La energía por el mango, por Fernando Pane

Por Fernando Pane

En la escuela secundaria aprendimos el principio de conservación de la energía, aquel que dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma en otro tipo de energía. Para obtener la energía útil basta con saber transformar algún otro tipo de energía en ésta. Contamos con tecnologías en constante desarrollo que se ponen en juego para ello, estudiamos sus principios, investigamos sus técnicas, evaluamos sus costos e innovamos para mejorarlas y optimizarlas.

Sin embargo, es poco lo que se ha estudiado sobre transformar la energía política en energía social y aunque pudiera caber para cualquier escenario me atendré solo a un tipo en particular mas no por ello de baja relevancia: la energía eléctrica. 

Permítanme antes cercar estos términos de una forma casi científica en función de comprender el análisis y definir la energía política como aquella capacidad que posee el sujeto político en cualquiera de sus cargos y en cualquiera de sus organizaciones y espacios sociales de llevar a cabo el trabajo que luego pueda ser entendido como la acción de gestionar, administrar, liderar, etc. Podríamos entonces juzgar el rendimiento del actor político o el grupo de actores simplemente en la relación entre los trabajos logrados y la energía puesta a disposición. Y como sucediera en el funcionamiento de un mecanismo de dos máquinas vinculadas mediante un eje solidario al movimiento de una para con la otra, estas acciones se resignifican como energía social que reside en los grupos civiles, colectivos poblacionales que la usarán en pos del bienestar y de abastecer la calidad de vida. 

¿Es actualmente la energía política suficiente como para vencer la inercia y obtener energía social? Es evidente que a veces no, basta con ver las insatisfechas necesidades de la sociedad y la marcada desigualdad dentro de la misma geografía circundante.

Pero dije que solo me abocaría a la electricidad por lo que me limitaré a identificar las falencias en la transformación energética político-social que se presentan casi a diario estas últimas semanas en el mundo. Gas es la palabra de tendencia europea hace un tiempo y acentuada desde el conflicto de Rusia, principal abastecedor gasífero de todo el continente, por ser la figurita de intercambio que nadie tiene y todos necesitan como fuente para energía eléctrica justo cuando el sofocante verano amenaza al abastecimiento de la demanda. La incertidumbre por el suministro de gas ruso pone a prueba el ingenio de transformación de energía política en energía social y las respuestas son de lo más variadas: Francia renacionalizó su empresa eléctrica (EDF) con el objetivo de controlar los precios desde el Estado. La empresa alemana pidió el rescate al gobierno y este autorizó reflejar la suba del precio del gas a las tarifas. España y Portugal le ponen tope al precio del gas mediante un programa de grandes subsidios a las centrales termoeléctricas.

Algunos países retomaron planes estratégicos en materia de energía nuclear aun cuando se habían pronunciado durante el último lustro orgullosamente libres de estos (incluso habiendo desmantelado parte de la estructura nuclear) y a favor de las energías renovables. Otros ya miran con buenos ojos la vieja opción del carbón, uno de los métodos de generación eléctrica más contaminantes y que tiene a China e India como países dominantes de la importación. Intervencionistas o no tanto, hay un factor común en todas las estrategias de la Unión Europea respecto al abastecimiento interno de la demanda que rige en el uso de la energía política y son los costos de transformarla que, como dije al comienzo, integra necesariamente la evaluación del proceso mas no es suficiente para determinar las acciones menester de este. Atender eficazmente los costos, pero desatender el resto de las variables político-sociales puede dar como resultado un rendimiento muy pobre en la transformación y esto se traduce en bajos niveles de energía social útil. Tanto residentes, comerciales e industriales europeos pagan un precio de energía que se eleva, están limitados en su uso y no tienen certeza de suministro en el corto plazo, todo esto en medio de una crisis climática y en plena recuperación económica postpandemia. 

En Argentina mucho se ha hablado de Vaca Muerta, transición energética, electromovilidad, hidrógeno verde, carbonato de litio, petroleras off shore, Atucha III, represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, etcétera, los recursos naturales sobran, los temas se instalan y el debate se abre en varios focos involucrados (quizás no los suficientes). Pero del dicho al hecho hay un largo trecho o mejor dicho un gasoducto o bien una línea de transmisión de alta tensión que representa el resultado de la transformación energética política social. Y en esos entornos de acción política es que se observa la falta de ingenio para lograr que la energía social alcance. Fueron temas energéticos los que han puesto en desequilibrio a dos de los Ministerios más importantes de la Nación como el Ministerio de Economía y el Ministerio de Producción dando cuenta de la importancia que resulta para el país contar con energía política usada en un buen trabajo político en materia energética que sepa administrar y gestionar los recursos, pero también bien transformada en una energía social que signifique para el ciudadano argentino un abastecimiento eléctrico seguro, de calidad y confiable. 

Nuevamente, los costos son tema aparte no porque tomen un camino diverso sino por la complejidad que resulta para la economía social y el impacto que conlleva. La actual segmentación tarifaria puesta en marcha amerita otra sala de extenso debate que poco se ha dado y mucho se nota en las debilidades del plan, las inseguridades para el usuario y el golpe al bolsillo. 

Todo esto dentro de un contexto económico intervenido por los organismos de crédito internacional que trajo el macrismo y golpeado por las pérdidas de la pandemia luego. La desigualdad social a la fecha requiere de un Estado presente que garantice que la energía social no sea consumida solo por quien menos tiene sino comenzando por quienes más recibieron. De allí que la segmentación de los subsidios a las tarifas eléctricas resulta una herramienta necesaria para dar esta garantía.

Además, la población crece, las necesidades se incrementan y la demanda aumenta, esto ha sucedido siempre, aún durante las peores crisis. Atender esta demanda implica planificar en tiempo y forma cómo cubrirla. Sobrados ejemplos tenemos en Argentina de buenas y malas experiencias, éxitos en la transformación de energía política a energía social como el caso de Atucha I y Embalse dentro de un plan estratégico nacional de energía nuclear argentina. Y ciertos fracasos como los apagones o cortes programados por no poder cumplir con abastecer el consumo eléctrico. Planear Atucha III y ampliar Yaciretá con el brazo de Aña Cuá será muy necesario para la demanda futura del sistema. En cambio, frenar las hidroeléctricas patagónicas podría significar un costo muy alto.
Lo cierto es que, al igual que en la UE, aunque por distintos motivos que lo originan, los costos son aquí también el tema por el cual se toma en principal consideración a la hora de establecer estrategias de implementación de la energía política. Si no se ha de integrar el resto de los parámetros que interceden en la transformación solamente me resta por esperar que la dirección del trabajo que se realice por la energía política sea en sentido de la soberanía energética nacional, en el buen uso del poder cognitivo de nuestros técnicos e ingenieros, en el cuidado de estos y en el desarrollo industrial y productivo argentino. Al menos así, será más justo y la energía social que resulte acumulada en el tiempo más temprano o más tarde el pueblo la considerará suficiente. Si así no lo fuera que la demande.

* El autor es Ingeniero electricista, docente UTN, miembro de GiDI (Grupo de investigación y Desarrollo de Ingeniería).