Volver a las calles, por Ana Natalucci y Ernesto Mate

Por Ana Natalucci* y Ernesto Mate** | Fotos: Ernesto Mate

El sábado 7 de agosto se realizó la marcha de San Cayetano con la consigna “Tierra, Techo y Trabajo”. Convocada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), participaron el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Frente Popular Darío Santillán, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, y dirigentes sindicales de Dragado y Balizamiento, Camioneros, ATE Nacional y la CTA Autónoma. Por unas horas, las calles estuvieron repletas de gente, los organizadores calculan la presencia de 300 mil personas. La marcha se inició desde la iglesia de San Cayetano en el barrio de Liniers hasta la plaza de Mayo. La primera de estas marchas se realizó en agosto de 2016, cuando la entonces CTEP en alianza con la CGT promovía la sanción de la ley de Emergencia Social. La elección del día no ha sido una casualidad: San Cayetano, para la religiosidad católica, es el padre de la providencia y patrono del trabajo y del pan. En 1982, la CGT Brasil también hizo una marcha por “Paz, Pan y Trabajo", que implicó una movilización masiva que enfrentaba abiertamente a la dictadura militar. De alguna manera, la demanda de la CTEP desde 2016 de Pan, Techo y Trabajo, parafrasea aquella consigna histórica marcando un hilo común de las luchas de las organizaciones populares frente al neoliberalismo y sus efectos sobre el tejido social. 

Esta marcha marca un hito por algunas de las razones que comentamos a continuación y por las cuales desde el Observatorio de Protesta Social (OPS) (CITRA-UMET/CONICET), que integramos, decidimos que teníamos que estar allí. Por ello, hicimos una cobertura en simultáneo a la marcha y exponemos aquí algunas ideas para pensar en las características de la movilización y sus posibles efectos políticos en un escenario político de fuerte estigmatización que no reconoció diferencias entre oficialismo y oposición. ¿Qué expresa esta marcha en términos de la dinámica de movilización de estas organizaciones sociales respecto de los últimos tiempos? ¿Cuáles son sus reclamos y sus interlocutores? ¿Cómo leer y qué esperar? Creemos que esta marcha no sólo marca un giro en la dinámica de la protesta, aún en un contexto de restricciones por la pandemia, sino también la emergencia de voces disonantes en los aliados y bases de apoyo del Frente de Todes. La reconstrucción que ofrecemos en esta nota toma como fuentes principales: nuestra participación en la marcha y el análisis del acto -incluyendo los discursos de sus dirigentes- toda vez que por acuerdos internos representa la posición y voz de la UTEP.

Una marcha después del aislamiento

La primera cuestión para destacar es que es la primera movilización convocada por la UTEP desde el inicio de la pandemia; la anterior tuvo lugar en febrero de 2020 para oponerse a la negociación con el FMI con la consigna “La deuda es con el pueblo”. La UTEP se conformó en diciembre de 2019, incorporando a la CTEP, al Frente Popular Darío Santillán, a la Corriente Clasista y Combativa y a Barrios de Pie, entre otras organizaciones. Su conformación implicó una gran apuesta por nuclear a todas las organizaciones representativas de les trabajadores de la economía popular. Fue una apuesta importante para instalar en la agenda los derechos pendientes de les trabajadores y, al mismo tiempo, la oportunidad de configurarse como un sindicato único para su representación, frente a un gobierno que asumió luego de una nueva ofensiva neoliberal. 

A finales de 2019, varios de los dirigentes de la UTEP asumieron como funcionarios en el Ministerio de Desarrollo Social en áreas directamente vinculadas al sector. Pandemia mediante, desde mediados de 2020 se puso en funcionamiento el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP). Si bien el ReNaTEP había sido creado por la ley de Emergencia Social Nº 27.345 en 2016, fue implementado una vez que las organizaciones ocuparon la Secretaría de Economía Social. De acuerdo al relevamiento que hicimos desde el OPS sobre la protesta durante el ASPO, estas organizaciones prácticamente no se manifestaron en el espacio público como un modo de respetar el aislamiento fijado por el gobierno. De esta manera, mantuvieron en funcionamiento miles de comedores, merenderos y espacios de cuidado, mientras su estrategia de acción pública se orientó a la visibilización de sus demandas a través de las redes sociales con una campaña de piezas gráficas y audiovisuales. Durante buena parte de 2020, sus reclamos se orientaron al aumento del Salario Social Complementario (SSC) o la ampliación del IFE a quienes eran beneficiarios de programas sociales preexistentes (Natalucci, et. al., 2016). Asimismo, a partir de la flexibilización del ASPO entre fines de 2020 y principios de 2021, algunas organizaciones tuvieron acciones particulares, como la concentración del MTE en la Rural durante el conflicto en Entre Ríos y los Etchevehere.

La segunda cuestión relevante es la reformulación de las demandas. Durante el acto, una de las expositoras mencionó que la economía popular incluye alrededor de 7 millones de personas, de las cuales la UTEP organiza a un millón. Como en toda marcha multitudinaria hay demandas variadas, muchas sectoriales de actividades económicas. Sin embargo, la demanda por visibilidad y la incorporación de temas a la agenda política tiene una traducción propositiva clara: la implementación de un Salario Básico Universal (SBU). Ya hace tiempo que las organizaciones de la economía popular insisten sobre la necesidad de salir de la lógica del subsidio a través de los planes sociales y fomentar las actividades de la economía popular a partir de la unificación de todos los programas sociales existentes, de carácter fragmentado y coyuntural, sin una planificación a largo plazo. En este sentido, el SBU busca visibilizar y promover muchos de los trabajos que se llevan a cabo en los barrios y que hoy no tienen un reconocimiento institucional como tampoco protección social e ingresos mínimos. 

