COVID-19 y economía: ¿cómo se posiciona Argentina ante las recomendaciones del FMI?

Por Juan García Curtit (*)

En el marco de la emergencia sanitaria y crisis económica internacional causada por el virus, ¿cómo nos posicionamos como país para hacerle frente?

La enfermedad causada por el nuevo coronavirus surgido en China, ya ha infectado a más de un millón de personas y se ha cobrado más de 60 mil vidas de acuerdo a lo informado por la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE UU). Es en este contexto que los países han optado por distintas medidas de prevención para lograr “achatar” la curva de contagio y así evitar el colapso de los sistemas sanitarios.

En Argentina los resultados parecieran esperanzadores. Sin embargo, existe una importante contrapartida a las medidas de aislamiento tempranas y casi absolutas: el sostenimiento de la economía. Más allá de la dicotomía planteada en términos de “economía o salud” -que estimo superada, ya que como ha dicho el Presidente “la economía se recupera, una vida no”-, es interesante indagar sobre cómo nos posicionamos como sociedad y Estado frente a las recomendaciones económicas internacionales.

Partiendo del punto de que la crisis del COVID-19 pasará a la historia como una de las catástrofes más importantes al menos del mundo moderno, América Latina y el Caribe no serán la excepción y se verán fuertemente afectados. Se estima una contracción de -1,8% del producto interno bruto regional, lo que podría llevar a que el desempleo en la región suba hasta diez puntos porcentuales, palabras de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En este contexto, de acuerdo a lo propuesto por los técnicos del Fondo Monetario Internacional, el éxito de la recuperación económica post pandemia dependerá del ritmo de la recuperación que, a su vez, estará directamente relacionado con las políticas económicas que se tomen durante esta. Si los gobiernos adoptan medidas destinadas a garantizar que los trabajadores no pierdan sus empleos, los inquilinos y propietarios de viviendas no sean desalojados, las empresas eviten la quiebra y las redes económicas y comerciales se preserven, la recuperación tendrá lugar antes y con más suavidad.

Las políticas empleadas por los gobiernos deberán buscar alcanzar los siguientes objetivos tal como sugiere el Fondo:

Garantizar el funcionamiento de sectores esenciales

Para esto, deben incrementarse los recursos para pruebas de detección del COVID-19 y su tratamiento, mantenerse la atención sanitaria habitual, la producción y distribución de productos alimenticios, las infraestructuras esenciales y los suministros públicos. En caso de que esto no se logre, puede resultar necesario aplicar medias intrusivas por parte de los gobiernos para la provisión de suministros fundamentales, recurriendo a “mandatos de tiempos de guerra”, con la priorización de contratos públicos para insumos esenciales y productos finales, la reconversión de industrias o nacionalizaciones selectivas (a modo de ejemplo: tras registrar un pico de muertes, en Nueva York confiscarán los respiradores de las clínicas privadas). También resultarían justificadas medidas como el racionamiento, los controles de precios y normas contra el acaparamiento en situaciones de escasez extrema.

Proporcionar recursos suficientes a las personas afectadas por la crisis

Los hogares que pierdan sus ingresos a causa del aislamiento necesitarán apoyo gubernamental, motivando así que la gente se quede en casa y al mismo tiempo mantengan sus empleos. En este sentido, las prestaciones por desempleo deben ampliarse y extenderse, resultando necesario que las transferencias de efectivo lleguen a los trabajadores independientes y a los “sin empleo”.

Evitar una disrupción (ruptura brusca) de la economía

Las políticas deben salvaguardar las redes de relaciones entre trabajadores y empleadores, productores y consumidores, prestamistas y prestatarios, de forma que las empresas puedan reanudar plenamente sus actividades cuando se haya superado la emergencia médica.

Los cierres de empresas causarán pérdidas de conocimientos organizativos y la cancelación de proyectos productivos a largo plazo. Si la crisis se encrudece, podría imaginarse el establecimiento o la ampliación de grandes sociedades de cartera estatales que tomen las riendas de las empresas privadas con problemas, como se hizo en Estados Unidos y Europa durante la Gran Depresión (gran crisis de 1930).

De acuerdo a los mencionados lineamientos del Fondo, la emergencia justifica una mayor intervención del sector público mientras persistan las circunstancias excepcionales. A la vez, para que la recuperación de la economía sea lo menos “dolorosa” posible, es necesario que se apoye a los hogares y a empresas a través de una combinación de medidas que doten de liquidez y solvencia a los mismos (concesión de créditos a personas físicas y jurídicas, postergación de vencimientos de tarjetas o préstamos y del pago de impuestos, congelamiento de tarifas, transferencias de dinero, medicamentos, bolsas de alimentos, entre otros).

En este camino, las medidas de gobierno dirigidas a los distintos sectores sociales y económicos van desde bonos para jubilados de la mínima, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de planes sociales; postergación del pago de vencimientos de los créditos de Anses y de las tarjetas de crédito; entrega de la Tarjeta Alimentaria; fijación de precios máximos; ampliación del Programa de Recuperación Productiva (Repro); aumento del presupuesto para la obra pública; relanzamiento del Procrear; créditos blandos para garantizar la producción y el abastecimiento; renovación del Ahora 12; aceleramiento del pago a reintegros a la exportación; y otros destinados a proteger el empleo y a las pymes.

Pese a la falta de organización y los errores cometidos el pasado viernes, respecto del cobro de jubilaciones y AUH -lo cual que debe ser tratado minuciosamente, siendo fundamental que no vuelva a suceder para que las medidas de prevención adoptadas surtan efectos y para no volver aún más vulnerables a jubilados y beneficiarios-, pareciera posible afirmar que el gobierno argentino se encuentra bien encaminado en el aspecto económico y sanitario, pese al estado crítico de la situación y al menos en cuanto respecta a las políticas económicas para afrontar la pandemia.

En conclusión, podemos observar que el gobierno se encuentra abordando las distintas recomendaciones que emiten los organismos internacionales, desde el plano económico, médico y social, y que pese a la “tormenta” que enfrentaremos en los meses venideros, las medidas adoptadas cuentan con aceptación internacional, cuestión de suma importancia para afrontar los futuros vencimientos de deuda y, al mismo tiempo, la prácticamente ineludible crisis interna.

(*) Economista por la Universidad Nacional del Sur (UNS) y maestrando en Desarrollo Económico en el Instituto de Altos Estudios Sociales (IAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

(En la foto, en primer plano y junto a otros funcionarios, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, y la directora del FMI, Kristalina Georgieva)