Trabajo esencial y economía popular: desafíos para enfrentar la pandemia y el día después

Por Magdalena Tóffoli* y Laureano Gonzalez**

En los últimos años, las organizaciones de la Economía Popular se consolidaron como un actor central en la política argentina, no solo a partir de un contundente proceso de consolidación organizativa sino también a través de una paciente gestación de unidad para resistir con más fuerza las políticas regresivas del gobierno de Cambiemos. Esta economía sin patrón, de cooperativas y emprendimientos productivos integrados por quienes tuvieron que salir a inventarse su propio trabajo, cobró una gran visibilidad en la realidad política argentina aquel 7 de agosto de 2016. El retroceso económico y social que significó el macrismo para el conjunto de la clase trabajadora corrió el eje de las reivindicaciones de la economía popular hacia un plano más defensivo, cada vez más limitado a garantizar la subsistencia y aplacar el impacto de la crisis que a avanzar en la conquista de derechos laborales básicos.

El 2020 encontraba a las organizaciones unificadas en la UTEP (Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular) y como un interlocutor central en el nuevo escenario político argentino. El gobierno recientemente electo ya había dado algunos guiños a la organización y desde la UTEP se dejaba entrever la expectativa de una etapa auspiciosa para el sector. Pero la llegada del COVID-19 cambió todo. Toda especulación y previsión sobre lo que depararía este año fueron desbaratadas por la pandemia. Este imprevisto se tornó en una prueba de fuego para la gestión entrante. El anuncio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio como reacción rápida para evitar la expansión del contagio y fortalecer el sistema de salud, tuvo como contrapartida un inevitable parate de amplios sectores de la economía, algo que impactó en la realidad de las clases trabajadoras. 

“Cuarentena en el barrio” y desigualdades preexistentes 

Los problemas que ya venían presentando los sectores populares para resolver aspectos básicos de la subsistencia, se profundizaron en pleno contexto pandémico. Tal como vienen expresando las voces de las organizaciones populares desde que comenzó la etapa de aislamiento, la pandemia evidenció un estado de cosas preexistente y alarmante, por no decir profundamente desigual. Así lo deja de manifiesto la imposibilidad material de “cumplir la cuarentena” en los barrios populares, cuando lo que hay es la falta: de servicios básicos, de espacios que permitan el distanciamiento social, de trabajo cuando se depende de la changa diaria. Fue esa desigualdad la que se llevó la vida de Ramona Medina, la referenta del barrio Carlos Mugica que venía denunciando con contundencia el abandono estatal desde principios de la pandemia.

Transcurridos más de cuatro meses de pandemia, de avances y retrocesos de fases, las consignas históricas de la economía popular nucleadas en las 3T -Tierra, Techo y Trabajo- resuenan cada vez más fuerte como ejes fundamentales de una sociedad más justa, en un contexto que devela todas las injusticias al mismo tiempo. La respuesta que tuvo el lanzamiento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es una muestra más de ello: superó los cálculos del gobierno, casi cuadruplicando las solicitudes previstas. A su vez, esta política no incluyó a sectores de la población que perciben Salario Social Complementario (SSC) y otros programas sociales, es decir, el grueso de la Economía Popular, por lo que las organizaciones negociaron con el Ministerio de Desarrollo Social la implementación de un bono de tres mil pesos y plantearon la necesidad de aumentar el monto del SSC. En conjunto, esta serie de medidas dan cuenta de una realidad que hasta el momento no había sido visualizada con tanta claridad por parte del Estado.

En definitiva, lo que dejó en evidencia este contexto es que la economía informal y la economía popular no pueden seguir postergadas en la agenda de la gestión estatal ni confinada a la espera incierta del empleo formal, menos aún para un gobierno que busca atender las desigualdades y las brechas cada vez más amplias al interior de las clases populares en Argentina. 

La economía popular en tiempos pandémicos

Con el desembarco de la pandemia, se logró poner en evidencia el papel que ya venía desempeñando el trabajo de la economía popular previamente. El rótulo de “esencial” que asumieron muchas de las actividades laborales vinculadas a la economía popular supuso reconocer una fuerte trama organizativa y de resolución de necesidades cotidianas que da cuenta de la potencia de la productividad social frente a la productividad económica que solo sabe de especulaciones de precios, desabastecimiento y otras yerbas. La llegada de la ayuda estatal a los barrios populares no hubiera sido posible sin el reconocimiento de las organizaciones como interlocutoras legítimas de esos espacios, y sin los saberes comunitarios construidos por quienes viven, trabajan y se organizan en los territorios. 
Las organizaciones hoy se encuentran cumpliendo un rol fundamental en la implementación de políticas de cuidado y de salud, a través de mantenimiento de los comedores y cooperativas dedicadas a la producción de recursos sanitarios. De ahí la demanda por la Ley Ramona, que bajo el lema “somos esenciales” propone el reconocimiento del trabajo sociocomunitario garantizado mayoritariamente por las mujeres trabajadoras de la economía popular.

La pospandemia como contexto de oportunidad 

En este contexto, llegamos a un nuevo 7 de agosto, donde no habrá peregrinación, donde la marcha, el recurso por excelencia de los movimientos populares, no es una opción. No obstante, la economía popular seguirá siendo la gran protagonista de esta fecha, tejiendo redes de solidaridad y cuidado, visibilizando su trabajo territorial en un contexto donde se reactualiza la disputa por los recursos y el reconocimiento simbólico y material que reclama el sector.

Así como la pandemia agudizó problemas preexistentes del sector de la economía popular, esta es una oportunidad histórica para avanzar en respuestas integrales. Para ello se torna necesario trascender la transferencia de ingresos al sector -un punto de partida sumamente necesario- para pasar a materializar la construcción de  una infraestructura estatal y popular que permita garantizar derechos. Las respuestas para avanzar en este sentido deben buscarse en el cumplimiento efectivo de la agenda de los movimientos populares, plasmada primero en las 3T y luego en las “seis leyes de la economía popular” -Emergencia Alimentaria y Urbanización de Barrios Populares (ya en vigencia), Infraestructura Social, Agricultura Familiar, Ley de Adicciones, Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres-. Será preciso entonces generar un diálogo genuino entre las instituciones estatales y populares, capaz de recuperar y legitimar los saberes que hoy están dando respuesta a la emergencia (y algo de esto empezó a verse con la inserción de referentes/as populares en ámbitos estratégicos del Estado) pero que se volverán esenciales para afrontar la nueva normalidad. 

Será fundamental en la Argentina pospandémica que la realidad de la EP sea definitivamente reconocida por el conjunto de actores políticos y sociales. Solo así será posible concretar un proyecto de país con todos/as adentro.

*Militante, socióloga (UNLP) y becaria doctoral de CONICET
**Sociólogo (UNLP) y becario doctoral de CONICET