“Hay que imponer una tributación progresiva que segmente al sector propietario por cantidad de viviendas”

Por Asociaciones de Inquilinos

(Este documento fue publicado en lenguaje inclusivo por decisión de los autores)

La acuciante situación que vivimos millones de inquilinxs a lo largo y ancho del país, producto de la pandemia COVID-19, y que está significando pérdida de fuentes laborales, disminución de ingresos y un creciente endeudamiento, requiere del esfuerzo mancomunado del Estado junto a las organizaciones del sector, para impulsar políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda digna y a un alquiler justo.

En ese sentido, celebramos la decisión del Gobierno Nacional de prorrogar la vigencia del decreto 320/2020 que entre sus principales puntos establece que: los contratos que tengan vencimiento antes del 31 de enero se prorrogan automáticamente hasta esa fecha en las mismas condiciones; los aumentos quedan prorrogados hasta la finalización del decreto, congelándose en el valor correspondiente al mes de marzo; y se suspenden los desalojos hasta el 31 de enero.

Creemos que es el marco primero y necesario para poder avanzar urgentemente en la elaboración y ejecución de políticas públicas que comiencen a dar respuesta a los problemas de fondo de los inquilinxs, producto de años de indefensión frente a la lógica especulativa del mercado, y agravados por esta pandemia.

Al mismo tiempo nos interesa señalar, que la experiencia de estos meses, que ha demostrado que el decreto es beneficioso para millones de familias, también nos demostró que su plena y estricta implementación requiere de un órgano de aplicación, ya que nos consta que el acatamiento de esta norma ha sido parcial.

Finalmente, y en pos de avanzar en la resolución de fondo de esta problemática y de garantizar el efectivo acceso a la vivienda de millones de inquilinxs, proponemos al Estado Nacional y Provinciales constituir espacios de trabajo conjunto con las organizaciones del sector para poder abordar la solución al problema de endeudamiento de quienes alquilamos, que se viene incrementando de manera alarmante; y otras cuestiones, como la incorporación del valor del alquiler a la canasta del INDEC, políticas de relevamiento de datos, tarifa social para servicios públicos, vivienda ociosa, regulación de los valores de los alquileres, creación de órganos de aplicación de la Ley de Alquileres recientemente sancionada, políticas que den cuenta de las situaciones de violencia de género, la reglamentación del Programa de Alquiler Social, y la estipulación de que la comisión inmobiliaria en la provincia de Buenos Aires, la paguen los dueños, de la misma manera que ya sucede en la Ciudad Autónoma.

Necesitamos también limitar la concentración que promueve una rentabilidad desmedida, se requiere avanzar en el blanqueo de los contratos de alquiler y en imponer una tributación progresiva que segmente al sector propietario por cantidad de viviendas.

Pero en última instancia, necesitamos comenzar a resolver formas de regulación estatal de los procesos de valorización del suelo. La tierra y la vivienda son un bien social y no un bien especulativo. La planificación e inversión estatal deben garantizar a la comunidad el acceso y usufructo de los mismos, y no la apropiación de plusvalor por parte de minoritarios pero poderosos intereses.

La prórroga del decreto 320/2020 es un punto de partida, necesitamos seguir avanzando. No hay tiempo que perder, la vigencia de este decreto nos da la posibilidad y la obligación de comenzar a construir las respuestas que garanticen el acceso a la vivienda y a un alquiler justo a millones de inquilnxs.

*Inquilinos Lomas de Zamora, Asociación Platense de Inquiline, Alquiler Justo Lanús, Inquilinxs Unidxs Vicente López, Frente de Inquilinos de Morón, Inquilinos Avellaneda, Inquilinos de Quilmes, Inquilines Mar del Plata, Inquilinxs Tres de Febrero