Caso Victoria Walsh: cómo reconstruyó la Justicia el operativo de calle Corro

Por Diego Kenis (*)

El juez federal Daniel Rafecas procesó el miércoles 2 a una decena de militares retirados del Ejército, entre ellos el presidente de la Unión de Promociones, coronel Guillermo Viola, acusados de participar en el operativo ilegal que el 29 de septiembre de 1976 truncó las vidas de cinco militantes del Secretariado Político de Montoneros, segundo peldaño de la organización luego de su conducción.

Detenidos en diciembre de 2021 y con prisión preventiva confirmada por Rafecas, los otros procesados son Carlos Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Montell, Hugo Pochón, Domingo Giordano, Héctor Godoy, Gustavo Juárez Matorras, Danilo González Ramos y Abel Re.

Con grados de teniente a capitán al momento de los hechos, todos pertenecían al Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101, con base en Ciudadela, dependencia del I Cuerpo de Ejército y participación en el andamiaje de la Subzona 1 “Capital Federal”, de acuerdo a la distribución geográfica de la represión clandestina.

La causa que ahora los encuentra procesados surgió de una presentación que en 2015 formuló el programa Verdad y Justicia, que había relevado y analizado documentos y testimonios.

Tanquetas y helicópteros en Villa Luro

Según sus propios registros, el GADA 101 cumplió un rol central en el operativo. En la noche del 28 de septiembre de 1976, los vecinos de Villa Luro habían detectado una inusual circulación de patrulleros en la zona. Desde el alba del día siguiente, las fuerzas militares y policiales se desplegaron por el barrio. Atemorizaron a las familias vecinas, ganaron techos y veredas y se enfocaron en la casa ubicada en el 105 de la calle Canónigo Miguel Calixto del Corro.

Los registros castrenses ubican en el lugar a tres oficiales superiores del GADA 101, 13 oficiales subalternos, 61 suboficiales y 134 soldados. Entre los militares de carrera, los que formaron parte del operativo representaban casi el 75% del total de la unidad.

En las calles se apostaron tanquetas blindadas con ametralladoras y automóviles, mientras en el cielo sobrevolaban helicópteros. Hacia las 9 de la mañana, la vivienda comenzó a ser blanco del fuego. La acción no se detendría hasta pasadas las 11, dejando destruido el edificio. “Solamente dos soldados resultaron heridos”, indicó la información oficial, muestra patente de la desproporción de lo que llamó “la lucha”.

Los disparos del Ejército acabaron con las vidas de Alberto Molinas Benuzzi, José Carlos Coronel, Ismael Salame e Ignacio Beltrán. María Victoria Walsh, hija del escritor y periodista militante Rodolfo Walsh, se disparó en la sien para evitar ser capturada con vida por los represores. En el momento de su muerte era responsable de Prensa del frente fabril de la organización. Los diez militares procesados están acusados por los asesinatos de las cuatro primeras víctimas y la tentativa de homicidio de María Victoria. 

El operativo represivo incluyó además los secuestros de Lucy Matilde Gómez y su hijo de 16 años, Juan Cristóbal Mainer, que vivían en el lugar, más los de su hija Maricel Mainer y su yerno, Ramón Baravalle, que estaban de visita en medio de una mudanza de Santa Fe a Buenos Aires. Los cuatro pasaron por el centro clandestino de detención conocido como El Vesubio y por la Superintendencia de Seguridad Federal. Por sus privaciones ilegales de la libertad deberán responder los ahora procesados.

Los represores también se llevaron a Milagros Mainer, que era la menor de la familia y se encontraba en la escuela, y a Victoria Costa, una beba de un año que estaba dentro de la vivienda asediada. Era hija de María Victoria Walsh. Estaban juntas porque María Victoria no había encontrado quién pudiera cuidar a su beba en la noche de aquel 28 de septiembre en que ella cumplía 26 años. Las niñas finalmente fueron devueltas a sus familiares.

La guarda de la Memoria

El autor de Operación Masacre participaba de una reunión cuando dedujo el nombre de María Victoria en la mala locución del comunicado oficial sobre las personas muertas en la casa de la calle Corro. Su primera reacción fue santiguarse “como cuando era chico”. Suspendió su actividad, habló con la madre de su hija y transitó una tristeza no exenta de orgullo, que plasmó en dos textos.

“No podré despedirme, vos sabés por qué. Nosotros morimos perseguidos, en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, te celebro y quizá te envidio, querida mía”, escribió en la que tituló “Carta a Vicki”.

En otro, encabezado como “Carta a mis amigos”, repasa la vida y la militancia de María Victoria, las “decisiones firmes y claras” que la distinguían, y reconstruye la mañana de su muerte. “El comunicado del Ejército que publicaron los diarios no difiere demasiado, en esta oportunidad, de los hechos”, concluye.

Para alcanzar ese grado de certeza se basó en otra de las fuentes cuya consulta amplió, 45 años después, el juez Rafecas para procesar a una decena de los responsables: el testimonio de un conscripto obligado a participar del operativo, que recogió en ejercicio del más terrestre de sus oficios.

