación en la que muches migrantes se encontraban. Les referentes de organizaciones sociales y políticas comenzaron a denunciar el incremento de la vulnerabilidad que muchos comenzaban a vivir:
“El problema es que ya hace más de un mes y hay chicos que ya no pueden resistir. De la comunidad hay más de 90 personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Los chicos que estaban trabajando perdieron sus trabajos, trabajaban en supermercados y restaurantes chinos y ya no trabajan más. También hay muchos estudiantes, muchos tienen dificultades. No pueden cursar en línea, no tienen wifi, no tienen computadora ni pueden enviar los trabajos” (Jackson, referente comunidad haitiana en Buenos Aires).
El aislamiento obligatorio ha llevado a muches migrantes a no contar con ningún medio de subsistencia, según los datos recolectados, el 58% de las personas migrantes han dejado de trabajar y percibir un ingreso. Por el otro lado, son también frecuentemente migrantes quienes realizan los trabajos que hoy se ven más expuestos al contagio y que facilitan que otra parte de la población logre cumplir correctamente el aislamiento: servicios de envío, cajeros y vendedores en comercios de alimentos, tareas de cuidado y personal médico, en la mayor parte de los casos en condiciones laborales precarias y sin los controles sanitarios adecuados.
El IFE no es para todes
La máxima de #Quedateencasa no contempló que algunos sectores de la población argentina no están en condiciones de poder cumplir la cuarentena.
En la línea de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se dispuso, mediante el DNU Nro. 310/2020, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Este consta de dos bonos por el valor de 10 mil pesos que debía entregarse en el mes de abril (aunque el ANSES comenzó a pagar la primera cuota en mayo) y está destinado a personas que han perdido su fuente de ingresos a raíz de las medidas del aislamiento.
“Entre los problemas que genera la pandemia entre las y los migrantes, estamos viendo las grades dificultades de quienes no pueden acceder a los beneficios que está otorgando el gobierno por no tener el documento nacional de identidad, ya que con una precaria (tipo de constancia de residencia provisoria) no se puede acceder a ellos” (Zulema Montero, referente del Bloque de Trabajadorxs Migrantes[G1] ),
Desde diversos actores sociales, incluida la Agenda Migrante, se cuestionó los criterios de acceso al IFE: la exigencia de tener un mínimo de dos años de residencia “legal” en el país y la necesidad de acreditar una situación migratoria regular (DNI mediante) deja a muches migrantes aislados y sin ningún tipo de ayuda. Entonces, no pueden trabajar a raíz del aislamiento obligatorio y, a la vez, se les niega la ayuda económica que podría aliviar, por ejemplo, el pago de los alimentos.
Según el relevamiento sólo el 6% de les migrantes pudo obtener el IFE, mientras que al 33% le fue denegado y el 47% no pudo registrarse. Esta situación, así como la precariedad económica y social se ve exacerbada para aquellos que tienen menos de dos años en el país. Pero lo cierto es que en muchas ocasiones el IFE fue rechazado aún cuando las personas cumplían todas las condiciones:
“Hemos visto que en el acceso al IFE, muchas y muchos migrantes no accedieron aun cumpliendo los requisitos” (Doris Quispe, referente de la Campaña Migrar no es delito).
Fuente: Resultados de la consulta: “SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE/EXTRANJERA EN ARGENTINA ANTE EL AVANCE DEL CORONAVIRUS”.
Les migrantes sienten que no fueron tenidos en cuenta en ningún momento, no sólo no se les habilitaron las ayudas sociales, sino que no podían hasta hace unos días solicitar el permiso de circulación con la precaria. Desde el gobierno no se han habilitado canales de diálogo con las organizaciones y colectivos de migrantes y cada vez la situación se hace más insostenible.
Frente a esta situación extrema muches migrantes se han visto obligades a salir a trabajar sin contar con los permisos de circulación o, incluso, algunes con permisos son víctimas frecuentes de violencia y amedrentamiento por parte de las fuerzas de seguridad.
