Plan 90/10: ¿policialización de la seguridad para la persecución política?

El “Plan 90/10” fue presentado el 3/12/24 por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el objetivo de bajar los homicidios en las zonas de mayor densidad poblacional del país. El plan se sustenta en las estadísticas presentadas el 6/8/24. El hecho estadístico es que el 90% de los homicidios ocurren en el 10% del territorio nacional, esto es en 193 municipios que concentran el 70% de la población argentina. La acción estatal en estos territorios va desde intervención focalizada con las fuerzas policiales hasta el uso de tecnología para videovigilancia, georeferenciación e inteligencia artificial.

La Ministra plantea el objetivo de reducir ese 90% de homicidios que suceden en 193 municipios. Se va a comenzar con los municipios que tienen más población y mayor concentración de homicidios. Bullrich expresó en conferencia que no necesariamente son los que tienen las tasas más altas y que en esta etapa se verá más circulación de las fuerzas policiales y de seguridad. En esta conferencia la ministra sostiene que en el mes de diciembre del 2024 se alcanzará la tasa de homicidios más baja de la historia argentina y que se va a trabajar en generar información para identificar patrones, actores y dinámicas delictivas. Establece también que se va a implementar un sistema de monitoreo y evaluación para medir el impacto de este plan. El interrogante es en relación a si es el Plan 90/10 tiene un diseño con base estadística o si responde más a una lógica de policialización de las políticas en seguridad.

La estadística

Sobre esta política pública sostienen que se diseña a partir de los datos presentados en agosto, con relación a la disminución del índice de homicidios en el primer semestre del 2024. La idea que manejan es que si la mayoría de los homicidios suceden en el 10% del territorio nacional, entonces la intervención debe estar focalizada en esos lugares, para disminuir aún más la tasa del 4,4% de homicidios a nivel nacional. Los datos provienen del “Sistema Nacional de Información Criminal” que se articula con todas las provincias y la Capital Federal. Estos datos son del 2023.

La secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó en la conferencia que la evidencia que arroja el Plan Bandera en Rosario demuestra que la presencia de las Fuerzas Federales fue fundamental para disminuir en un 72% los homicidios en Rosario. Por lo tanto, se puede suponer que la intervención implícita en el Plan 90/10 está vinculada con mayor presencia policial, en el conjunto de municipios que concentran el 70% de la población argentina. Ahora bien, si los recursos humanos y logísticos de las Fuerzas Policiales y Seguridad son limitados, entonces cabe preguntarse si se quitarán recursos de un municipio para destinarlos a otro.

La ministra en la conferencia realizada para mostrar estas estadísticas sostuvo que la tasa del 4,4% de homicidios, que se proyectaba a la baja, iba a poner al país entre los más seguros. Lo mismo sostuvo en el Foro America Libre realizado en México. Bullrich dijo que en el 2024 Argentina es el país más seguro de América Latina. Más allá de las declaraciones cabe destacar que en el diseño de una política pública, como es el Plan 90/10, contar con insumos estadísticos para elaborarla es importante. Sin embargo, no asegura que la conclusión a la que arriban para la implementación sea la correcta.

La policialización 

El concepto de policialización hace referencia a la situación en donde la conducción política permite la delegación de la gestión en materia de seguridad pública a las cúpulas de las fuerzas policiales y de seguridad. A cambio las cúpulas prometen una situación de seguridad estable sin sobresaltos sociales y también pueden establecer los lineamientos en materia de seguridad, siempre instrumentalizados por los uniformados. Asimismo, esta práctica está sujeta al concepto del “Doble Pacto” descripto por Marcelo Sain, ex ministro de Seguridad de Santa Fe.

El Plan 90/10 tiene una marcada tendencia a utilizar a las fuerzas policiales y de seguridad como instrumento de disciplinamiento social. Se traduce en el hecho por el cual las fuerzas parecen ser el único instrumento para combatir el delito, pero que son acciones reactivas. Por otro lado cabe preguntarse sobre el presupuesto con el que disponen las fuerzas y el propio Ministerio de Seguridad, cuando se desfinancian otras áreas.

En el marco de esta policialización, hay que prestarle atención a la Ley Antimafia que sancionó el gobierno este jueves, porque amplía la capacidad de acción que van a tener las fuerzas policiales y de seguridad para perseguir un objeto difuso en la ley.

