Debate sobre la ciencia: ¿continuidad o cambio?

Por Nuria Giniger *

En las últimas semanas, la ciencia y el sistema científico han sido tema de debate y discusión pública. Tal como los fueron hace menos de un mes, la universidad pública, los salarios docentes y las posibilidades de sostener el pleno funcionamiento de la actividad universitaria frente a la devaluación, los tarifazos y la inflación, que culminaron con una multitudinaria movilización, que hacía años no se veía.

En el primer programa de Científicos Industria Argentina de este año, su conductor, el matemático Adrián Paenza, hizo un editorial en el que explicaba las dificultades de realización de un plan científico sostenido bajo el proyecto del gobierno actual. A partir de allí, las respuestas por parte del ministro y de otros funcionarios del Ministerio de Ciencia no cesaron de aparecer.

Esta vinculación entre políticas científicas y universitarias y el proyecto político de conducción del país, había sido puesto sobre la mesa del debate público ya en el balotaje, en donde los Científicos y Universitarios Autoconvocados tomamos partido acerca de la gravedad que implicaría para nuestro sector y para el conjunto del pueblo la victoria de Macri, a través de una feria de ciencias, radio abierta y otras actividades en las estaciones de trenes Retiro y Constitución. Y seguimos haciendo desde allí actividades, que derivarán el 2 y 3 de julio, en la Universidad de Avellaneda, en un Encuentro Nacional de Ciencia, Política, Tecnología y Universidad, donde participarán todos los actores del sector.

De esta forma, los y las trabajadores del sistema científico y universitario rápidamente nos posicionamos y comenzamos a enfrentar las políticas de ajuste de la CEOcracia, apenas comenzada. Esta veloz iniciativa explica -en parte- la continuidad del Ministro Lino Barañao al frente de la cartera de Ciencia, porque se instaló socialmente la necesidad de asegurar algunos de los elementos de "orgullo nacional", tales como la ampliación y profundización del sistema de ciencia y universidad pública.

Huelga decir, que más allá del sentido común respecto a la neutralidad de la ciencia, las políticas de producción de conocimiento científico no son totalmente autónomas respecto de los proyectos políticos. Por el contrario, la producción científica -aunque conserva una autonomía relativa- fundamentalmente está asociada de forma directa con el estímulo y presupuesto que el Estado provee. Producir ciencias (sociales, de salud, exactas, naturales, ingeniería) es costoso e implica una inversión: formación de los científicos e investigadores, insumos, trabajo empírico, bibliotecas (físicas y virtuales), intercambio con otros países y regiones, publicación de resultados, vinculación con sujetos sociales no científicos y desarrollo tecnológico. Pero además del costo, el tiempo es una condición vital para el desarrollo de producción científica. No se pueden esperar resultados de un día a otro, sino que la inversión en producción de conocimiento es de mediano y largo plazo. E incluso, tampoco son esperables "resultados", a la manera de soluciones. La producción de conocimiento científico forma parte de las respuestas a preguntas que la sociedad se hace en cada momento histórico, relativa a necesidades productivas, sociales y culturales. Pero esos productos científicos, la mayor parte de las veces, no son respuestas directas ni "remedios", sino que son conclusiones parciales y provisorias a problemas científicos.

En este sentido, la producción de conocimiento científico es una decisión política, en primer lugar, porque esa inversión debe hacerla el Estado, y porque es éste quien debe interpretar, ejecutar y sostener el derecho social a la producción de conocimientos. Y por tanto, si el proyecto que dirige el Estado considera que no es un derecho del pueblo y la sociedad, esto no va a ocurrir o por lo menos, se va a desplegar necesariamente una tensión entre la lucha, la conquista y la realización plena de este derecho humano.

En este sentido, es importante señalar que el gobierno actual tiene una perspectiva de sujeción y sumisión con las multinacionales y los países centrales, especialmente Estados Unidos. En ese marco, lo que se supone que nos toca a los países periféricos es reproducir los conocimientos que en el centro se producen y en todo caso, hiper especializarnos y solo construir respuestas a problemas que no son agenda de nuestros pueblos, sino que son derivaciones de problemas producidos por las potencias político-económicas. Estos elementos, ponen en tensión inevitablemente la relación entre proyecto de país y proyecto de ciencia, al tiempo que implican una ruptura con la relativa autonomía y el desarrollo exponencial adquiridos en los años anteriores, en ciencia y técnica.

Asimismo, en términos concretos, el ministro Barañao prometió quedarse a supuestamente "cuidar" lo logrado hasta ahora. Sin embargo, si la inversión en desarrollo científico y tecnológico es menor; si se desmantelan áreas del Estado en las cuales los científicos aportábamos (Arsat, Fabricaciones Militares, Conectar Igualdad, Encuentro, etc); si la devaluación destroza la capacidad de utilizar el presupuesto tal como se planificó; si los salarios de los trabajadores de la ciencia disminuyen (y con ello, los fuerzan a buscar otros empleos o "changas" científicas), no importa lo que el ministro "quiera": no hay continuidad. No hay cómo cuidar lo que se logró si baja el presupuesto y disminuyen las condiciones de trabajo y producción.

A esta altura, a seis meses de este gobierno neoliberal, la ilusión de continuidad, o incluso de "mejora", ya está esfumándose entre todos los sectores sociales. Si el ministro aún allí está es para satisfacer las demandas de las corporaciones de la CEOcracia y no las de la comunidad científica, ni las necesidades enormes que nuestro pueblo tiene, también respecto al derecho a la producción científica soberana.

La producción de conocimiento científico es un derecho que adquirimos en la lucha por una universidad pública de calidad (que desarrolla ciencias y técnicas) vinculada en gran medida con las necesidad populares; un derecho que adquirimos en en la lucha por un Conicet capaz de salir de su ensimismamiento, más democrático, mucho más plural. Es un derecho del conjunto del pueblo -no solo de los trabajadores de la ciencia- y como tal se defiende y se profundiza en la lucha, interpelando al Estado para que nos lo garantice.

Este gobierno, con sus políticas de ajuste, pretende que muchos derechos conquistados retrocedan o no se apliquen. No solo los derechos relativos a la educación y la cultura están en jaque: con el ajuste, los derechos básicos a alimentarse saludablemente, vestirse y tener una vivienda digna se garantizan aún menos.

La demanda de los científicos y universitarios es que esas políticas de concentración de riqueza y de distribución cada vez más injusta se detengan: la inflación, la devaluación y los despidos. Y con ello, exigimos profundizar lo que se venía haciendo en materia de mejora de las condiciones de producción y trabajo científico, estrechamente articulada con la mejora sustantiva de la calidad de vida y trabajo de las mayorías. Exigimos que las universidades sigan abiertas irrestrictamente, gratuitas, laicas y de calidad. Y exigimos que el acceso a los bienes públicos (incluido el conocimiento científico) no dependa de la billetera de cada uno, sino que sean efectivamente para todos y todas.

* Antropóloga, investigadora del CONICET y Docente de la UBA; Miembro de Científicos y Universitarios Autoconvocados