Vivienda
Una de las mayores preocupaciones de les migrantes es la vivienda. Muches han logrado pagar el alquiler del mes de abril con lo que tenían de ahorros, pero ya no podrán seguir afrontando los nuevos pagos. Según los resultados del relevamiento, el 28% ya experimentó problemas con su alquiler desde que se inició el aislamiento: aumentos de precio, anulación o falta de renovación de contratos (en su mayoría informales) y hasta desalojos.
Según Doris Quispe, “hemos denunciado la necesidad de las personas en el barrio 1-11-14, una es la alimentaria; otro el tema de la salud […]. Luego, el tema habitacional, vemos que ahora que con la falta de ingresos, los que trabajaban de forma informal lo dejaron de percibir, llegan muchos mensajes preguntando qué pueden hacer en el caso de que los desalojen”.
La situación de las familias es muy angustiante, algunas no tienen qué comer y dependen de la solidaridad de sus comunidades y redes locales cuando hasta hace poco tiempo atrás estaban acostumbradas a trabajar diariamente cubriendo sus necesidades. La mayor parte de las personas consultadas no recibe ninguna ayuda de parte del Estado (81%) y otras que solían recibir apoyo de sus familias, especialmente el caso de algunes jóvenes estudiantes, han tenido dificultades para lograrlo desde que inició el aislamiento (63%).
Las tramas y redes migrantes
Ante la falta de ayuda estatal, se comenzaron a generar campañas de solidaridad y ayuda en la comunidad migrante. Las organizaciones, con el solo esfuerzo de sus miembros, comenzaron a armar bolsones de comida y kits de limpieza para distribuir a quienes necesitan. La frase “nadie se salva solo” adquiera una potencia colectiva enorme entre quienes saben, históricamente, que necesitan autogestionarse para sostener sus derechos, incluso los básicos como la vivienda y la comida. Los referentes migrantes reciben llamados y pedidos de ayuda a toda hora, en todo momento. Nunca alcanza, siempre falta, dicen.
En las campañas en las redes sociales y grupos de chats, se multiplican los pedidos de ayuda, bajo los hashtags, #Regularizaciónya, #IFEparaTodes, #CuarentenaConDerechoParaTodes, #TrabajarEsUnDerecho, etc., que buscan la solidaridad del resto de la sociedad a través de la visibilidad de la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran.
En base a una de las preguntas de la consulta realizada por la Agenda Migrante se pudo constatar, mediante una nube de palabras, el pedido de ayuda de la población migrante en plena pandemia.
Fuente: Elaborado en base a las respuestas a la pregunta Nº 42. Nube de palabras realizada con la librería WordCloud de R a partir de los comentarios libres ingresados por los propios migrantes en la consulta.
Los argumentos sociales, políticos, humanitarios y jurídicos sobran para lograr la inclusión de la población migrante en las medidas que se tomen desde el Estado con el objetivo de garantizar su integridad y bienestar durante la pandemia.
Desde nuestra Constitución nacional se plantea el concepto de habitante y desde distintos tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional se define la categoría de persona para proteger y garantizar el acceso a derechos de los extranjeros, en igualdad de condiciones que los nacionales e independientemente de su situación migratoria. Sin embargo, las consecuencias de la pandemia siguen siendo más graves para las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema, en este caso les migrantes.
El Espacio Agenda Migrante plantea que “la única vía para poder superar esta crisis mundial, de magnitud y proporciones sin precedentes, es que no se rompa la cadena de solidaridad al interior de los entramados sociales y se garantice la igualdad de acceso a los mecanismos de protección social y a las ayudas humanitarias para hacer frente al aislamiento”.
Es por ello que una pronta respuesta y acción por parte del gobierno es necesaria y urgente, porque ante la pandemia, nadie se salva solo.
Nota de APU: Esta nota contiene lenguaje inclusivo por decisión de sus autoras
*Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA); Maestranda en Comunicación y Cultura (FSOC-UBA); Becaria en Formación en Investigaciones Estratégicas (UBA), docente e investigadora (FSOC-UBA).
**Doctora en Ciencias Sociales (UBA/Paris IV); Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno - Sede Atlántica. CONICET.