23 años del asesinato de “Sugus” Santillán: “Necesitamos con urgencia que la ley contra la violencia institucional salga”

Por Diego Moneta / Foto: Gentileza Lilia Saavedra

El 6 de junio de 1999, Ramón Santillán, de 21 años, fue asesinado en el paso nivel de la estación William Morris del ferrocarril San Martín, en Hurlingham. Ramón, más conocido como Sugus -por el personaje de los caramelos-, había ido a celebrar un triunfo de Boca Juniors y a una despedida que le habían organizado. “Nunca logré alejarme de esa sensación de vacío que produce la ausencia”, retrata Lilia Saavedra, su madre, en diálogo con AGENCIA PACO URONDO. “No hay nada ni nadie que pueda sanarme este dolor”.

El ferrocarril estaba en manos de la empresa Metropolitana y la seguridad concesionada a la compañía SUAT. Intentaron desligar su responsabilidad, pero se comprobó que Juan Sebastián Acosta, jefe de personal del sector y cabo de Gendarmería, fue quien disparó y asesinó al joven, amenazado reiteradas veces con anterioridad por los guardias. Ramón había intercedido para que dejaran de agredir a otra persona y, tras forcejear y bajar del vagón, fue fusilado por Acosta. “A Sugus lo mataron por ser solidario”, expresa Lilia.

A pesar de distintas versiones cruzadas, los peritajes y la gran cantidad de testigos no sólo ratificaron la responsabilidad de Acosta sino también el uso de balas huecas, prohibidas por la Convención de Ginebra. Sin embargo, fue condenado a diez años de prisión domiciliaria que, tras cuatro años de demora, fue descartada por Federico Dóminguez, titular de la Cámara de Casación de La Plata. La investigación avanzó por la insistencia y presión de Lilia, que llegó a encadenarse en las puertas de la oficina de Domínguez. “En William Morris hay muchos Sugus y ni siquiera fueron mencionados por medios locales”, afirma la madre. 

En paralelo, creó la Fundación Vidas En Interacción, que asesora a víctimas de gatillo fácil y colabora con clubes barriales. A partir de allí, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, llevó a cabo dos proyectos: primero, lo que hoy se conoce como Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad, que funciona desde noviembre de 2004 y su novedad radicaba en incluir un consejo de familiares; segundo, el programa Nación Zonámbula, regional y federal, que estuvo doce años al aire en la Televisión Pública. El viernes pasado Lilia Saavedra fue distinguida por la labor de la fundación en el Colegio Nacional de La Plata. 

Tras dos años de pandemia, volverán a homenajear a la memoria de Sugus en el paso nivel de Arguibel y Villegas, frente a la estación William Morris, como lo hacen desde 1999. El sábado 11, a las 14 hs, se llevará a cabo el acto, junto a familiares, amigos, madres de víctimas, organizaciones sociales y políticas y vecinos del lugar. 

Proyecto contra la violencia institucional

Saavedra define a la violencia institucional como una “matriz del terrorismo de Estado que sigue intacta en las fuerzas de seguridad”. Desde su paso, a comienzos de siglo, como asesora de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, recuerda que hay proyectos circulando que nunca prosperaron, lo cual le genera preocupación dado que “no es un problema de un gobierno o partido político” sino una “deuda de la democracia para con su pueblo y principalmente con las víctimas, transversal a la política y la sociedad”. 

A pesar de considerarla importante y celebrar la iniciativa actual, acompañada por un grupo de legisladores nacionales del Frente de Todos y que cuenta con dictamen de mayoría desde julio del año pasado, lamenta la falta de apertura para distintos puntos que ella considera faltantes. “Fuimos convocados a llevar y debatir propuestas para ayudar en la redacción y se nos entregó una copia ya armada”, explica. “Las madres tenemos que estar dentro del debate porque somos muchas las que venimos batallando esta lucha colectiva y la política tiene que entender que estamos para colaborar”, agrega.

“Necesitamos con suma urgencia que éste proyecto de ley salga. En estas idas y vueltas se nos va la vida de nuestros jóvenes”, puntualiza. A la espera de una nueva convocatoria, Lilia Saavedra, a partir de su experiencia y conocimiento y como representante de su Fundación, acerca las siguientes propuestas, expuestas en una de las reuniones de comisión: 

1. Los hechos de violencia institucional donde estén involucradas las fuerzas de seguridad deben ser tratados como crímenes de Estado en democracia, considerando el agravante del perfilamiento racial. No existen hasta ahora estadísticas que permitan generar políticas públicas para parar el flagelo del racismo.
2. Las causas no pueden prescribir.
3. Patrocinio legal y gratuito para las víctimas y sus familiares.   
4. Un teléfono de contacto de tres dígitos, gratuito y federal, disponible las 24 horas y los 365 días del año para recibir denuncias. También permitiría ir elaborando estadísticas sobre los casos de violencia institucional.  
5. Las condenas deben ser de cumplimiento efectivo y en cárcel común. 
6. Democratización de las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo a la sociedad civil y a organizaciones sociales ocupadas en la temática y teniendo en cuenta que el principal requisito es la formación y compromiso en la defensa irrestricta de los Derechos Humanos.
7. Incluir dentro de la currícula de la carrera de estudio para todas las fuerzas de seguridad la formación educativa en materia de Derechos Humanos.
8. Pronta democratización y reforma de la justicia para cambiar perspectivas clasistas y racistas, que se ven reflejadas en los fallos y en el accionar de las fuerzas.
9. Condenar a los medios de comunicación en todos sus soportes que criminalizan, falsean, desinforman, mienten u operan a favor de los responsables o de jueces cómplices.

“Las madres podremos estar dolidas, pero jamás vencidas. Luchamos todos los días por los que no están. Mientras haya un chico asesinado, vamos a estar ahí”, finalizó Lilia Saavedra.