Estados Unidos y Brasil: lo que oculta el Lava Jato

Por Silvina M. Romano / Investigadora CELAG
 
Brasil transita hoy por una de las crisis institucionales y políticas más contundentes de las últimas décadas. Lo que transmiten los medios hegemónicos es que la corrupción constituye el meollo de esta crisis. Sin embargo, considerando la dimensión que está adquiriendo el Lava Jato, parecería ser que la judicialización de la política tiene un claro propósito (no siempre evidente a la opinión pública): condenar la “ineficiencia” de “lo público”, la incapacidad del Estado y la corrupción (inevitable) de los políticos, para así justificar el retorno a la senda neoliberal, retorno que ya se está experimentando y a gran velocidad.

Algunas suspicacias sobre el modo en que se presenta el Lava Jato obedecen a la opinión de los “expertos” de la prensa y think tanks de Estados Unidos, que abundan en análisis sustentados en una suerte de moral liberal. Sostienen, por ejemplo, que el caso Lava Jato está ayudando a cambiar la “cultura de la impunidad” que caracterizó a Brasil. Según ellos “la presión popular es muy fuerte en Brasil y la gente ya no puede soportar la corrupción”. Lo sospechoso es que no se le da el mismo peso a la presión de la gente en las calles en contra de las medidas de ajuste neoliberal que viene implementando del gobierno de Temer. Estas medidas “anti populares”, son nada menos que necesarias y “gracias” a la baja popularidad de la que goza Temer, es el único capaz de llevar a cabo estas reformas “fundamentales” para que funcione la economía brasileña.

A su vez, lo que desde una perspectiva ceñida estrictamente a los atributos de estatidad sería considerado como injerencia, es retrucado desde un discurso en el que Estados Unidos aparece como salvador o como parte de la salvación de Brasil, porque todo el proceso de Lava Jato se hace en coordinación con (y  asesoría previa de) el Departamento de Justicia de este país –situación que debe enmarcarse en el proceso de reformas judiciales en toda América Latina financiadas e impulsadas en plena era neoliberal por BID, USAID y el Banco Mundial [2]-. Un dato reciente es que uno de los testigos,  el que insistió en la ligazón de Lula con el caso, tuvo que declarar directamente y sin motivo específico ante el Departamento de Justicia estadounidense, dando clara cuenta del control que ejerce el gobierno estadounidense sobre los procesos en Brasil.

Pero la judicialización de la política tiene objetivos materiales claros. Sin necesidad de escudriñar demasiado, puede verse que el “árbol” de la corrupción, parecería estar tapando un bosque: el desguace de la estructura económica brasileña. Tal como lo apuntan algunos especialistas, los sectores clave de esta disputa (que están siendo vulnerados) como el petróleo, construcción y producción de carne, son la columna vertebral de la economía nacional. Un hecho que lo demuestra es que, en el momento de pico de la crisis institucional, a inicios de 2016, la oposición al PT presentó proyectos de ley para retirar el monopolio operativo de Petrobras sobre reservas de hidrocarburos de gran envergadura [5] (objetivo que lograron luego del golpe a Rousseff), vinculando de modo directo e indirecto al Lava Jato con intereses de negocios y geopolíticos del sector privado y el gobierno de Estados Unidos.

Estados Unidos y el rumbo de Brasil

En el 2013, Edward Snowden publicó documentos filtrados de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) que muestran la vigilancia permanente al gobierno brasileño [7]. Brasil aparece en estos documentos como una suerte de “enemigo” no solo de EEUU sino a los ojos de la OTAN (debido, entre otras cosas, a la cercanía con China). A partir de lo enunciado en los documentos, parece claro que una de las motivaciones del espionaje fue Petrobrás y el rol de Brasil en el mercado mundial de hidrocarburos. Esto no es un secreto, pues en 2012, la Agencia de Información sobre Energía de EEUU destacaba el crucial descubrimiento de reservas de petróleo en Brasil, los depósitos en plataforma submarina Presal, que podían transformar a ese país en uno de los mayores productores de petróleo a nivel mundial.

