Denuncian que policías de la Ciudad matan en la provincia de Buenos Aires

Por Diego Moneta / Foto: Dani Amdan

El caso de Lucas González, joven jugador de Barracas Central, ubicó en el centro del debate nuevamente, al menos por un tiempo, el accionar de las fuerzas de seguridad, en particular la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI) buscó indagar sobre los patrones de su forma de actuar, interesándose en la portación, tenencia y uso de las armas de fuego. 

Al principio del año presentaron una solicitud de acceso a la información pública al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). En diálogo con AGENCIA PACO URONDO Matías Busso, integrante y uno de los fundadores de la Asociación, aclara que “está previsto en la Ley 5.688 -Sistema Integral de Seguridad Pública- que esa información se produzca y sea pública, pero nunca fue publicada”. La organización, que patrocina y acompaña a víctimas de violencia institucional, logró acceder a los registros en los que la fuerza intervino usando el arma reglamentaria en 2019 y 2020, esperando que en breve puedan pedir el de 2021.

Según los resultados comunicados, de la información brindada surge que, de un total de 236 hechos del bienio, 178 fueron en la provincia de Buenos Aires (PBA), o lo que es lo mismo, un 75 por ciento se dio fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Ello indica que sucedieron cuando estaban fuera de su jurisdicción o fuera de servicio, ya sea de franco, en momentos de descanso o camino al trabajo, según explica la Asociación.   

La organización entiende que se relaciona directamente con dos factores. Primero la condición jurídica definida como “estado policial” que alcanza a todo el personal. Refiere a un conjunto de derechos y obligaciones entre las que se halla el deber de intervenir ante los delitos de los que tengan conocimiento. Por otro lado, como derecho y no obligación, la posibilidad de portar el arma todo el día, sin importar horario de servicio. “La combinación de estos elementos trae como consecuencia directa” que ante cualquier conflicto personal, vecinal, familiar puedan utilizarla, afirma la ACVI y por eso Busso cree que “se debe limitar”.

Además, remarcan que la forma de portación difiere de la habilitada para el resto de la ciudadanía que no se desempeña como uniformado. En concreto, pueden trasladar su arma cargada, “incrementando notablemente la posibilidad de uso”, señala el informe. En el bienio analizado 43 particulares y seis funcionarios policiales fallecieron, demostrando que el accionar “resulta una práctica más lesiva” para los y las ciudadanas. A su vez, la totalidad de los particulares fallecidos fueron masculinos -nueve menores-, corroborando criterios de selectividad en la forma de actuar de la fuerza, basados en la estigmatización de jóvenes.

Por otro lado, hay un elemento particular que cabe destacar. La información brindada por el GCBA categoriza a los hechos como “enfrentamientos”. Sin embargo, es muy dispar la relación entre particulares y funcionarios policiales y son “pocos los casos en los cuales se encuentran en una situación en la que realmente peligre su vida” o la de terceros, señala la ACVI. Para Busso, en lugar de ese término, hablamos de “abuso, uso indiscriminado de la fuerza o, al menos, negligente de la misma''. Revela la “falta de capacitación y ausencia de criterios de intervención basados en el principio racional”, puntualizan. La fuerza letal debería configurar la última de las opciones y la información brindada lo contrasta.

Al mismo tiempo, se sostiene que, de los hechos en los que participó la Policía de la Ciudad en 2019, existieron 61 en los cuales no se realizó el informe sobre lo ocurrido, por lo que se desconoce la información. Por lo tanto, ACVI infiere que el “número de particulares fallecidos y heridos podría ser mayor al informado”. Por su parte, Natalia D´Alessandro, presidenta de la Asociación, también en diálogo con APU, sostiene que desde el vamos “es una falencia que falten datos” y que, por consiguiente, “no se puede hacer un análisis completo de la situación”. La información faltante -identificación de la víctima o resultado de la intervención- se “podría reconstruir fácilmente si se pidieran los antecedentes de las actuaciones policiales que se labraron en ocasión de los hechos”, argumenta. 

Para D´Alessandro “cualquier política vinculada al control del uso de la fuerza” debería tener un “sistema de seguimiento e identificación de todas las partes involucradas” y toda intervención policial “un registro de los participantes del hecho más allá del resultado”. Vale mencionar también que, desde la organización, no han analizado la posible repercusión del aislamiento preventivo por la pandemia en los registros. “Hay un leve ascenso de los muertos en casos de gatillo fácil y puede preverse, entre otras, al nivel de conflictividad social desatado o a una mayor represión”, explica Busso. 

La Asociación Contra la Violencia Institucional concluye que resulta “necesario avanzar en un debate serio sobre la reforma de las leyes orgánicas de las fuerzas policiales y de seguridad”, contemplando la limitación del “armamento reglamentario” al momento en el que se están cumpliendo funciones. Desliza, además, que los resultados se ven, por ejemplo, en la Policía de Seguridad Aeroportuario (PSA), que “registra los índices más bajos de letalidad policial”. “Sólo en este sentido podremos desarrollar una verdadera política contra la violencia institucional”, cierra el informe.

Con ese objetivo trabajan en una iniciativa legislativa y buscan el acompañamiento no sólo de organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, sino también de la esfera política. “Reduciría gran parte del número de casos de violencia policial”, cree Busso. Es una discusión que “debe estar presente en cualquier debate sobre violencia institucional”, así como la “limitación del horario de ‘estado policial’”, dice D´Alessandro, y agrega que no tiene que estar “sólo el poder punitivo como único modo de intervención estatal frente al conflicto”. “Hay una necesidad de pensar la perspectiva de las políticas de seguridad en una sociedad enmarcada en el respeto irrestricto por los derechos humanos”, finaliza.