“Hemos naturalizado que haya gente que esté detenida años sin saber si es inocente o no"

Por Mariano Nieva

Claudia Cesaroni es abogada especialista en criminología y fundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC). En conversación con AGENCIA PACO URONDO reflexionó sobre la situación de los presos en las cárceles en este contexto excepcional de la pandemia de Coronavirus, la estigmatización de algunos medios de comunicación sobre los lugares de encierro y el rol de la política en la toma de decisiones con respecto a las personas privadas de la libertad.

Agencia Paco Urondo: ¿Qué piensa de la posibilidad que se manejó en algún momento de liberar a algunos detenidos en este contexto de la pandemia de Coronavirus?

Claudia Cesaroni:  A mí me parece absolutamente defendible la idea de que hay personas que tienen derecho a estar en su casa. O bien porque están en una situación de riesgo por su condición física, o porque ya cumplieron parte de la condena o porque están en términos de libertad condicional por tener delitos de baja gravedad.

También es verdad que esto fue usado por algunos sectores de una manera tan brutal que generaron alarma pública. Fijate que hasta apareció Julia Marquez, una jueza de ejecución de Quilmes, posteriormente denunciada, diciendo que habían liberado a 176 violadores y nada de eso era cierto. Entonces, a la gente le queda la idea de que hordas de los peores delincuentes se les van a meter en las casas. Una cosa delirante.

APU: ¿Cree que fue una falla de comunicación por parte de las autoridades?

CC: Quizás no sea una falla en la comunicación del gobierno sino la poca convicción o el poco conocimiento que hay sobre estos temas. En algunos casos de parte de gente que conoce la temática pero que les preocupa el rechazo social o pagar el costo político. Por eso, creo que hay que explicar con seriedad y razonabilidad que cosas están en juego. De la misma manera que se ponen sobre el tapete otras que también traen oposición. Como las que tienen que ver con  políticas económicas o de cuánto dura la cuarentena por ejemplo.

APU: ¿Cómo vivió los hechos de violencia que se ocasionaron en la cárcel de Devoto?

CC: Creo que a nivel federal  fue necesario un cierto reclamo lamentablemente violento sobre los objetos. No sobre las personas como se dio en el penal de Devoto. Con el saldo además de dos internos severamente heridos por parte del Servicio Penitenciario. Puedo dar fe que desde diciembre del año pasado los presos querían hablar sobre toda la problemática carcelaria antes de que imagináramos esta pesadilla del coronavirus.

APU: Y del encuentro de la mesa de diálogo que se organizó con algunos de los reclusos del penal. ¿Qué nos puede contar al respecto?

CC: La mesa de diálogo estuvo conformada por quien te habla y por Andrea Casamento de ASIFAD  (Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales) y Matias Isequilla de SUTPLA (Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad). Me parece que fue muy importante que se haya realizado para que se respeten los derechos ciudadanos de las personas que están detenidas como la libertad de protestar, de reclamar y peticionar. Son cosas, por otra parte, que podemos ejercer todos los ciudadanos y ciudadanas y que no se pierde con la privación de la libertad como no se pierde por ejemplo el derecho al voto. Entonces fue muy positivo: podernos sentar a conversar y darles legitimidad a los delegados de los presos.

APU: ¿Cuáles fueron los requerimientos que hicieron los detenidos?

CC: Los pedidos que me parecieron absolutamente razonables. Nosotros simplemente acompañamos esas peticiones y tratamos de que se respeten esos pedidos. No hablamos en nombre de ellos ni mucho menos. Lo que exigían eran cuestiones que tenían que ver con el riesgo de la propagación del Coronavirus al interior de los pabellones. Que además no era un miedo infundado porque a la fecha del encuentro ya había ocho reclusos infectados. Se pedía además que se tomen todas las medidas de limpieza, de cuidado y de seguridad de los que están en contacto con los enfermos. Y luego la posibilidad que se activen las liberaciones de las personas que tienen derechos por su condición física o porque están en términos de libertad condicional o asistida. 

APU: Una de las discusiones que se dio en torno de la supuesta salida de "grandes cantidades de presos peligrosos" es quién finalmente es el responsable de dar la orden de liberación. ¿Quién pone la firma?

CC: Sí. Quien firma finalmente la orden de liberación o no de un preso es un juez, jueza o un Tribunal. De todos modos, para tomar una decisión de esas características los magistrados deben recibir informes criminológicos del Servicio Penitenciario, quien depende del Ministerio de Justicia ya sea Nacional o Provincial, según el caso. Entonces, es jurisdicción del Poder Ejecutivo, quien además conduce la manera en que se trabaja en las cárceles con las personas privadas de la libertad. Por otra parte, quiero agregar que las leyes por las cuales hay personas que están encarceladas durante años, restringen las excarcelaciones y ponen cada vez más obstáculos o alargan cada vez más las penas son aquellas votadas por diputados y senadores. O sea, por el Poder Legislativo. En resumen, la política criminal la fija el Gobierno nacional.

APU: Muchos apuntaron, con algún grado de intencionalidad, que la decisión era exclusivamente del Poder Ejecutivo.

CC: La verdad que es falso plantear que uno solo de los poderes es responsable de esta situación. Por supuesto que los poderes ejecutivos tienen una herramienta que es la conmutación de penas. Aunque yo sabía que a nivel nacional se iban a negar porque conozco su historia de oposición. Y entiendo que en parte pueden tener algún tipo de razonabilidad porque la conmutación de penas parece una rémora del poder del monarca que tiene la facultad de decidir por sí mismo. Un cierto absolutismo. Como una persona decide cambiar una pena que se impuso luego de un proceso judicial etc.

