Calcaterra y la cartelización de la obra pública

Por Juan Cruz Guido

Luego de que se conociera el acuerdo alcanzado por la constructora brasilera Oldebrecht con la justicia norteamericana, suiza y brasilera, varios medios argentinos se hicieron eco de la declaración de Marcelo Odelbrecht, que lleva preso un año en Brasil, donde confesó haber pagado coimas en doce países incluidos la Argentina.

Más allá de lo dudoso que puede ser un régimen de “delación premiada”, como del que forma parte el empresario brasilero, su declaración despertó polémica en el exasperado ambiente argentino con respecto a la corrupción y la obra pública.

Lo que los medios han omitido es referir a los socios argentinos del gigante de la construcción del país vecino. Una de las obras más ambiciosas que encaró el conglomerado brasilero fue el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. La obra, licitada en varias ocasiones, finalmente consiguió el financiamiento en una alianza liderada por IESCA de Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri, en sociedad estratégica con Ghella, el histórico holding italiano de la construcción que sirvió de pilar para que Ángelo pudiera “comprarle” el álfil de batalla del Grupo SOCMA a su tío Franco Macri.

El 23 de Junio, el Poder Ejecutivo Nacional había ordenado un decreto de necesidad y urgencia (797/2016) que, entre otras atribuciones, ampliaba el endeudamiento externo, a la vez que habilitaba $ 100.000 millones "para concretar diversas obras en los próximos años". Justamente el techado del ferrocarril Sarmiento desde Caballito hasta Haedo ocupa el 50% de esa ampliación. Se asignan partidas por 45 millones de pesos para beneficiar la obra adjudicada de manera directa por la nueva administración nacional al consorcio liderado por IECSA, pero con la participación de las mencionadas Ghella y Odebrecht.

La actual declaración del representante del conglomerado de la contrucción brasilera, que acordó declarar “haber pagado sobreprecios y coimas en 12 paises”, confirma la participación necesaria de su socia fundamental en la Argentina, la empresa insignia del grupo Macri junto a Sideco, en el pago de sobreprecios y sobornos en la contración estatal.

Los medios argentinos, lejos de expresar esta situación, relacionaron la declaración con los ex funcionarios de la anterior administración, que evidentemente actuaron fuera de la ley, como Ricardo Jaime y su denunciado testaferro Manuel Vázquez. De todas maneras, la hipocresía del diario La Nación llegó al extremo de vincular de manera manifiesta los sobornos declarados por Odebrecht con la el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner, pero al momento de especificar en qué se habían pagado los sobornos utilizó el discreto término de “proceso de licitación para la construcción de un túnel ferroviario” para referirse al soterramiento de las vías del ferrocarril Sarmiento adjudicadas a las empresa del primo hermano del presidente.

En línea con lo que veníamos describiendo desde la Agencia Paco Urondo la cartelización de la obra pública fue un fenómeno empresario que afectó y corrompió fuertemente al Estado en tanto se arreglaban licitaciones y adjudicaciones en una mesa y de manera tarifada. Pero el cinismo de pretender emprender un cruzada moralista contra una práctica tan enquistada en la corporación de la construcción en la Argentina, y porque no a nivel continental, condiciona el sincero análisis y autocrítica que se puede hacer al respecto. Ejemplo claro de esto fueron las enunciaciones que realizó Calcaterra a principio de este año, luego de que se conocieran los videos de la financiera “La Rosadita”, cuando el empresario aseguró que se iba a desprender de IECSA.

Los postulados lograron calmar las agua que agitaban la sociedad entre Calcaterra y, el ya entonces en prisión, Lazaro Báez. Finalmente la venta de la histórica constructora del Grupo Macri jamás se concretó y Ángelo Calcaterra sigue conduciéndola.

De esta manera, la acción del primo hermano del presidente se encuentra en sintonía con el accionar de su tío, el padre del primer mandatario, Franco Macri, que al momento de que su hijo asumiera la alcaldía de la Ciudad de Buenos Aires, diseñó un entramado financiero para que la familia de apellido Macri se desprendiera, en los papeles, de la principal contratista del Estado argentino.