Mario Firmenich: "Es el pueblo soberano el que tiene que tomar la decisión sobre la deuda externa"

Por Mario Eduardo Firmenich

1) La discusión superficial y engañosa sobre el drama del acuerdo con el FMI

El gobierno nacional anunció un acuerdo con el FMI que nadie ha leído porque aun no está escrito. Algunos se apresuran a decir que fue “el mejor acuerdo con el FMI jamás firmado”, que “no exige ningún ajuste”, que “gracias al acuerdo Argentina se salvó de la catástrofe”. Son frases ingenuas, porque no existen los acuerdos de facilidades extendidas con el FMI sin ajuste.

El falso dilema que plantea este debate superficial es: ¿Nos suicidamos con el balazo del default o preferimos la enfermedad terminal del acuerdo con el FMI?

Los argumentos de que no hay alternativas ya se usaron para justificar las privatizaciones del menemismo: “No se puede hacer ninguna otra cosa”, “la relación de fuerzas no nos favorece”, “con los niveles de conciencia actuales del pueblo no se puede hacer nada”. Vale recordar la reflexión del General San Martín: “al enemigo siempre se lo ve más grande estando de rodillas”.

Se ha creado otro argumento: “hay que aguantarse hasta que Lula gane las próximas elecciones de Brasil”. El sueño de esa salvación mágica se basa en la creencia que América Latina está volviendo a la época de los gobiernos progresistas de principios del Siglo XXI. Pero la realidad global actual no es igual a la primera década del siglo.

Estamos en la crisis de la globalización neoliberal en medio de la tercera guerra mundial (que es “diferente”, se consuelan algunos, pero guerra mundial al fin). Hoy China y Estados Unidos no son los socios comerciales que generaron la gran demanda de materias primas a comienzos del Siglo XXI. A eso se agrega el impacto de la pandemia (cualquiera sea su origen) en el comercio mundial, incluyendo la desarticulación de las redes logisticas necesarias para el comercio.

La Rusia actual es la antítesis de la Rusia de Yeltsin queriendo ser amigo de la OTAN.

En América Latina, la realidad actual de Venezuela no es la Venezuela petrolera de Chávez financiando a los gobiernos aliados del continente. El gobierno de López Obrador en México parece más cerca de querer terminar su mandato del mejor modo posible que de concretar la ambiciosa “Cuarta gran transformación”. Los problemas que aquejan al gobierno de Arce en Bolivia no se parecen a la bonanza económica de hace 15 años. El acoso al gobierno izquierdista de Castillo en Perú no le permite ni siquiera tener un gabinete ministerial. La fuerza polìtica de Correa en Ecuador ni siquiera ganó las elecciones, lo mismo que el Frente Amplio en Uruguay. Y la realidad Argentina de hoy no refleja la esperanza de “volveremos para ser mejores”. ¿No sería más realista pensar que un eventual nuevo gobierno de Lula podría parecerse a estas nuevas realidades de los gobiernos progresistas y que no tendrá ningún poder para resolver la deuda argentina con el FMI?

Los “progresismos” socialdemócratas en América Latina son inviables en el contexto actual.

Justificar el acuerdo con el FMI con la estrategia de esperar la llegada de los nuevos años dorados del progresismo latinoamericano es una inegnuidad, o una ignoracia o un acto de mala fe.

2) El verdadero problema político nacional

El verdadero dilema argentino no es “suicidarse ya o agonizar durante un tiempo”. Es inadmisible que dirigentes políticos populares nos propongan semejante falsa opción.

El dilema real, en que no podemos elegir, es desarrollarnos sustentablemente con un Proyecto Nacional basado en un nuevo Contrato Social o morir como Nación soberana.

Las excusas para ofrecernos como “menos mala” la muerte lenta, referidas a “la relación de fuerzas” o “la falta de conciencia en el pueblo”, son expresiones de una política que lleva ya casi 40 años de democracia fallida. La relación de fuerzas y la conciencia militante del movimiento popular no son frutos de la naturaleza, sino que son el producto de la conducta política de los dirigentes.

