Guillermo Molina: “La muerte de Humberto fue un asesinato por abandono de persona”

Por Juan Cruz Guido

Humberto Monteros, Guillermo Molina y otros dirigentes de la UOCRA Seccional Bahía Blanca fueron detenidos en enero de 2018, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, que impulsó la causa de oficio, y con la participación del actual intendente de la ciudad, Héctor Gay. Luego de más de 3 años de detención bajo la figura de la prisión preventiva, Monteros murió por COVID-19 luego de contagiarse en una de las audiencias del juicio, que recién este año se está realizando. AGENCIA PACO URONDO tuvo la oportunidad de dialogar de manera exclusiva con Gustavo Molina, desde su centro de detención en la localidad bonaerense.

Agencia Paco Urondo: ¿Cómo tomaron el fallecimiento de Humberto Monteros?

Guillermo Molina: Los compañeros tenemos absolutamente claro que lo de Humberto fue un asesinato por abandono de persona. Porque Humberto, al igual que yo, fuimos declarados hace un año internos de alto riesgo de contagio. A tal punto que estuvimos 11 meses aislados, porque no nos quisieron dar la domiciliaria, en la unidad 19 de Saavedra, en lo que son las materas de los pabellones, en este caso, la matera de la escuela, por orden del juez de la causa, Eugenio Casas. O sea que el juez sabía perfectamente que nosotros éramos dos internos de alto riesgo de contagio de COVID.

El día 26 de marzo, viernes, último de los cuatro únicos días en los que funcionó el debate del juicio, se producen los contagios múltiples. En el recinto del debate del juicio. Ocurre entonces que se suspende el juicio y a nosotros nos alojan en los buzones de la unidad 4. Lo que es la subunidad. Y en función de eso, nosotros dos estábamos contagiados. A mí me contagia mi abogado y yo lo contagio a Humberto Monteros porque estábamos en el mismo buzón, en el cual estábamos hacinado porque son buzones para un solo interno y estábamos los dos. El juez sabía que nosotros éramos de alto riesgo de contagio, y lo sabía por orden de él, porque nosotros estuvimos aislados once meses en la Unidad 19. Automáticamente, al saber que habíamos estado dentro del recinto donde ocurrió el contagio múltiple, tendría que haber mandado a hisoparnos a ver cuál era la situación nuestra de salud.

Como si esto fuera poco, vamos a suponer que se olvidó o que se le pasó por alto. El día 30, el abogado de Humberto Montero, Sebastián Martínez, le envía un escrito al juez recordándole que por favor hisope a los seis encartados que estábamos en el juicio porque habíamos estado dentro del recinto donde se habían contagiado siete agentes del Servicio Penitenciario bonaerense, la secretaria del juez, mi abogado, Mariano Casas, el fiscal, Gustavo Sorzano, y una abogada de parte, la doctora Austero. El sentido común decía “hisopemos a esta gente a ver si alguno de ellos también se contagió”.

APU: ¿Se negaron a hisoparlos?

G.M.: El viernes 26 fue el último día del debate, el abogado Montero le dice y le pide al juez que seamos hisopados. Al día siguiente, el miércoles 31, un oficio del juez, hacia el penal, dice que vean cuál era el estado de salud de nosotros y que si presentábamos algún síntoma compatible con el COVID-19. Pero en ningún caso pide que seamos hisopados. ¿Por qué? Porque entre ese miércoles 31 y el lunes 5 estuvimos absolutamente abandonados en los buzones. Monteros y yo empezamos a cursar la enfermedad en forma conjunta, con el resultado de que yo la pude cursar con dos o tres días de sintomatología, la esperada, la que todos sabemos y con el paracetamol me fui recuperando. Pero a partir del miércoles 31 Humberto Montero empezó a perder oxigenación, empezó a acelerar las pulsaciones cardíacas y entre el 31 y el 5, esto fue en aumento. Hasta que cuando el lunes 5 nos llevan a la enfermería, ya Monteros tenía un 80 por ciento de oxígeno en sangre y tenía grandes dificultades para respirar, a tal punto que no vuelve al buzón, sino que es llevado directamente al Hospital Pena de Bahía Blanca, en donde es internado en terapia intensiva. A los dos días de llegar, el 7, ya tuvieron que ponerlo en coma farmacológico y entubado con el oxígeno al máximo, cosa que duró 35 días hasta que falleció ayer (martes) a la noche.

