El odio racial como agravante: histórica condena por el fusilamiento de Lucas González

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, estuvo presente este mediodía en los tribunales de Comodoro Py para acompañar a la familia de Lucas González en la lectura del veredicto que condenó a Gabriel Alejandro Isassi, Fabián Andrés López, y Juan José Nieva a prisión perpetua por homicidio quíntuplemente agravado en el crimen del joven. Durante el proceso judicial, la Secretaría se presentó como Amicus Curiae y observadora.

Además de las condenas a prisión perpetua, seis policías recibieron penas por los delitos de encubrimiento. Se trata del subcomisario Roberto Inca, y los comisarios Juan Horacio Romero, Fabián Du Santos, y Rodolfo Alejandro Ozán, quienes recibieron seis años de prisión. Además, el inspector Héctor Cuevas, una pena de 4 años y el oficial Sebastián Baidón ocho años de prisión por ser considerado autor del delito de torturas contra los sobrevivientes. En tanto, cinco policías fueron absueltos.

Cabe destacar que la sentencia de este caso marca un precedente al reconocer el odio racial como un factor agravante. Además, también reconoce como víctimas de la violencia institucional a los sobrevivientes y a los padres de los jóvenes afectados."El Estado está haciendo un gran esfuerzo para luchar contra la violencia institucional. Este fallo trae un poco de alivio para la familia, pero además genera una jurisprudencia importante”, aseguró Pietragalla Corti, quien además pidió que el Congreso Nacional trate el proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional que presentó la Secretaría.

Se trata de una propuesta que brinda herramientas para combatir la problemática y poder unificar políticas en todas las provincias del país. Entre otros puntos, dispone la creación de centros de denuncias provinciales; garantiza el acceso a la justicia; fija pautas procesales para investigar los hechos; crea un registro nacional y un observatorio con participación de las víctimas; otorga asistencia y reparación económica a las víctimas. Asimismo, establece un programa de formación para las fuerzas de seguridad, protocolos mínimos de actuación en el uso de armas de fuego y en manifestaciones públicas, políticas de control ciudadano, entre otras cuestiones.

El proyecto se realizó de manera articulada con organizaciones de familiares de víctimas de violencia institucional y con organismos de Derechos Humanos, teniendo en cuenta las recomendaciones recibidas por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desde 2020, la Secretaría gestionó a través del Centro de Denuncias 3525 casos de violencia institucional y brindó asesoramiento jurídico, acompañamiento psicosocial y gestiones con autoridades políticas responsables de la fuerza denunciada.

El caso

El 17 de noviembre de 2021, Lucas González junto con sus compañeros Joaquín Zúñiga, Julián Salas y Niven Huanca volvían de entrenar en el club Barracas Central y se dirigían a sus hogares, en la localidad de Florencio Varela, cuando un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Comuna 4 con policías de civil de la Ciudad de Buenos Aires, que responde al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, los interceptó para detenerlos. Al intentar escapar, los agentes los persiguieron y les dispararon. La pericia sobre el cuerpo de Lucas determinó que fue asesinado por un disparo en la cabeza.Los sobrevivientes, Zúñiga, Salas y Huanca fueron víctimas de torturas por parte de otros agentes, que además intentaron hacer pasar el hecho como un enfrentamiento. El juicio duró cuatro meses y contó con 50 testimonios.