En efecto, cuando el gobierno brasileño se enteró del operativo de espionaje, adujo que estaban seguros de que el motivo era “comercial” debido particularmente al descubrimiento de Presal. Lo interesante es que, además de las mencionadas agencias del gobierno de EEUU, también participó en estos operativos el Departamento de Estado (dejando rastro a través de los cables con sus diplomáticos en Brasil). En uno de estos cables de 2009, José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (en ese tiempo candidato a elecciones y luego del golpe canciller de Michel Temer) aseguraba que de llegar a la presidencia cambiaría las leyes que regulaban el sector petrolero.

En los documentos también se percibe el lobby ejercido por las petroleras estadounidenses, que en sus comunicados al Departamento de Estado advertían sobre el difícil clima para la inversión y los negocios en Brasil: “Mientras hacer negocios en Brasil es más fácil que operar en Bolivia, nos han comentado, que en muchos aspectos las condiciones para invertir son peores que en Venezuela” –detallaba un cable de 2006.

Retomando nombres concretos, se lee la disconformidad de Chevron, empresa que a pesar de estar operando como partner de Petrobras, consideraba que la estatal “abusaba” de sus privilegios en el sector. En otro cable se da cuenta de la reunión entre el entonces embajador de Estados Unidos en Brasil, Clifford Sobel (2006-2009), y CEOs de las principales transnacionales de hidrocarburos, incluidas Chevron, Exxon Mobil, Devon Energy, Anadarko, etc. dando cuenta del involucramiento del gobierno estadounidense en la “cuestión” del petróleo brasileño. En los cables sobre la situación en Brasil se puede leer: “La estrategia ahora es reclutar nuevos compañeros para trabajar en el Senado, para aprobar enmiendas esenciales a la ley…”.

La profecía auto cumplida: el cambio de rumbo de Petrobras

Petrobras es la empresa brasileña de mayores dimensiones, responsable por la investigación, explotación, transformación y distribución de un recurso estratégico por excelencia, el petróleo. Además, gestiona la mayoría de las patentes brasileñas registradas, y tiene un rol protagónico en la construcción naval y en desarrollo y fabricación de maquinaria pesada. Por lo tanto, se trata de un instrumento estratégico para la economía y el desarrollo brasileño. En el año 2010, en el denominado Presal ubicado en aguas profundas del Atlántico, descubrieron reservas de petróleo y gas que para 2013 se estimaron en 40 mil millones de barriles (aprox.) y de probables reservas por 176 mil millones no descubiertas. Además, según lo calculado, su costo de extracción estaría muy por debajo del costo medio de la producción mundial. Luego del descubrimiento, el monopolio de Petrobras comenzó a ser cada vez más molesto para las transnacionales petroleras.

En un reporte sobre negocios de hidrocarburos de septiembre 2016, se advierte que Petrobras, la “empresa estatal más endeudada del mundo”, está reorientando sus energías a explotar el área del Presal, a pesar de haber recortado el ámbito de acción a un mínimo de exploración. El problema –para las grandes petroleras– es que tales limitaciones no pueden ser superadas, pues Petrobras tiene el monopolio de estos espacios, al actuar como operador, situación que –advertían con alivio– sería revertida en el Senado, para quitar esta restricción de acción a otros operadores y quitar tanta “presión” a la estatal brasileña. Lo cierto es que Petrobras nunca entró en quiebra y aún con dificultades, siguió explotando los yacimientos de Presal.

Con el Golpe Parlamentario a Dilma Rousseff (proceso en el que el gobierno de Estados Unidos mostró un sospechoso “perfil bajo”), las compañías lograron acelerar la disputa por las tan preciadas reservas de hidrocarburos. Pasados dos meses del golpe, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a ley que exonera a Petrobras de la obligación de mantener una participación mínima del 30% en la explotación del Presal, permitiendo acceso directo a las transnacionales de hidrocarburos para explotar las reservas de petróleo de Brasil. Uno de sus impulsores fue nada menos que José Serra, siguiendo con un compromiso previamente adquirido, tal como se percibe en los Wikileaks mencionados anteriormente.