El último aspecto para considerar está relacionado con el momento político. La fecha de convocatoria ha sido siempre el 7 de agosto, en general cercano a las PASO y este año ha coincidido con el cierre de listas para las elecciones legislativas y a pocos días de la asunción del nuevo ministro de Desarrollo Social de la Nación. Desde una mirada miserabilista, se dice que la marcha fue organizada por el descontento de los dirigentes de la UTEP con la conformación de las listas. Es probable que esta disconformidad sea cierta, de hecho Juan Grabois lo confirmó en su cuenta de facebook y no constituye una sorpresa ya que ese malestar atraviesa a otras organizaciones de la coalición del Frente de Todes. Ahora bien, una cosa es introducir esta dimensión del acuerdo -o de las disputas- de cúpulas y otra muy distinta es desconocer el esfuerzo organizativo que requiere impulsar una marcha de esta magnitud que no se resuelve en pocos días. Insistir en estas cuestiones es riesgoso, sobre todo considerando la fuerte estigmatización que pesa sobre estos sectores.

Asimismo, esa lectura miserabilista omite otra cuestión, que además constituye un caro problema del movimentismo como gramática de acción; se trata de la compleja y siempre tensa relación entre la representación sectorial y la representación política. La idea de puente que muchas organizaciones utilizan para la doble representación que ejercen sobre los sectores que organizan. La UTEP fue bastante clara en su posición el sábado último: es una organización gremial independiente de los partidos políticos y el gobierno, de tipo reivindicativo para instalar en agenda los problemas de la economía popular y sus trabajadores/as y lograr cambios en el sistema político en general y en la política sectorial en particular. Durante la marcha se escuchó de modo recurrente que: “no se trata ni de un acto oficialista ni opositor, es el grito de los excluidos, marginados y olvidados que el sistema económico y la mayor parte de la dirigencia política no escucha”. En el documento leído en el acto se agrega: “no vemos que desde la política surjan ideas para cambiar esta realidad, tal vez es hora de que nos escuchen más”. En relación con ambas afirmaciones, hay una idea que repiten muchos dirigentes -no sólo de la economía popular- desde hace un tiempo y es que “no se aguanta más” en referencia a la situación socio-económica. Los números del INDEC son tan elocuentes que no hace falta desarrollar mucho más, pero sí mencionar que el Ministerio de Desarrollo Social, con algunas excepciones, está prácticamente paralizado incluso en un momento tan complejo como la pandemia; que el IFE que permitía asistir a millones de argentinos en las penurias que arrojó el ASPO fue suspendido en diciembre (sí, en diciembre!) por la presión de los sectores más tecnocráticos del FdT. Es cierto que esta marcha rompe con la dinámica de la protesta que hasta ahora adoptó un carácter segmentado, pero también lo es que era esperable que así sucediera. 
 

La hora de la agenda interna

Como se observa en esta foto, y a diferencia de las marchas convocadas en el período que se abrió luego del primer San Cayetano, no se concentraron en el Congreso a propósito de la exigencia de la sanción de la ley de Emergencia Social. En esta oportunidad, las columnas se dirigieron a la Plaza de Mayo, donde se realizó el acto. Esta característica puede tener dos lecturas. Una, en términos de oposición al gobierno nacional. Otra, de legitimar a un gobierno al mismo tiempo que pedirle una rectificación de su política social para los sectores que la UTEP representa y de su política económica para priorizar la agenda interna en vez del FMI. 

Nosotros nos inclinamos por esta última en tanto como dijimos con anterioridad, la UTEP no solo está constituida por sectores que participan del Frente de Todes, sino que representa a un millón de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que necesitan de la intervención del Estado para fortalecer las actividades económicas que ellos/as mismos crearon para sobrevivir al neoliberalismo. 

No toda protesta es contra el “sistema”, no toda protesta busca deslegitimar y destituir al gobierno de turno. Pero toda protesta se hace para conseguir algo, por lo que es inútil adoptar posiciones moralistas y quitarle intencionalidad política a las organizaciones. Efectivamente, “la gente” se organiza para conseguir “cosas”, sean materiales o derechos; y esas acciones se plasman en espacios partidarios, institucionales... y también en las calles. Que las tensiones internas de la coalición gobernante no agudicen la autorreferencialidad, que no opaquen la realidad de pobreza e indigencia que viven millones de argentinos/as, que el sábado salieron a las calles para reclamar aquello que consideran justo. Y urgente.

*Dra. Ana Natalucci, Doctora en Ciencias Sociales, Investigadora CONICET (CITRA/UMET), Directora del Observatorio de Protesta Social y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

**Lic. Ernesto Mate, candidato a Doctor en Ciencias Sociales. Licenciado y Profesor en enseñanza media y superior en Ciencia Política (UBA). Integrante del Observatorio de Protesta Social.