Milei avanza con el desmantelamiento de la política en Ciencia y Tecnología

 El 27 de diciembre de 1996, mediante el Decreto 1660/96, se creó la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica dentro de la entonces Secretaría de Ciencia y Tecnología bajo la jurisdicción del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.

En el Art. 1° de la normativa citada, se indica que es un “organismo desconcentrado, cuya misión principal será la de organizar y administrar instrumento para la promoción y el fomento del desarrollo científico-tecnológico y de innovación tecnológica en el país”.

Sobre la base que es “necesario promover áreas de trabajo poco desarrolladas, atendiendo a una adecuada distribución en las diversas regiones del país, priorizando en todos los casos la calidad por encima de otras consideraciones”, en virtud de la “realización de planes y programas nacionales de Ciencia y Técnica, [para los cuales] es aconsejable contar con instrumentos promocionales y de financiación fuera del ámbito de las instituciones estatales y privadas que tienen responsabilidades de ejecución de actividades científicas y/o tecnológicas”, según “recomendaciones efectuadas por amplios sectores de la comunidad científico-tecnológica nacional” se hace necesario la creación de esta Agencia.

Además, en el propio texto, se cita que esto “se pone en evidencia en la National Science Foundation de los Estados Unidos de América, la Secretaría General del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo del Reino de España, los CONICIT de la República de Venezuela, República Oriental del Uruguay y República de Chile, COLCIENCIAS de la República de Colombia, el CNPQ de la República Federativa de Brasil y el CONACYT de los Estados Unidos Mexicanos, organismos que esencialmente se ocupan de la promoción de la ciencia y tecnología y no de la ejecución de dichas actividades”.

Es relativamente común escuchar las comparaciones lineales (o simples) entre gobiernos de Menem y de Miley. Lejos de ejercer una defensa en todo del gobierno de Menem, pero para trazar una diferencia con el de Miley, vemos que en uno se creó el instrumento mientras que en el otro se está matándolo, por dos vías: no nombrando a quien debiera ejercer la presidencia (por ende paralizándolo de todo acto administrativo), y restándole los fondos que les son propios, incluso cuando ello conlleve a violar compromisos contraídos por el Estado Nacional con organismos internaciones (sea de financiamiento como de promoción tecnocientífica).

“Nosotros dejamos una Agencia muy ordenada pero la transición fue frustrada. Al 30 de noviembre todas las solicitudes de fondos estaban pagas. Dejamos una Agencia muy distinta a la que encontramos, sin deudas. Con un fondo de reserva de 5000 millones de pesos, convenios con organismos multilaterales y una perspectiva de flujo de 225 millones de dólares de recursos para invertir en la Argentina en materia de CyT a través de la Agencia. Dejamos informes de cada una de las áreas. Todos esos informes no se lo pudimos entregar a nadie porque al día de hoy no está resuelto quién va a presidir la Agencia”, decía a TSS el presidente saliente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), Fernando Peirano, el 22 de diciembre de 2023.

El presidente Javier Milei, en su discurso de inicio a las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina, amén de hacer caracterizaciones antojadizas sin sustento en lo histórico –por ende, ideologizadas en el sentido negativo del término ideología– propuso el Pacto de Mayo (que junto a la propuesta del cierre de Télam puede contabilizarse como los únicos dos anuncios realizados). Como bien se ha dicho, se trató de “un discurso a la defensiva”, repetitivo y para su base.

El pacto que se propone (que por razones de síntesis está fuera de análisis en esta nota) es en virtud de la aprobación de los contenidos ya enunciados en el “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (Ley Ómnibus) [1].

Se vuelve patente la “inutilidad” de quienes hablan de eficiencia, en particular del Estado, algo que Milei “repite [desde] su época de panelista en Sin Codificar, cuando discutía con Yayo”. No designar personas competentes para ocupar un cargo, creado por el propio Estado, vuelve inútil todo lo que de él dependa –en este caso un “organismo desconcentrado, cuya misión principal será la de organizar y administrar instrumento para la promoción y el fomento del desarrollo científico-tecnológico y de innovación tecnológica en el país”–.

También, entre sentimientos de perplejidad y azoramiento, observamos la fragilidad de los cimientos institucionales sobre los que se han construido herramientas y organismos del Estado. Expresado en otros términos, que las decisiones técnico – administrativas no tengan consecuencia alguna sobre el mal desempeño de las funciones públicas. Quien ingresa a la administración de la cosa pública (res publica) lo hace sobre la base de la legislación vigente, y sobre esa base todo cambio es propio de las decisiones pluralmente democráticas que se construyen, muy en particular cuando se habla con permanencia y sin pertinencia de “bases”.

