La nueva Argentina normal, por Enrique Martínez

Por Enrique Martínez* 

Hace muchos años que no tenemos un ministro de Economía, de un gobierno que se quiere insertar en la tradición del peronismo, con la vocación de autonomía intelectual y política de Martín Guzmán.

Hemos tenido funcionarios con más historia partidista; otros, con perfil académico similar al Ministro actual; pero ninguno que le recuerde a los más poderosos del mercado quién fue elegido para gobernar y que en ese acto, transmita la sensación que quiere ser fiel a ese mandato de independencia.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿a qué escenario social conducirá esa actitud, asumida con coherencia?

El punto de partida es una economía a merced de la vocación de los más poderosos de maximizar el lucro extraído, sin contar siquiera con una faceta reflexiva, que les permita entender que ese camino es tan desestabilizador que puede arrastrarlos a un fracaso.

Una empresa siderúrgica acostumbrada a cobrar sus productos en el mercado interno mucho más caros que cuando exporta, a partir de su posición monopólica, reclamando a la vez la baja de los salarios reales de los trabajadores. Una industria alimenticia pensada como negocio a hegemonizar con dureza, desplazando todo competidor y acordando con grandes comercializadoras minoristas a expensas de los consumidores. Una industria de indumentaria que reclama protección de las importaciones y a la vez imagina posible trasladar a los consumidores las altas rentas pagadas a un cártel dueño de paseos de compras.

Todos ellos acostumbrados a dolarizar sus ganancias y fugar hacia paraísos fiscales; en años recientes, en maridaje con un sistema financiero especialmente mezquino, que colabora en todo intento de aumentar el lucro presionando sobre el tipo de cambio o las tasas de interés o ambos.

Todos ellos impávidos ante las estadísticas de décadas que muestran la sistemática caída del salario real, cuyo máximo histórico se ubica en 1974 y en los últimos cinco años contabiliza un 20% de caída.

Un ministro que quiere honrar su responsabilidad de participar de un gobierno popular tiene frente a esto, como primera tarea, ordenar la casa, como un matrimonio que vuelve a su casa después de una fiesta adolescente descontrolada. Eso implica tapar todas las grietas que permiten a actores económicos sin ninguna vocación social especular, evadir, fugar, tomar beneficio ilegítimo hasta de apoyos estatales pensados para una crisis sanitaria sin antecedentes.

En eso está. Ya ha logrado algún éxito importante para el imaginario de ese mundo con perfiles dañinos, deteniendo la loca carrera que perseguía la devaluación sin sentido alguno, salvo para una nueva transferencia de ingresos a los de siempre.

¿Cuál será la señal de que una primera fase se completó y cuál sería la segunda fase?

Si admitimos que lo primero es ordenar, la evidencia macroeconómica que eso se ha conseguido será el control de nuestros dos frentes históricos muy frágiles: el manejo de las divisas y la inflación.

Con la renegociación de la deuda, la posibilidad de dar por cerrada la bicicleta financiera y los bloqueos parciales al atesoramiento temeroso, podríamos decir que se ha conseguido una tregua de algunos años en el frente externo, que habilitará la posibilidad de pensar las necesarias transformaciones estructurales que deberán venir.

Con la inflación el escenario es más complejo. El gobierno nacional ha entrado en el juego peligroso de admitir la validez de la perimida tesis que sostiene que la emisión genera la inflación, de manera lineal, como causa- efecto de naturaleza física. Hay ríos de tinta que muestran que eso es primario e ignorante de la densidad del tejido social y económico. Esas discusiones comienzan a saldarse con la teoría monetaria moderna, elaborada y difundida en ámbitos progre de Estados Unidos y la Unión Europea, con incipiente presencia en nuestras universidades, que diferencia los escenarios donde se cuenta con soberanía monetaria; donde el desempleo, la pobreza y la productividad son problemas serios; donde la falta de competencia inter e intra sectorial deja en manos de muy pocos la fijación de precios. En cada caso, los grados de libertad para utilizar a la emisión como instrumento de gobierno, son diferentes.

En particular, resulta insostenible culpar a la emisión por la inflación de los alimentos por encima del promedio general, en un contexto en que la desocupación y la pobreza son récord y el Estado debe apuntalar la posibilidad que millones cuenten con un plato digno de comida. La única explicación que eso tiene es la voracidad de las empresas que controlan subsectores clave, combinada con otra voracidad simétrica del hiper mercadismo. Ellas fijan los precios y definen la inflación.

En tal contexto, el control de la inflación no se puede alcanzar solo con “orden”. No es regulando conductas o acordando precios cuidados para algunos productos. No basta la que llamaríamos “paz armada”.

Aún en la primera fase, ya mismo, hay que agregar actores al escenario, darle nuevos roles, cambiar la metodología analítica. De lo contrario, no se detendrá el proceso de extracción de valor hacia unos pocos, drama que caracteriza a la inflación argentina. No podremos decir que allí hay orden. Así, no habrá una primera fase concluida.

Si se encara el precio de los alimentos, por la importancia concreta y a la vez simbólica que eso tiene, deben hacerse análisis estructurales que van mucho más allá de los posibles acuerdos con interlocutores mañosos y que tienen características propias para cada subsector. No es el lugar para detallar caso por caso, pero la horticultura; los lácteos; la molinería y panificación de trigo; la producción de pollos o cerdos; la faena y distribución de carne vacuna; la industria oleaginosa; por señalar los casos más agudos, requieren sumar nuevos actores a la producción a la vez que modificar buena parte del sistema de distribución y comercialización, para que el productor reciba una proporción aceptable del precio final y los consumidores cuenten con precios accesibles y estables.

Lo mismo sucede con buena parte de la industria de la indumentaria; con un sistema de materiales para la construcción; con los insumos difundidos como acero y aluminio.

En estos casos, poner orden es sinónimo de transformar, al menos comenzar a hacerlo, si es que se quiere validar la legítima pretensión de gobernar para todos.

Recién en ese momento se puede considerar el paso a la fase dos. ¿Qué sería esto?

- La recuperación del salario real y del ingreso de los trabajadores independientes, sin generar una espiral inflacionaria.

- La reducción potente y sustancial de la pobreza.

- La garantía política de construcción de un escenario en que el trabajo digno para todos es una realidad concreta, superando al discurso genérico.

 Este no es documento para adoctrinar un gobierno al que respetamos y tenemos la obligación de entender sus condiciones de contorno y sus posibilidades concretas. Por eso, en el plano instrumental solo se han señalado algunas facetas que a nuestro juicio están equivocadas y no hay margen para esperar, hay que aplicarse a corregirlas.

Deseamos que lo que hemos llamado fase 1 se considere como tal y por lo tanto se encare la inflación con la misma meticulosidad que se intenta intervenir en el frente externo y en parte en el sistema financiero.

Luego, vendrá el debate para ganar la cucarda de gobierno popular auténtico, al definir caminos para el fortalecimiento estructural de la vida de los humildes y de las clases medias, con la necesaria modificación de la ley de inversiones extranjeras, la ley del sistema financiero, la ley de minería, junto con todos las decisiones que aseguren el acceso a la tierra para vivir y para producir; el derecho a contar con la tecnología necesaria para producir, a partir del sistema público; la construcción de una banca nacional mucho más potente y más abierta a los requerimientos de quien necesita apoyo para trabajar.

Tantas discusiones pendientes; tan necesarias. Será apenas se ponga la casa más prolija, después del festín desenfrenado de la banda que se fue, con invitados que se quedaron y siguen creyendo que el país es de su exclusiva propiedad.

Será así.

*Instituto para la Producción Popular