9 de cada 10 frigoríficos realizaron maniobras ilegales para aumentar sus exportaciones

La Administración Federal de Ingresos Públicos, hace más de un mes, viene llevando a cabo operativos de control sobre los 154 frigoríficos más grandes del país, que representan el 40% del total de nuestro país y explican el 72% de la faena total de carne vacuna. El objetivo inicial de detectar presuntas irregularidades en el comercio interno y la exportación de carnes, arroja un panorama de mayor gravedad que el denunciado por la Dirección General de Aduanas (DGA) la semana pasada.

El megaoperativo identificó maniobras de subfacturación, no declaración de operaciones de compraventa y hasta “un grupo de matarifes que recurren a sociedades y personas sin capacidad operativa ni económica para desarrollar sus actividades”, según informó el periodista Raúl Dellatorre en una columna de Página 12. Estos últimos, que utilizan facturas apócrifas, actúan en instalaciones de terceros, es decir, frigoríficos formales a los que contratan. La Dirección General Impositiva maneja como hipótesis que constituyen un mecanismo de triangulación de compraventa para evadir impuestos. Todo lleva a sospechar que jugadores más poderosos están detrás de las irregularidades detecatadas. 

A partir de ahora, hay un plazo de hasta 120 días para relevar la documentación de las firmas y sistematizar los mecanismos de evasión. Entre los organismos del Estado que participan de la tarea se encuentran el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Banco Central, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), además de los dos ya mencionados. También podrían involucrarse la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Inspeccion General de Justicia (IGJ) si se detectan maniobras de la lavado y formación de sociedades para cometer delitos. 

La semana pasada la DGA, a cargo de Silvia Traverso, comunicaba la denuncia contra 19 frigoríficos por operaciones fraudulentas para eludir las retenciones en exportaciones de carne. La fiscalización detectó que declararon exportaciones de hueso y carne no apta para consumo humano, que paga un 5% en derechos de exportación, cuando en realidad sí era apto, productos a los que le corresponde una alícuota del 9%, implicando un perjuicio fiscal para el Estado y un menor ingreso de divisas.