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Todos con Cristina
Es muy posible que la nominación de Alberto Fernández para encabezar la fórmula del "Frente de Todos" en las presidenciales del 2019 haya sido el más grande error político de Cristina, cuyas consecuencias estamos padeciendo todos, y ella misma en carne propia. Consecuencias que se proyectaron a la acción de gobierno más allá de los condicionantes preexistentes al inicio del mandato (como la herencia macrista), o sobrevinientes con posterioridad, como la pandemia o la guerra en Ucrania: hemos escrito bastante al respecto acá, y a lo dicho nos remitimos, en honor a la brevedad.
Otro tanto puede decirse respecto de la descripción de las prácticas de "lawfare" y como funcionan: el juicio que hoy se le sigue a Cristina debería ser estudiado como un ejemplo de lo que administración de justicia no deber ser; y los "repúblicos" no han dejado trapisonda por cometer, garantía constitucional por atropellar, norma por violar, con tal de conseguir su propósito: la condena de Cristina, y su proscripción política y electoral.
Nada nuevo bajo el sol, pero que les sirva de lección a los que -en tiempos en los que el kirchnerismo era gobierno- se bajaban del barco objetando sus formas, o planteando que había críticas opositoras razonables por temas que -en rigor- jamás le interesaron un carajo, como el respeto por las instituciones; o la credibilidad de las estadísticas oficiales.
Entre ellos, el actual presidente y su ministro de Economía, sin ir más lejos; los mismos que van a designar -ahora, en medio del escarnio judicial a la vicepresidenta- como segundo del ministerio a un personaje cuyo único mérito visible es haberla vituperado en las redes sociales. Los mismos que creían que esta justicia putrefacta que tenemos, se iba a "autodepurar".
Antes que eso y a diario vemos otra de las consecuencias del "lawfare", del cual -como dijimos en su momento- la propia candidatura presidencial de Alberto Fernández es consecuencia: el abandono sistemático y deliberado del programa electoral votado en 2019, que ya ni se toman la molestia de justificar bajo la excusa o atajo de que "no da la correlación de fuerzas". Hecho más grave aún que el intento de proscribir a Cristina.
Porque el "lawfare" (o para decirlo en criollo, la persecución judicial de los adversarios políticos) también se instrumenta para disciplinar y escarmentar sobre rumbos que no se deben seguir, decisiones que no se pueden tomar, temas con los que mejor no meterse. Y tiene un éxito formidable en ese propósito, a juzgar por los hechos.
Cumple así un rol complementario de los "golpes de mercado" para condicionar y definir la orientación general de un gobierno, más allá de las circunstancias electorales, o como vote la gente. Y en el caso particular de Cristina, también tiene el propósito de obturar toda alternativa política para salir de la crisis, que no sea la "coalición del 70 %" que propugna Larreta, y que auspicia hasta el embajador de los Estados Unidos.
De modo tal que la instrumentación del aparato judicial con fines políticos no es un problema ni de Cristina, ni del kirchnerismo: es un asunto de primer orden para todo el sistema político, para impedir que se vacíe de contenido a la democracia, reduciéndola a un conjunto de procedimientos formales vacíos de sentido, y sin posibilidad de modificar la realidad. No está en riesgo la libertad de CFK, está en riesgo la democracia, y no hay que tener miedo de señalarlo.
Frente a esto, y ante la evidencia incontrastable de una justicia politizada que obra como instrumento de la política (o de los intereses que la manejan para su propia conveniencia), la respuesta debe ser política, organizada y en las calles. Y a esos fines, poco importa a ésta altura quienes convocan, ni quienes acompañan, ni quiénes guardan silencio: como dijo Cristina el 9 de diciembre de 2015, va a pasar lo que nosotros queramos -o dejemos, o permitamos- que pase.