La opinión personal del párrafo antecedente está fundamentada en que, al 29 de febrero del corriente aquello que el 22 de diciembre de 2023 para Fernando Peirano era una preocupación, es el laissez faire et laissez passer (dejar hacer – dejar pasar) de este gobierno. Pero muy sobre todo “dejar de hacer” para que todo caiga, para que todo se derrumbe. Un “dejar de hacer” que es un abandono de la res publica, que no tiene ninguna (absolutamente ninguna) consecuencia en los ideólogos y los partícipes.

En Agencia I+D+i: Ciencia sin rumbo se pone de manifiesto este “dejar de hacer”. La nota comienza enunciado que a más de “de dos meses de la asunción del Gobierno de La Libertad Avanza, la Agencia I+D+i, el organismo responsable de la promoción y financiamiento de gran parte de los proyectos científico-tecnológicos de la Argentina, sigue sin tener responsable a cargo. Esta situación la mantiene en un estado de parálisis e incumpliendo con los compromisos asumidos tanto con quienes llevan adelante proyectos que han obtenido subsidios, como con organismos internacionales que le asignaron fondos a la Agencia por 225 millones de dólares para los próximos años pero que no se utilizan”.

Además, en esta nota (Agencia I+D+i: Ciencia sin rumbo) se consigna que “la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAYCyT) impulsó esta semana un proyecto a ser tratado en el Congreso de la Nación para solicitar informes al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Jefe de Gabinete de Ministros y el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, que fue presentado por la diputada nacional  Danya Tavela (UCR), y que cuenta también con el aval de otros legisladores de ese espacio y del bloque de diputados de Unión por la Patria”.

Además, la diputada Tavela indica que “no hay una administración funcionando y no es chiste, porque se está escuchado en varios lugares esto de que ‘bueno, en realidad no queremos que funcione porque lo que queremos es destruir el Estado’. Lo que vas a terminar haciendo es destruir gran parte de todos los avances científicos que se han hecho en el país en los últimos 40 años”.

Por su parte, Fernando Perirano reitera sus conceptualizaciones de diciembre, y dice que no se ejecutan “fondos que están disponibles, no es que no hay plata. Acá hay una decisión de no transferir los recursos y que está enmarcada en un solo objetivo, que es lograr el superávit mediante el incumplimiento de contratos”. Es decir, el pago regular de proyectos de investigación tecnocientífica (realizados mediante contrato entre instituciones) “quedó intervenido por Cosentino y por Jefatura de Gabinete. Han frenado pagos a los PICT (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica), a proyectos con empresas que estaban adquiriendo equipamiento, sueldos de personal de centros tecnológicos en el marco de programas de asistencia técnica y becarios que no han podido cobrar el total de la beca”, según relata el expresidente de la Agencia I+D+i, a lo que agrega que dicho organismo “tiene disponibles créditos del BID y del Banco Mundial, y que quedó con 5000 millones de pesos al final de nuestra gestión en diciembre”.

Es necesario agregar, al menos, un párrafo sobre Alejandro Cosentino, quien fue designado por el presidente Milei al frente del otrora Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y ahora Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Se trata de un “licenciado en Administración de Empresas y Contador Público de la Universidad Católica Argentina [que] proviene del mundo de los bancos, las finanzas y las tecnologías”. Suele definirse a sí mismo en inglés como un emprendedor disruptivo, y sostiene que llevará como política para el área de la ciencia y la tecnología una invitación a que existan asociaciones que emprendan e innoven, o, a decir de la Agencia de Noticias Científicas, “que se arreglen como puedan y que busquen la manera de financiarse”.

Estamos, sin exageración, frente a una crisis institucional desatada por los desatinos ideológicos del gobierno de Milei, que se ve con absoluta claridad al deshacer Telam, y que al observar los movimientos que da, es el faro sobre el que se parará para alumbrar todo el proceso de destrucción que se propone.

Un compañero escribe en un grupo de whatsapp que en el pasado el futuro era promisorio. Pienso en Walter Benjamin, por un instante, y digo que el ángel “ha vuelto el rostro hacia el futuro [de la Argentina]. Donde ante nosotros aparece una cadena de datos, él ve una única catástrofe que amontona incansablemente ruina tras ruina y se las va arrojando a los pies. Bien le gustaría detenerse, despertar a los matarán y recomponer lo que caerá destrozado”.

[1] Cuestión de estilo: releyendo algunos pasajes del mencionado proyecto, me doy cuenta en los cambios de tamaño de letra y espaciado en el texto, lo que muestra (de alguna manera) el ensamblado. Sin dudas que esto no empaña el contenido (no pretendo sustraerme a la cuestión de las formas.