La militancia polìtica debe admitir autocríticamente que el saldo de cuatro décadas de una democracia fallida ha sido la destrucción de las fuerzas del pueblo y la generación de la apatía política y el descreimiento popular hacia “la clase política”, que es vista como unos individuos corruptos que van a los cargos públicos para enriquecerse ilegalmente, acompañados por otros individuos incapaces que llenan cargos para cobrar sueldazos por lo que no saben hacer.

Es una falsa opción decir que “si rechazamos el acuerdo con el FMI nos caerá una catástrofe” y que “si aceptamos el menos malo de los acuerdos, sufriremos pero nos salvamos”.

La grave realidad es que será tan catastrófico el mero default sin proyecto alternativo como la firma del vasallaje matando el proyecto de una nación soberana.

El acuerdo negociado por el gobierno implica someternos a la voluntad del capital financiero internacional, gestionada por el FMI instalado en nuestros ministerios ¡DURANTE 10 AÑOS!

Es un plan con la exigencia de cumplir objetivos fiscales-monetarios-de reservas-antiinflacionarios-etc, con un enfoque neoliberal que hará imposible cualquier estrategia de desarrollo. Un plan que nos impondrá un examen cada tres meses con la espada de Damocles de hundirnos en el default si no cumplimos los objetivos trimestrales del ajuste.

Es un plan de austeridad para transferir capitales al exterior, durante 10 años, sin estrategia económica nacional (pero con un insultante “gasto social” para financiar ollas populares), que implica perder definitivamente el tren del desarrollo de la era digital-cuántica-espacial.

Lo que ocurrirá es que mientras algunas potencias darán un salto tecnológico descomunal (si no se autodestruyen con la tercera guerra mundial), el establishment de la globalización seguirá imponiendo sus planes genocidas para reducir la población del mundo en 3.500 millones de personas, eliminando a los pueblos subdesarrrollados del sur ... y es exactamente allí donde quedaremos hundidos el 80% de los argentinos.

Nuestra opción no es elegir entre la muerte súbita y la muerte en cuotas. Nuestra opción es no morir como Nación ni morir como pueblo de hambre y enfermedades crónicas del subdesarrollo.

Nuesto problema político es que casi 40 años de democracia liberal han sido inútiles para desmontar la trampa económica perversa de Videla y Martínez de Hoz.

¿Por qué sigue vigente la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz? ¿Porqué no se revirtió el desmantelamiento de Industrias Mecánicas del Estado a favor de Ford? ¿Porque no tenemos nuestro Banco Nacional de Desarrollo? ¿Por qué el Banco Hipotecario Nacional dejó de financiar casitas para trabajadores para financiar departamentos de lujo y countries? ¿Por qué no se recuperó la soberanía de gestión sobre los puertos y las aguas del Río Paraná y del Río de la Plata? ¿Por qué no tenemos otra vez una flota mercante nacional?

Porque la clase política no se animó a desmontar el modelo económico de la dictadura.

¿Cuál era la relación de fuerzas el 7 de julio de 1816 antes de declarar la independencia y cruzar los Andes con un ejército armado a voluntad? Sin embago nos independizamos junto con todo el continente y acabamos con “el imperio donde nunca se pone el sol”.

¿Cuál era la relación de fuerzas el 15 de octubre de 1945, con Estados Unidos como potencia emergente y el coronel Perón preso? Sin embargo nació el movimiento popular y el gobierno que industrializó al país e introdujo la justicia social con una revolución política soberana.

¿Cuál era la relación de fuerzas el 27 de mayo de 1969 con la dictadura de Onganía entronizada para 30 años más y con el respaldo del vandorismo como bomberos que apagarían los incendios sociales? Sin embargo se desató una ola revolucionaria que acabó para siempre con la seudodemocracia proscriptiva y con el Partido Militar como representación política de la oligarquía.

Las transformaciones estructurales que se tornan imprescindibles como condición de supervivencia nacional y social nunca son fruto del posibilismo, sino de decisiones heroicas.

La democracia fallida defiende “los derechos humanos” contra la dictadura, pero es cómplice de la subsistencia del proyecto económico y social de Martínez de Hoz. No casualmente se reivindica a las víctimas de la dictadura con la vigencia de la “teoría de los dos demonios”.