Así, Petrobras ya no detenta el monopolio sobre los hidrocarburos brasileños. El primer negocio de apertura se dio con la empresa francesa Total SA para vender activos por 2.2 mil millones de dólares. Incluye participación en campos petroleros y en dos estaciones de energía térmica. A cambio, Petrobras recibió en un primer momento 1.6 mil millones de dólares, además de poder optar participar en la producción campos de petróleo del Golfo de México, actualmente bajo la propiedad de Total y ExxonMobil [16]. Precisamente, un dato a destacar es que el cambio en la legislación ha generado expectativas en Exxon Mobil, la única transnacional estadounidense que no tenía presencia en Brasil, y que ya está planeando sus próximos pasos para acceder a las reservas off-shore de ese país. Otra de las empresas que primero se benefició fue la estatal de petróleo noruega, adquiriendo Carcará por 2.5 mil millones de dólares.

Desde el mundo de los negocios (léase, los sectores interesados en la apertura del mercado de los hidrocarburos), como resultado del Lava Jato, Petrobras perdió inversiones en 2015 y será “difícil” salir de esa situación. Aseguran que con la nueva ley Petrobras “comenzará a repuntar”, aunque auguran tiempos delicados debido a posibles cambios de rumbo en la decisión de la OPEP de recortar la producción de crudo –sospecha infundada porque Arabia Saudita (líder de la OPEP) parece acordar no solo en mantener sino en ampliar los recortes a la producción de crudo en los próximos meses. Pero lo que más preocupa a los empresarios brasileños son las elecciones del próximo año: “esperemos que Lula no gane”, exclaman.

Desde la perspectiva de los trabajadores vinculados al sector de hidrocarburos, se aclara que la modificación de la ley (junto con el Lava Jato) es una estrategia muy bien elaborada con el objetivo de privatizar (cosa que ya se ha hecho) el sector para que las multinacionales accedan a reservas de petróleo de Brasil en un momento de rapiña por recursos estratégicos a nivel mundial. Para legitimar esta venta (de hidrocarburos y soberanía) es fundamental mostrar la ineficiencia e incapacidad de Petrobras, como empresa estatal, para asumir la explotación de los recursos.

De los negocios a la geopolítica

En el 2015, a pesar de las críticas al gobierno de Dilma Rousseff, el Departamento de Comercio de EEUU aseguraba que “Brasil continua siendo muy atractivo para las empresas estadounidenses”. Se aclaraba que Brasil era el principal socio comercial de Estados Unidos, siendo que en 2014 el intercambio entre ambos países alcanzó los 37 mil millones de dólares, además de ser la séptima economía del mundo y que por eso (a pesar de la crisis) sigue siendo un “mercado fantástico”. En el mismo documento se enuncia que ambos gobiernos firmaron en 2010 un Acuerdo de Cooperación en Defensa, que Rousseff envió al Congreso para su ratificación. Esto es sugerente, pues en el mismo texto se aclara a los empresarios que uno de los ámbitos preferentes para hacer negocioso es el de la defensa.

Con la asunción de Temer, se estrecharon los lazos con las FFAA de Estados Unidos en virtud de este rol privilegiado del sector defensa (como “nicho de mercado” y por supuesto, en términos geopolíticos). En marzo 2017, el Ejército de los EEUU inauguró un centro de tecnología en São Paulo para “asociarse con Brasil en proyectos de investigación enfocados en la innovación” –similar a las bases militares que EEUU plantea instalar en Argentina para “investigación científica” – y el Ministerio de Defensa de Brasil y el Departamento de Defensa de los EEUU firmaron el Convenio para Intercambio de Informaciones en Investigación y Desarrollo, el MIEA (Master Information Exchange Agreement).

Ante lo dicho y considerando la importancia geoestratégica y geopolítica de Brasil, preocupa una información que trascendió sobre invitación de las Fuerzas Armadas brasileñas a tropas de los EEUU para participar de un ejercicio militar “inédito” en la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia. El ejercicio se denomina “Operación América Unida”, inspirado en una actividad similar que fue realizada por la OTAN en Hungría, en 2015 (ocasión en la que Brasil participó como observador). Luego de ese ejercicio, la OTAN abrió una base en Hungría. Además, vale recordar que en 2013, Colombia firmó un acuerdo de cooperación con la OTAN [24]. Esto no debe pasar desapercibido en las actuales circunstancias de escalada del conflicto en Venezuela (cuyo principal e inocultable motivo son las reservas de petróleo), que se inserta en un esquema de provocación y/o mantención de “situaciones bélicas” por parte de EEUU en un escenario de rapiña por la apropiación de recursos estratégicos.