Pero también es cierto que un tiempo de excepción como este tiene cierta lógica. La conmutación de penas cortas es una herramienta que por ejemplo se le pidió usar al gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof. Estamos hablando de personas que quizás fueron condenadas a un año de prisión y que en algunos casos por ahí le faltan solo tres meses para salir. Entonces ¿qué necesidad tiene ese sujeto de atravesar la pandemia con todos los trastornos que trae preso? No tiene ningún sentido. 

¿Qué hacemos con las cárceles?

APU: Es aterrador pensar, por otra parte, que detrás de los cacerolazos que se produjeron en algunos sectores de la población en rechazo a la posibilidad de liberación de detenidos, se esconda la idea de pena de muerte. 

CC: Sí, está la idea de que los presos se pudran en la cárcel. Que se mueran sufriendo y padeciendo. Y esto es grave porque genera una ceguera que hace que no se vea a la cárcel como parte integrante de la comunidad. Deberíamos como comunidad que una vez que los reclusos salgan de la cárcel puedan conseguir trabajo para reinsertarse en la sociedad. Que no terminen su estadia en los penales lastimados, resentidos y enojados. Creo que esto nos debería importar a todos.

APU: El rol de algunos medios de comunicación también hace su parte para inocular miedo en la gente.

CC: Obviamente, primero porque vende el morbo a una porción muy grande de la sociedad y eso hace que se haga muy difícil pensar el abordaje de esos temas. Me preocupa y me angustia mucho que no estemos viendo el drama y la tragedia que pueda suceder al interior de los lugares de encierro sino se toman medidas sanitarias en este caso. Recién hoy mucha gente se está dando cuenta de lo que está sucediendo en los barrios vulnerados. Ojalá empecemos a ver un poco más lo que pasa en las cárceles también. 

APU: Además, está la construcción de un otro que altera la paz social, del cual debemos defendernos.

CC: Exactamente, esta enquistada la idea de construir un otro que casi carece de humanidad y de dignidad y con quien se puede hacer cualquier cosa. Y eso, a veces se expresa con la tortura, el exterminio y la desaparición. Y en tiempos de democracia en que hay que excluirlo casi definitivamente de la sociedad. Enclaustrarlo de por vida. Como que el castigo resuelve todos los problemas sociales y el mejor para aplicar es el del encierro. Así que me parece que en algún momento hay que empezar a repensarlo porque se ha demostrado que es falso. No resuelve nada. 

Hemos naturalizado como sociedad que haya gente que esté detenida años sin saber definitivamente si es inocente o no. Por otro lado, y a pesar de las chicanas de carácter despectivo de algunos sectores de la sociedad, las personas tienen derecho a defenderse de todas las formas posibles siempre dentro de las normas de la legalidad. Y si una sentencia no está firme y un ciudadano o ciudadana quiere llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para discutir su estado de inocencia tiene derecho a hacerlo.

APU: Aquí aparece también una idea del castigo como algo ejemplificador. ¿Qué piensa al respecto de esto?

CC: Este tema del castigo de los presos, la construcción de un inadaptado social, un monstruo que sale de la cárcel lamento decir que hay hasta series de televisión, incluso argentinas, que han contribuido a la conformación de este estereotipo que genera pánico.  

Estoy leyendo un libro en estos momentos de Michael Foucault que se llama "Los Anormales", donde está la idea del otro como un criminal. Un ser anormal. Allí también dice que el violento siempre está asociado a una construcción política que mira con desprecio hacia los marginados, los pobres y los excluidos. El llamado salvajismo. También por estos días estaba repasando otro texto "Los condenados de la tierra", de Franz Fanon, donde en un pasaje dice que los franceses, en tiempos de la colonia, describían a los argelinos como monstruos salvajes porque se querían liberar de la opresión de Francia. Entonces eran señalados prácticamente como bestias.

APU: ¿Cree que existe un sistema penal ideal?

CC: Hay un sociólogo noruego que yo quiero y respeto mucho (que lamentablemente ya falleció), que se llama Nils Christie, que decía que el sistema penal es un reparto de dolor. Una idea que parece muy sencilla y a la vez muy luminosa. Entonces creo que el ideal no existe. De todos modos si tuviera que pensar o imaginar un sistema de castigos mejor que el actual lo imagino reducido a casos absolutamente determinados.

Es decir, personas con un grado de violencia que resulte imposible la convivencia en sociedad. Si yo miro el número de las personas que hoy están privadas de su libertad, por ejemplo, en el ámbito federal encuentro que de 12 mil, 5400 están por temas de drogas y 5100 por robos y hurtos. Por eso, habría que pensar los delitos menores de una forma que estas personas puedan reparar el daño que hicieron, por ejemplo, trabajando y pagando aquello que robaron, destinando parte de su salario para las víctimas.

APU: También está el dato no menor de numerosas personas detenidas por narcomenudeo o directamente sin sentencia fija.

CC: Absolutamente. Para el tema drogas debería estar el Ministerio de Salud interviniendo o pensar también el tema de las llamadas “mulas”. Aquellos que transportan cocaína, por ejemplo, dentro de su cuerpo con el riesgo que supone además para su propia vida. Se trata de gente desesperada. Es más, quizás algunos delitos no existirían si se legalizara el consumo de estupefacientes.

Por otra parte, deberíamos además desarmar los delitos. Aún los más graves. Un homicidio cometido por ejemplo por una persona de 18 años de edad al que le dan 30 años de pena. Preguntarnos ¿Cómo es la vida de ese sujeto que cometió ese crimen? Y por otra parte, ¿qué sentido tiene que esté tantos años preso? El dolor y el  daño que provocó no lo va a poder reparar de ninguna manera.