La trampa económica de Videla y Martínez de Hoz sigue vigente con leyes y políticas públicas de la dicrtadura. Es la trampa de la entrega de la soberanía financiera a los bancos privados extranjeros y de la exclusión social crónica y creciente de millones de argentinos. Es la trampa de la precarización laboral permanente de la mitad del país; la trampa de “la plata dulce” con el dólar barato como soborno social para la desindustrialización combinada con la posterior megadevaluación para transferir riqueza del pueblo a los especuladores. Es la trampa del “acceso al mercado internacional de capitales” para adquirir una deuda externa sistémica en que los dólares se los llevan los mismos de siempre y la deuda es estatizada. Es la trampa de la entrega de los recursos naturales a multinacionales que roban el patrimonio nacional y destruyen los ecosistemas.

En definitiva es la trampa de convertirnos en estado fallido al grito de “achicar el estado es agrandar la nación”. Si los argentinos no nos animamos a resolver este problema, estamos perdidos.

3) Nuevo contrato social o guerra social directa

Ninguna sociedad en ninguna época puede desarrollar un sistema político-económico estable con la voluntad política de un 55% de su población contra la voluntad política del 45% restante. Muchísimo menos si la “mayoría política” es apenas a un diputado más y un senador más.

Cualquier nación que quiera construir un sistema político-económico con un Estado sólido y eficiente debe basarse en un Contrato Social tácito o explícito. Aunque suene perogrullesco, hay que ser conscientes de que no puede existir una sociedad si sus miembros no son socios.

Argentina carece de contrato social. Sería ocioso discutir desde cuando. Pero lo cierto es que no tenemos un proyecto de país compartido, como mínimo, desde muchas décadas.

La Constitución Nacional es la expresión jurídico-política del Contrato Social. Pero la convivencia exige un Contrato Socioeconómico. Hemos pasado décadas sin Constitución y la que tenemos fue el “pacto de Olivos”, cuyas limitaciones se evidencian en la debacle de 2001 y en el drama de esta deuda con el FMI, nacida de un acuerdo inconstitucional firmado por Macri.

No se me escapa que es muy probable que el pacto para un Nuevo Contrato Social sea imposible. Pero debemos tener en cuenta que la alternativa a no acordar un nuevo Contrato Social de largo plazo es la guerra social directa de la decadencia económica sin solución.

Hoy la violencia social de supervivencia es el delito individual o de bandas marginales. Pero la degradación sistémica se agravará con 10 años de dictadura del FMI; la violencia se convertirá en guerra social directa entre empobrecidos y excluidos organizados en maras o grandes bandas sociales, por un lado, y los enriquecidos e incluidos con empresas de seguridad privada por el otro.

Será una guerra civil en que la batalla es matar al enemigo por un par de zapatillas, un reloj, un teléfono móvil, la bolsa del supermercado o una violación en manada. Una guerra en que las fuerzas policiales se convierten en un beligerante paramilitar autónomo con objetivos de botín propio. Una guerra civil sin ejércitos y sin estrategias, rumbo a la destrucción nacional y social.

Parece más que sensato que los actores sociales y politicos se planteen un Nuevo Contrato Social antes de aceptar la falsa opción “default sin propuestas o dictadura del FMI”.

¿Qué habría que negociar en un Nuevo Contrato Social?

Adelanto que la discusión correcta no es sobre “Capitalismo” o “socialismo”. Esa clasificación se basa en un único parámetro: la propiedad privada de medios de producción. Desde la Edad de Bronce en adelante, no existen “sistemas de economía pura”. Todos los sistemas de la historia son sistemas político-económicos, con un subsistema económico (compuesto por el aparato productivo y la estructura social) y un subsistema político (compuesto por el aparato gubernativo y la estructura social). En todos los sistemas el estado es la principal estuctura social del subsistema político y el mercado es la principal estructura social del subsistema económico. Definir al capitalismo como “economía de mercado” o por “existencia de propiedad privada de medios de producción” es un de simplismo histórico. También son economias con mercado y con propiedad privada de medios de producción el esclavismo de la antigüedad, el feudalismo, el colonialismo, el justicialismo, el socialismo del Siglo XXI, el estado de bienestar, y hasta el socialismo soviético.