En primera persona

Hasta su eliminación tras el homicidio de Omar Carrasco, perpetrado en 1994, el servicio militar obligatorio fue históricamente oportunidad de abusos sobre los jóvenes de alrededor de 20 años que lo cumplían. El coloquial “colimba” con que se los llamaba, porque «corre, limpia y barre”, ilustra al respecto. Durante la última dictadura, la situación se agravó con la hipótesis del conflicto limítrofe con Chile y la guerra del Atlántico Sur, donde además se registraron casos de torturas sobre la propia tropa.

El Terrorismo de Estado también se cobró víctimas en el continente, contándose entre uno y dos centenares el número de conscriptos asesinados, secuestrados y desaparecidos. Por su parte, cientos fueron obligados a participar de operativos represivos. Desde hace años, el Estado y los organismos de derechos humanos buscan sus testimonios sobre “cosas que hubieras preferido no ver”.

El Juzgado Federal 3 a cargo de Rafecas ha prestado especial atención al aporte de ex conscriptos. En el caso particular de lo ocurrido en Villa Luro, recibió las declaraciones de 81 personas que cumplían el servicio militar obligatorio en las tres baterías que integraban el GADA 101 al momento de los hechos. 40 de los testigos habían sido movilizados hasta el lugar y otros seis refirieron no haber concurrido, pero pudieron sumar datos por pertenecer a la unidad.

Los testimonios recogidos permitieron al magistrado corroborar lo plasmado en fuentes documentales, incluyendo la participación de los represores procesados. Los relatos también coinciden en graficar una nítida desproporción de fuerzas, distribuyéndose las represivas en sucesivos cercos alrededor de la casa atacada. En el primero se apostaron principalmente los oficiales, las tanquetas con ametralladoras y varios automóviles. Un radio de varias manzanas estaba cercado por nuevas líneas de soldados y policías. En ese punto surge otra afirmación común, en torno a la participación de fuerzas policiales y posiblemente de Gendarmería en el operativo. También de agentes de civil, identificados con un pañuelo blanco atado en sus brazos, apuntaron los colimbas.

Por la cantidad de estruendos, ni aún a los soldados más alejados de la casa se les escapaba que el objetivo de los disparos había sido terminar con las vidas de quienes estaban dentro. Para algunos es difícil olvidar la satisfacción que brotaba de los ojos de sus superiores al verificar las muertes, o que muchos de ellos eran a su vez jefes terribles en el cuartel, donde descargaban duros castigos físicos sobre sus conscriptos.

Otros testimonios sumaron los recuerdos de la escasa preparación con que contaban o el temor que percibían en el rostro de sus compañeros, como reflejo del propio. Hubo quienes pudieron ver los cuerpos de algunas de las personas asesinadas, el secuestro de una de las sobrevivientes o el robo de un electrodoméstico que no había sido impactado por ninguno de los proyectiles que hicieron blanco en la casa. Cuando retornaron al cuartel, uno de los jefes les dijo que habían tenido su bautismo de fuego.

Reclamo y confesión

Al material probatorio analizado por el juez –registros y comunicados oficiales, notas de prensa, el texto de Walsh y los mencionados testimonios– se suman los reclamos burocráticos formulados ante sus superiores por represores que destacaban, entre sus méritos, haber tenido participación en el operativo de la calle Corro.

El primer día de noviembre de 1983, dos después de las primeras  elecciones postdictatoriales, el fallecido represor Julio César Romano se dirigió al comandante en jefe del Ejército para protestar por una calificación que le impidió ascender a coronel. Con grado de mayor al momento de los hechos, Romano encabezó el accionar represivo de aquella mañana de septiembre. En su reclamo, recuerda que “planifiqué, expuse y llevé a cabo” una acción que fecha en 1976 y sitúa en la porteña calle Corro, añadiendo que en la casa se encontraban “altos dirigentes” de Montoneros.

Algo similar ocurre con la nota en que Ernesto Nabo Barreiro cuestionó, el 30 de abril de 1977, la calificación que le había sido otorgada por su desempeño en los meses previos. Teniente primero por entonces, integraba el Destacamento de Inteligencia 141 de Córdoba. Como contó Facundo Fernández Barrio en El Cohete a la Luna, Barreiro cumplió un rol clave en el operativo del 29 de septiembre de 1976. De acuerdo a sus propios dichos, en Córdoba inició “un trabajo de investigación” –eufemismo para referirse a delitos que, a su vez, llevarían a otros– que luego continuó en Buenos Aires hasta concretar la “operación realizada en la finca de Yerbal y Corro”. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación analizó el legajo de Barreiro y lo aportó a la causa, solicitando ser querellante.

Ambos represores se congratulaban por haber sido felicitados por sus superiores por su participación en una operación ilegal que acabó con cinco muertes, derivó en cuatro secuestros y lastimó el corazón de padre pero no el orgullo militante de Rodolfo Walsh.

(*) Esta nota fue publicada en la edición de El Cohete a la Luna del domingo 6 de marzo de 2022. Es reproducida por AGENCIA PACO URONDO en el marco de un acuerdo editorial.