O sea, Humberto Montero fallece porque el 31 el juez de la causa no lo manda a hisopar, porque si lo hubiera mandado hisopar, sabiendo que era enfermo de alto riesgo de contagio, porque el compañero tenía HIV y diabetes, el jueves primero ya hubiese obtenido el resultado positivo y ese día hubiese sido derivado al hospital con el organismo mucho más fuerte para enfrentar el tratamiento. No sabemos qué puede haber llegado a pasar, pero que era una instancia preventiva, no queda ninguna duda. Así que bueno, esa es la situación de Humberto Monteros, que inclusive todavía está en la morgue del hospital y no ha podido recibir sepultura. Y el resto de los compañeros, los otros cinco que decidimos enfrentar el debate, estábamos destrozados.

APU: ¿Cuál fue el argumento para mantenerlos en la prisión preventiva, antes de la pandemia, sin sentencia firme? ¿Y cuál fue el argumento posterior, con la pandemia ya declarada, teniendo en cuenta que varios son pacientes de riesgo?

GM: La secuencia fue la siguiente: a nosotros nos detienen en enero del 2018. En febrero nos dictan la primera prisión preventiva a los 14, que dura prácticamente un año hasta el 11 de marzo del 2019. Al mes siguiente, entre abril y principios de mayo, somos elevado a juicio y se nos pone fecha de juicio para el 14 de abril de 2020, un año después de la elevación a juicio. Transcurre todo ese año, en los cuales todos pedimos la domiciliaria. Cuando llega el 14 de abril del 2020, ya en marzo había empezado el COVID, así que esa fecha se suspende y se pone una nueva fecha que es el 28 de septiembre de ese mismo año. Transcurren los meses que tenían que transcurrir, llega el 28 de septiembre y se vuelve a suspender por el mismo motivo que se ve había suspendido el 14, porque la pandemia todavía estaba en vigencia. Ahí se pone como fecha el 22 de marzo de este año. Pasa todo ese tiempo, pero ya el 11 de enero del 2021, se cumplieron los tres años de prisión preventiva.

La lógica dice que la prisión preventiva son dos años y en el supuesto caso de que una causa sea demasiado compleja, que no es el caso de ésta, porque no hay una sola prueba física, un año más. Ese año más se cumplió el 11 de enero de 2021. O sea que hoy, 12 de mayo, ya llevamos tres años y cuatro meses de prisión preventiva, con dos fechas de juicio suspendidas. O sea, no podemos interferir en la investigación. Sin embargo, nos siguen negando tanto la excarcelación como la domiciliaria, por el supuesto intento de fuga, etcétera, etcétera.

En febrero hay ocho compañeros que firman abreviado. Entre esos ocho compañeros hay tres que ya están con condicional, están firmando, están en la calle. O sea que para esos tres compañeros no hay peligro de fuga porque están en la calle. Sin embargo, a nosotros nos siguieron aduciendo esa problemática. Esas son las razones por las cuales nosotros todavía estamos con prisión preventiva. Vos fíjate que es una contradicción, porque la prisión preventiva es una presunción de culpabilidad de hecho, y sin embargo, nosotros a no tener ni juicio ni condena estamos bajo el artículo 18 de la Constitución Nacional, que dice que sos inocente hasta que se demuestre lo contrario. 

APU: ¿Por qué es la causa?

GM: Nosotros seguimos presos en una causa política. El adversario, digamos, en este debate, no son las empresas que nos denuncian porque la causa fue iniciada de oficio. Las empresas después fueron apuradas a que nos denuncien por supuestos aprietes y extorsiones. Producto de ello se quedaron con toda obra pública de Vidal y de acá, de Bahía Blanca, pero ese es otro tema. Pero en ningún caso tienen una prueba física. No hay una sola prueba física de todo lo que se nos acusa. Y obviamente que los medios que forman parte de los medios hegemónicos acá en la ciudad nos demonizan permanentemente y nos tratan de la mafia de la UOCRA. Cuando nosotros somos dirigentes legítimamente electos en elecciones que fueron custodiadas por la Policía y auditadas por los inspectores del Ministerio de Trabajo de Nación. Sin embargo, nosotros para Bahía Blanca, gracias a estos medios, somos la mafia, los corruptos. Es un poco lo que lo que ha pasado a nivel nacional y que vos debes conocer, pero en el pago chico eso pega más.

