Se realizó el primer encuentro de la Red de Inquilinos Bonaerenses

El martes 2 de junio pasado se concretó el primer encuentro de la Red de Inquilinos Bonaerenses. Esta primera reunión contó con la presencia de asociaciones de los municipios de Lanús, San Martín, Vicente López, Lomas de Zamora, Avellaneda, Morón, Tres de Febrero y Quilmes, y fueron acompañados por Maxi Vittar de Inquilinos Córdoba y Emmanuel Canelli de la Asociación de Inquilinos de Rosario, ambos referentes de la Federación de Inquilinos Nacional.

Los principales puntos de acuerdo fueron trabajar para garantizar el pleno cumplimiento del Decreto Nacional 320/2020, que ampara a las inquilinas e inquilinos en el marco de la pandemia COVID 19. Los principales puntos de este decreto son: los contratos que tengan vencimiento antes del 30 de septiembre se prorrogan automáticamente hasta esa fecha en las mismas condiciones; los aumentos quedan prorrogados hasta la finalización del decreto, congelándose en el valor correspondiente al mes de marzo; se suspenden los desalojos hasta el 30 de septiembre; y obliga al propietario a brindar al inquilino un CBU para pagar por transferencia sin costo alguno.

También se manifestó preocupación porque algunas inmobiliarias no lo están respetando. “Ni la apertura parcial de las inmobiliarias ni la habilitación de las mudanzas, le quitan vigencia al decreto”, aclararon.

Las distintas asociaciones están receptando denuncias y reclamos, y realizando relevamientos y encuestas para seguir de cerca la situación de los inquilinos bonaerenes, que se ve agravada por el impacto socioeconómico de la pandemia de coronavirus, la pérdida de ingresos, el desempleo y el endeudamiento.

Se afirmó la necesidad de que el Congreso Nacional avance con la sanción de la Ley de Alquileres, una bandera histórica de lucha de este sector, que permitirá una mayor regulación estatal sobre los alquileres, pero que encuentra una gran resistencia en sectores de la dirigencia política que se niegan a apoyarla y son permeables al lobby inmobiliario que quiere frenarla.

Al mismo tiempo se expresó la urgencia de prorrogar el Decreto 320/2020, y de una intervención activa e inmediata del Estado nacional y provincial para abordar la problemática del endeudamiento de los inquilinos en estos meses de pandemia, y la resolución estructural del déficit habitacional.

En este sentido se propuso impulsar a nivel provincial políticas de alquiler social, impuesto a las viviendas ociosas y que la comisión inmobiliaria la pague el propietario, tal como ya sucede en la Ciudad de Buenos Aires.

Las asociaciones se comprometieron a seguir trabajando de manera mancomunada y a ampliar la convocatoria para nuevos encuentros.