El problema no es la inclusión

En los últimos tiempos comenzó a instalarse con cada vez más fuerza un discurso que intenta asociar la inclusión con la idea de “demagogia”. Esa posición aparece en notas periodísticas, intervenciones públicas, videos y debates donde se presenta a la inclusión como una especie de ilusión ingenua, un exceso discursivo o una propuesta imposible de sostener en la realidad concreta de las instituciones.

Ese clima no surge de la nada. Se apoya en problemas reales: escuelas sin apoyos suficientes, docentes sobrecargados, ausencia de accesibilidad, recursos insuficientes y políticas públicas que muchas veces reducen la inclusión a una declaración formal vacía de condiciones materiales concretas. Las dificultades existen y negarlas sería profundamente deshonesto. También es real la enorme distancia que muchas veces separa las normativas “inclusivas” de las condiciones efectivas en las que funcionan las instituciones educativas.

Sin embargo, el problema comienza cuando ese fracaso estructural se transforma en una crítica a la inclusión misma. Allí se produce un desplazamiento conceptual y político muy delicado: el problema deja de ser la producción social de barreras y pasa a ser el derecho reclamado por quienes históricamente fueron excluidos.

No es la primera vez que ocurre. A lo largo de la historia, muchas ampliaciones de derechos fueron consideradas exageradas, utópicas o demagógicas. También se sostuvo que el voto femenino era una amenaza para el orden social, que determinados sectores populares no debían acceder a la universidad o que ciertas personas no estaban preparadas para participar plenamente de la vida pública. En todos esos casos, el problema nunca fue el derecho en sí mismo. El problema era que esos derechos alteraban jerarquías previamente naturalizadas y obligaban a revisar privilegios que parecían incuestionables.

Con la discapacidad ocurre algo similar. Existe todavía una enorme dificultad social para aceptar que las instituciones no fueron diseñadas para todos y que, justamente por eso, deben transformarse. La inclusión no consiste en integrar excepcionalmente personas a estructuras ya existentes y pensadas para un sujeto considerado normal. Esa lógica pertenece a paradigmas anteriores, donde ciertos cuerpos debían adaptarse individualmente para poder participar. La perspectiva inclusiva plantea exactamente lo contrario: transformar las estructuras existentes desde el diseño universal, la accesibilidad y los ajustes razonables para que cualquier persona pueda participar en igualdad de condiciones. No se trata de “hacer un lugar” dentro de un sistema rígido, sino de revisar el propio sistema y sus criterios de funcionamiento.

Muchas veces, cuando se intenta cuestionar este enfoque, aparece un mecanismo discursivo bastante conocido: utilizar situaciones excepcionales para desacreditar principios universales. Se afirma entonces que existen personas que no podrían asistir a determinadas escuelas, que requerirían otros abordajes o que no podrían participar de ciertos espacios del mismo modo que el resto. Pero ningún derecho universal funciona eliminando toda singularidad o toda excepción posible. El hecho de que existan personas que no voten no invalida el sufragio universal. El hecho de que algunas personas no accedan a la universidad no invalida la educación pública. Del mismo modo, la existencia de trayectorias singulares o de personas que requieran apoyos intensivos no invalida el horizonte inclusivo ni el principio general de accesibilidad y participación.

Confundir excepción con regla constituye una operación política muy antigua. Porque muchas veces la apelación a lo “imposible”, a lo “irreal” o a lo “demagógico” no expresa solamente una dificultad técnica o institucional. Expresa también la resistencia a transformar estructuras sociales que continúan organizándose alrededor de privilegios históricamente naturalizados. Transformar instituciones para que cualquier persona pueda participar efectivamente implica revisar distribuciones de poder, recursos y legitimidad social. Implica discutir quiénes fueron históricamente considerados sujetos plenos y quiénes quedaron ubicados en posiciones subordinadas o marginales. Y justamente por eso ciertos discursos necesitan reinstalar permanentemente la idea de excepcionalidad: porque si la exclusión aparece como algo inevitable o natural, entonces ya no resulta necesario transformar profundamente las estructuras existentes.

Como docente universitario, investigador y persona con discapacidad, conozco de cerca esas tensiones. No hablo desde una abstracción teórica. Durante años tuve que enfrentar barreras institucionales y prejuicios para poder estudiar y ejercer profesionalmente en el campo de la educación física. Incluso debí recurrir a la justicia para acceder a derechos que deberían haber sido garantizados desde el comienzo. Esa experiencia me permitió comprender que el problema no se agota en las políticas públicas, aunque estas sean fundamentales. El capacitismo también se reproduce cotidianamente en prácticas sociales, instituciones, vínculos y representaciones culturales sostenidas por actores concretos: universidades, medios de comunicación, espacios laborales, profesionales, docentes y ciudadanos comunes que continúan interpretando el mundo desde criterios normativos acerca de qué cuerpos son legítimos, autónomos o socialmente valiosos.

