La herida por la masacre de Napalpí sigue abierta

Por Vidal Mario, en diarionorte.com I El Ejecutivo Nacional, el Congreso Nacional y la Justicia Nacional tienen para con los tobas y mocovíes del Chaco una deuda que desde hace 88 años busca justicia y reparación. La deuda se originó cuando en la mañana del 19 de julio de 1924, en el marco de la primera y única huelga agraria aborigen que conoce el país, centenares de hombres, mujeres y niños de de las mencionadas etnias fueron masacrados por fuerzas policiales del antiguo Territorio Nacional del Chaco.

La masacre tuvo lugar en los campos de la Reducción de Napalpí, actual Colonia Aborigen Chaco, a unos cien kilómetros de Resistencia.

Como ya lo hiciera con Napalpí, la herida abierta, en mi nuevo libro Napalpí, prologado por Luís Landriscina, que se presentará éste 19 de julio en Resistencia y el 23 de agosto en el Congreso Nacional, presento nuevos detalles de dicha matanza. De enorme impacto nacional en su momento, con el tiempo y con la complicidad oficial aquella tragedia se fue diluyendo en el olvido y en la impunidad.

Interpelación parlamentaria

En histórica interpelación parlamentaria, Vicente S. Gallo, ministro del Interior de Marcelo T. de Alvear, debió comparecer ante el Congreso Nacional por aquel hecho. La sesión extraordinaria se inició a las doce de la noche y terminó a las 6 de la mañana del 4 de septiembre de 1924. A lo largo de seis horas el diputado socialista Francisco Pérez Leirós fue denunciando, con pruebas palmarias, “hechos que parecen propios de la pesadilla de un loco”.

“El país reclama justicia dijo el legislador-: debemos aparecer ante el mundo como nación civilizada que castiga a los bárbaros. El Gobierno debe demostrar que no quiere manchar sus prestigios por la acción de hombres que por encontrarse a mil kilómetros de Buenos Aires creen que pueden proceder como se procedía en un feudo hace 500 años”.

Como corolario de la interpelación, dos proyectos de resolución fueron presentados.

Uno pedía la inmediata destitución del mafioso gobernador del Chaco, Fernando Centeno, cuya gestión fue sintetizada con estas palabras: “Muy malos gobiernos hemos visto en el Chaco, pero como el de Centeno, os juramos que ninguno”.

El otro proyecto reclamaba la constitución de una comisión parlamentaria de siete miembros para investigar “cuántos fueron realmente los indios que murieron en el ataque de Napalpí”.

Se hizo la votación. El radicalismo hizo pesar su mayoría y los proyectos de la bancada socialista fueron rechazados. Consecuentemente no hubo comisión investigadora ni exoneración para el gobernador Centeno, a quien Alvear mantuvo en su cargo.

Días después de la referida interpelación del 4 de septiembre de 1924, a pedido del diputado nacional Francisco Pérez Leirós, se añadió al Diario de Sesiones de aquel día un extenso informe titulado “Los sucesos de Napalpí”. El documento, a cuyo autor para protegerlo de las represalias de Centeno sólo identificaron como “una persona autorizada que ha hecho una prolija investigación sobre la pretendida sublevación indígena”, empezaba diciendo:
“Ya me encuentro en el teatro de los sucesos, donde me encuentro con que el caso es mucho más grave de lo que uno imaginaba.

Los indios mataron a un francés, al peón de un tal González y robaron en un rancho abandonado por los dueños. Es lo único cierto que he sabido que hicieron.

En cambio la policía, en número que no debe haber bajado de ochenta hombres, a las 8 de la mañana del 19 de julio sitió la toldería que se decía amotinada. Tiraron unos cuatro mil tiros, luego ultimaron a los heridos y degollaron a varias de las víctimas.

Llegaron al extremo de cortar los testículos a uno y a otros las orejas, las que pusieron en exhibición en la comisaría de Quitilipi. Parece que no escapó ninguno y el número de muertos, entre los cuales hay mujeres y niños, no puedo darlo todavía”.

Piadosa tierra que todo lo cubre

Informes posteriores elevaron la cantidad de muertos a centenares por cuanto después de la masacre numerosas partidas policiales siguieron internándose en los montes para ultimar a los sobrevivientes que encontraran allí escondidos, cuyos cadáveres quemaban.

Las denuncias sobre Napalpí fueron archivadas y estuvieron sepultadas en las entrañas de la Cámara de Diputados de la Nación hasta que setenta años después los desenterró otro legislador, el chaqueño Claudio Mendoza.

Hasta el día de hoy, como las piadosas tierras que cubrieran las fosas comunes en que arrojaron a las víctimas, la impunidad sigue cubriendo la masacre de Napalpí.

En el 2005, amparadas en el nuevo concepto legal de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, los tobas y mocovíes presentaron una demanda por 116 millones de dólares contra el Estado Nacional, en concepto de reparación histórica.

El expediente está en el Juzgado Federal de Resistencia. ¿Habrá alguna vez justicia para los inmolados en Napalpí y sus descendientes, o a la injusticia del crimen se añadirá la injusticia del olvido?.