APU: ¿En qué porcentaje de responsabilidad, si se puede valorar así, le atribuye por sus detenciones a María Eugenia Vidal, ex gobernadora de Buenos Aires, y al intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay?

GM: Yo digo que la causa nuestra empezó en Balcarce 50 y de ahí pasó a La Plata y de ahí a donde está el Ministerio de Trabajo de la Provincia. Después cruzó toda la provincia hasta llegar a Bahía Blanca, directo a la Cámara de la Construcción. Pega toda la vuelta por Estomba hasta que llega a la Fiscalía General, que es donde comienza toda esta cuestión. Todo este recorrido que hace la causa está claro que estaba preestablecido. Se armó la causa para sacar del medio a una comisión que no era genuflexa de ningún poder corporativo de la ciudad, y que llevaba 12 años y cuatro mandatos, cuatro elecciones al frente del gremio.

Obviamente en doce años de trabajo vos llegás a conocer la legislación a la perfección y cuando nosotros nos sentábamos a negociar una obra con el piso de paritaria, éramos bastante hábiles a la hora de cerrar acuerdos con las empresas que después homologaban en el Ministerio de Trabajo. Cuando asume Macri, decide llevar adelante siete parques eólicos que se desarrollan todos en el territorio de la seccional Bahía Blanca de UOCRA, que son once municipios. No es sólo Bahía Blanca. Cada uno de esos parques eólicos son muchos millones de dólares. Entonces, ¿cuál fue la idea? Hay que sacar a esta gente del medio para poder llevar adelante las obras con los valores que a nosotros nos interesa, sin tener que andar firmando acuerdos por sobre el piso de paritarias. Entonces se arma toda una rosca, en forma conjunta con la Cámara de la Construcción, con Pablo Antin, que era el presidente, y algunas de las empresas. Toma partido el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Villegas, que en el mes de mayo más o menos se filtró un audio en que dice "tenemos que terminar con la UOCRA de Quilmes, tenemos que terminar con la UOCRA de Bahía Blanca, tenemos que terminar con el Pata Medina".

La causa nuestra se inicia de oficio después de cinco o seis salidas de Vidal en los medios tratándonos de mafiosos, todo en términos generales, porque en ningún caso puntualizó un hecho concreto en el cual se haya extorsionado a un empresario o alguna cosa por el estilo. Pero en términos generales, los mafiosos, los violentos, etcétera; con eso, el fiscal Fernández inicia la causa el 25 de septiembre del 2017. Recordemos que el 2017 fue el año también donde funcionaron las seis bases ilegales de la AFI, y una de ellas funcionó en Bahía Blanca. O sea que no es muy loco imaginar que, entre el armado, el inicio de oficio de la causa, la carátula y la posterior instrucción haya datos y elementos que hayan sido relevados de forma ilegal por esta base de espionaje instalada por María Eugenia Vidal.

APU: ¿Y cuál es el rol de Gay, intendente macrista de Bahía?

GM: Me preguntabas también cuál era la incidencia de Héctor Gay, el intendente local. El intendente primero se mete en una disputa de particulares, porque en todo caso había una demanda de empresas sobre los dirigentes de un sindicato y no sé qué tiene que hacer el intendente, que es el intendente de todos, no de las de las empresas, tomando parte por los empresarios, juntándolos en la municipalidad, haciendo bajar al ministro de Trabajo de la provincia y elaborando una estrategia para denunciarnos a nosotros. Inclusive haciéndola pública, porque eso también lo tenemos, en el diario La Nueva Provincia, donde dice que él le dijo a las empresas "ustedes vayan y hagan la denuncia porque la tienen que hacer ustedes y nosotros los apoyamos". Y en la misma nota dice que estas denuncias tienen pruebas fehacientes. Entonces, yo a Gay lo puse de testigo. Va a tener que declarar y en la declaración le vamos a preguntar cuáles son las pruebas fehacientes que él vio, cómo eran y en dónde están. Sabemos que es mentira, porque lo único sobre lo que está fundamentada la causa son sobre las declaraciones indagatoria de las empresas de la Cámara de la Construcción, declaraciones hechas con carbónica porque terminan igual.

Es una causa armada. Lo que nosotros pedimos es que haya un juicio justo, un verdadero en un debate público, porque sabemos que va a quedar en evidencia quién es el que miente y quién es el que dice la verdad. Pero para poder hacerlo necesitamos un juicio justo y no un ajusticidio como el que nos están haciendo a nosotros.