Y ahí aparece una cuestión todavía más profunda. El capacitismo no funciona solamente como una forma de discriminación hacia las personas con discapacidad. Funciona también como una lógica de interpretación del mundo basada en clasificaciones binarias y simplificadoras: lo normal y lo anormal, lo productivo y lo improductivo, lo válido y lo descartable. Ese tipo de pensamiento tranquiliza porque ordena rápidamente la realidad y permite decidir qué merece atención y qué puede ser desestimado sin demasiada incomodidad moral. Por eso el capacitismo comparte una matriz común con otras formas históricas de exclusión, como el racismo o el sexismo. No porque sean idénticos, sino porque todos producen jerarquías humanas que terminan justificando distintos grados de exclusión, violencia o expulsión social.

Muchas veces esas lógicas operan de manera silenciosa. Cuando algo no importa, se lo descalifica rápidamente, se lo reduce, se lo simplifica o se lo vacía de profundidad para no tener que interrogar aquello que incomoda. Y eso también ocurre con ciertos debates sobre inclusión, discapacidad y derechos humanos. Se intenta quitarles complejidad porque asumir esa complejidad obliga a revisar las formas en que organizamos simbólicamente la sociedad y los criterios con los que definimos quién pertenece plenamente y quién no.

Vivimos en una época donde muchas veces se premia la simplificación inmediata, el juicio rápido y la reducción de todo aquello que incomoda. Y justamente ahí prolifera una forma de empobrecimiento humano y cultural que distintos autores han señalado con preocupación. Primo Levi, por ejemplo, advertía sobre los riesgos de las simplificaciones extremas y de aquellas formas de pensamiento que reducen al otro a categorías rígidas, clasificables y fácilmente descartables.

El problema no pasa por exigir capacidades intelectuales extraordinarias ni por suponer que todas las personas deban relacionarse del mismo modo con la complejidad teórica o abstracta. La cuestión es otra: la capacidad humana de dejarse afectar por el otro, de reconocer su existencia, de construir sensibilidad, vínculos y responsabilidad compartida frente a aquello que incomoda o desafía nuestras certezas.

Existe, efectivamente, una inclusión vaciada y burocrática. Existe una inclusión utilizada como discurso mientras faltan recursos básicos y condiciones concretas de implementación. Pero eso no convierte a la inclusión en demagogia. Lo que revela es algo bastante más incómodo: que muchas sociedades e instituciones aceptan enunciar determinados derechos siempre y cuando esos derechos no alteren demasiado las estructuras de poder, los privilegios existentes o las formas tradicionales de organizar la vida social.

Porque garantizar plenamente procesos inclusivos no implica solamente incorporar recursos o modificar normativas. Implica también revisar posiciones históricas de autoridad, criterios de legitimidad y modos de distribución del reconocimiento social. Y justamente allí aparecen resistencias muchas veces silenciosas, incluso dentro de espacios que discursivamente se presentan como comprometidos con la inclusión.

Por eso el problema no puede reducirse únicamente a una falta de recursos o a una deficiencia técnica del Estado. También existe una dificultad cultural y política más profunda: la resistencia a transformar seriamente estructuras que continúan funcionando a partir de jerarquías naturalizadas acerca de quiénes ocupan el centro y quiénes permanecen en los márgenes.

La salida no es menos inclusión. Tampoco consiste únicamente en transformar determinadas políticas o instituciones, aunque eso sea indispensable. La salida también implica recuperar nuestra capacidad de comprender la complejidad humana sin reducirla permanentemente a clasificaciones simples, binarias y expulsivas.

El problema de ciertas formas de capacitismo no es solamente que excluyen personas. Es que también reducen nuestra capacidad colectiva de comprendernos como sociedad. Porque cada vez que simplificamos brutalmente al otro para volverlo clasificable, descartable o irrelevante, también empobrecemos nuestra propia humanidad.

Por eso la inclusión no debería entenderse solamente como una política pública o una discusión técnica. Es, en el fondo, una disputa ética, cultural y profundamente humana sobre el tipo de sociedad y de seres humanos que estamos dispuestos a construir.