"Estamos frente a un protocolo antipiquetes en versión sindical"

Por Roberto "Beto" Pianelli

Hace unos días, la Corte Suprema de Justicia avaló el despido de un empleado del Correo porque participó en protestas que no tenían una convocatoria sindical formal. El fallo que determina que el derecho de huelga sólo puede ser ejercido por las asociaciones sindicales, además de insólito, resulta favorable para los empresarios y se constituye en un guiño para los burócratas sindicales y el gobierno de Mauricio Macri.

No conformes con los decretazos y tarifazos del Poder Ejecutivo, con el plan de ajuste que incluye devaluación, cierre de industrias, despidos en el sector público y privado; y con el silencio de los dirigentes de los grandes sindicatos, el Poder Judicial quiere contribuir con su granito de arena a la depredación patronal del nivel de vida de la masa trabajadora.

En rigor, se trata de un fallo terrible que no puede pasar inadvertido. La conflictividad laboral se genera porque hay una injusticia. Y precisamente frente a una injusticia nadie va ir primero a hacer una asamblea, constituir un sindicato -que es una organizacion de carácter permanente-, ir al Ministerio de Trabajo a registrarse y después sí, hacer una huelga. ¿Qué ocurriría si despiden a trabajadores que no están afiliados a ningún gremio porque están tercerizados? ¿Y si echan a cientos de precarizados o a aquellos que están dentro de una organización gremial que acuerda con la patronal, que capitula y no toma las riendas del conflicto? ¿Deberían antes de protestar cumplir con todos los pasos que pide la Corte? La protesta siempre está primero porque primero ocurre la injusticia, después el conflicto y después, como fruto de eso, surge la organización.
En el subte, nuestra propia existencia fue así. Antes de irnos virtualmente expulsados de la Unión Tranviarios Automotor, tuvimos que hacer huelgas sin ese sindicato y a veces contra la propia UTA, que tenía una actitud pro patronal.

Con este fallo, luchas como las de los tercerizados contra Pedraza o las de los colectiveros de la línea 60, serían rápidamente motivo de despidos porque la UTA nunca apoyó esas causas. Ecotrans o Cresta Roja, en efecto, no podrían ahora luchar con un marco legal constitucional. Lo cierto es que estamos frente a un protocolo antipiquetes en versión sindical: los trabajadores, con este fallo, quedamos absolutamente desprotegidos.

La Corte Suprema se acomoda a los tiempos y las formas del macrismo, potencia su escasa diferencia electoral conseguida con mentiras para borrar todo lo que pueda favorecernos.
Hace años que las empresas (las argentinas a la cabeza, por cierto) presionan en la OIT para conseguir absurdos como liquidar o, como mínimo, limitar el derecho de huelga. Quieren arrebatarnos ese derecho humano que es nuestro derecho a defendernos.

A pesar de las intenciones de ellos, hay una verdad a prueba de balas: la ley nunca es lo principal cuando hay derechos que se les niegan a los trabajadores. Nadie va a esperar a ver qué dicen Lorenzetti o Highton o Maqueda cuando esté en juego la fuente de trabajo.

Esta justicia clasista no va a lograr imponerle a los trabajadores algo distinto a su derecho a darse la organización que quieran. Somos optimistas. Nuestro sindicato nació peleando primero y pidiendo permiso después. Más temprano que tarde medidas como las que se desprenden de la jurisprudencia de la Corte naufragan y los globos de colores, el segundo semestre y las promesas electorales incumplidas generan el efecto contrario. Cuanto más burócratas complacientes haya se impondrán luchas más fuertes y decididas, de aquellas que se enuncian en el refrán "con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes".

Notas relacionadas: 

La Corte Suprema restringe el derecho a la huelga

CELS se sumó a las críticas a la Corte Suprema por fallo sobre derecho a huelga