Zona Sujeta de Investigación Especial

En la “Ley Antimafia” en el artículo 4 establece la existencia, a pedido de distintas instancias jurisdiccionales, de una zona en la que las fuerzas policiales y de seguridad tienen determinadas capacidades de acción. Estas acciones están vinculadas a mayor posibilidades de intervención, como por ejemplo: detenciones desde 48hs hasta 30 días, incautaciones, realizar requisas, allanamientos e interceptar comunicaciones. En principio ni la Ley Antimafia en sí, ni esta zona de investigación, ni las acciones de las fuerzas, son malas por sí mismas. Pero hay que reflexionar sobre el concepto de “policialización” en relación a las capacidades y atribuciones que se amplían para las fuerzas policiales y de seguridad. También sobre si estas atribuciones o legalizaciones de prácticas dudosas a disposición de las fuerzas para contener el delito, no tienen como contraparte obedecer a la persecución política por parte del Gobierno Nacional en un contexto de tensión social.

El Plan 90/10 establece de manera estadística las zonas o territorios en donde se cometen mayor cantidad de homicidios, por otra parte la Zona Sujeta de Investigación Especial establece en donde se sitúan organizaciones criminales que cometen delitos para habilitar determinadas prácticas que puedan realizar las Fuerzas de Seguridad. ¿Se las puede pensar como similares o complementarias o ambas?

El Doble Pacto

Durante el 2024, en el primer año de gestión de Bullrich, hubo distintas políticas públicas destinadas a las fuerzas policiales y de seguridad que las benefician como cuerpo. Por ejemplo la asistencia legal para causas que resulten como consecuencia del ejercicio de sus funciones, incluye a retirados (Res. 159/24), la resolución que establece el uso de armas de fuego para los miembros de las fuerzas (Res. 125/24) y el conocido “Protocolo Antipiquete” en donde la norma expresa que es para ofrecerles a los miembros un marco de certezas para su actuar (Res. 943/23).

En términos de discurso bajo el lema “Cuidar a los que nos cuidan” también se puede observar como existe una ponderación sobre esta cuestión. En la conferencia para la presentación del reglamento para el empleo de armas de fuego, la Ministra Bullrich contó que le preguntó al Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, por qué creia que no había enfrentamientos con la policía, este le contestó que era porque los policías que tuvieron un enfrentamiento estaban presos y entonces nadie quiere tirar. Habría que preguntarse ¿si los policías presos en Rosario durante los últimos 10 años son por causas vinculadas a enfrentamientos o vinculadas a la convivencia con el narcotráfico?

Por lo tanto este “Doble Pacto” político-policial se sustenta en un acuerdo donde la política no interfiere en las prácticas policiales y en otro acuerdo donde la policía asegura el control del delito para que no dé lugar a coyunturas críticas. En esta gestión de Bullrich además se les brinda más herramientas legales a las fuerzas policiales y de seguridad, asimismo habría que ver si los hechos de persecución política a dirigentes sindicales, sociales, políticos, se intensifican utilizando como brazo ejecutor a las fuerzas que están bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

Estos pactos encuentran fisuras cuando bajo la consigna “inseguridad” se plantean demandas sociales, producto de distintos hechos violentos que cuando llegan a los medios de comunicación retroalimentan esa inseguridad. No es negar los hechos delictivos, sino prestar atención a su génesis y a cómo se fractura el pacto político-policial. Asimismo, preguntarse ¿es posible depositar en las policías y las fuerzas de seguridad la responsabilidad total para prevenir los delitos? cuando la dinámica delictiva suele estar atravesada por otras aristas que no involucran al quehacer policial, como por ejemplo la desigualdad que sufren muchísimas personas imposibilitadas de obtener medios legales para alcanzar distintas metas culturales.

Por lo tanto es necesario reflexionar alrededor del concepto de policialización, para no caer en la trampa de discutir desde una perspectiva punitivista o garantista como plantea Patricia Bullrich. Desde que la Ley Antimafia fue sancionada por el Senado el pasado jueves 20/2, habrá que estar atentos a la reglamentación e implementación, teniendo como referencia lo que sucede con el Plan 90/10.