Todos esos sistemas también tuvieron Estados que regularon la economía. En una economía que produce excedentes acumulables, si desaparece el Estado, lo único que genera el mercado es hiperinflación, que es la guerra de todos contra todos por ausencia de poder político sistémico.

La simplista dualización de “2 sistemas económicos canónicos” obliga a aceptar muchos tipos de capitalismo (porque Argentina, Haití, Alemania y Japón no tienen el mismo sistema) y muchos tipos de socialismo (porque la URSS, los socialismo árabes, la Yugoslavia de Tito, o la Venezuela de Chávez no tienen el mismo sistema).

No se trata de etiquetar un sistema sino de acordar qué actividades económicas asumirá el estado y qué actividades económicas se dejarán libradas al mercado con leyes que lo regulan. Esto se debe explicitar en el Contrato Social, acordando el tiempo de transición. Se podría pactar objetivos económicos a 10 años sobre:

a) La distribución social de la renta nacional especificando qué porcentaje de dicha renta recibe cada uno de los “deciles” de población (segmentos del 10% de la población total).

b) La maqueta nacional de infraestructuras incluyendo: plan de reorganización urbanístico-demográfica, nueva matriz energética sostenible, nueva red ferroviaria nacional eléctrica, reordenamiento y desarrollo de la red de autopistas y carreteras, nuevo perfil industrial del país con su distribución geográfica nacional, plan de desarrollo de una red satelital. Todo esto, realizado con criterio de sustentabilidad ecológica, cambiaría revolucionariamente la equidad federal, el Valor Agregado nacional, la justicia social y la calidad de vida.

c) Plan de inversiones públicas, privadas y cooperativas según la maqueta de infraestructuras

d) Política de estado de gestión macroeconómica incluyendo: 1) gasto público y política tributaria como porcentajes del PIB, con prioridades sectoriales definidas y especificación de políticas a aplicar, con un objetivo de 3% de déficit fiscal primario anual; 2) politica cambiaria (propongo pactar un tipo de cambio real efectivo constante); 3) política de control de la inflación; con una política para cada una de las causas, pactar un objetivo del 3% anual. ¡ESO ES POSIBLE!.

e) Política de estado sobre endeudamiento público interno y externo, definiendo un límite máximo de ambas deudas sumadas para todas las administraciones públicas del 60% del PIB

f) Estrategia nacional de defensa civil y militar frente a amenzas de ambiciones extranjeras sobre recursos naturales, del cambio climático y de las técnicas productivas que subordinan la seguridad pública al beneficio privado. Esto implica formar Fuerzas Nacionales de Defensa Civil y Militar para controlar: incendios forestales, inundaciones pluviales, desbordes fluviales, catástrofes de terremotos, inundación por tsunamis, catástrofes ecológicas, plagas fitosanitarias y zoosanitarias, pandemias y epidemias virales y bacterianas, ciberterrorismo, bloqueos internacionales a las exportaciones o importaciones, ataques militares y/o paramilitares abiertos y encubiertos.

4) Los problemas estructurales que debe resolver un Proyecto Nacional integralmente sostenible basado en nuevo Contrato Social

Entendemos por desarrollo integralmente sostenible un desarrollo socialmente justo, económicamente eficiente, políticamente pluralista y ecológicamente sostenible, como sistema de una Nación plenamente Soberana que promueve la integración Latinoamericana.

Las políticas de estado del Contrato Social surgen de un escenario definido por problemas estructurales que generan restricciones que causan subdesarrollo, dependencia y conflictividad sociopollítica. Es imprescindible concebir la Unidad Nacional con el objetivo explícito de cambiar las estructuras perjudiciales.

Entre los impedimientos estructurales se destacan seis restricciones o malformaciones estructurales que deben ser superadas.

a) Restricción tecnológica. Dependencia tecnológica, retraso en las tecnologías de punta, plantas industriales sin economías de escala.

b) Restricción energética. Infraestructura para energía eléctrica insuficiente en potencia y en predominio de fuentes renovables; alta dependencia de combustibles fósiles.

c) Restricción logística de transporte. Red ferroviaria nacional obsoleta y casi desmantelada que conserva el trazado convergente en el puerto de Buenos Aires, ausencia de red nacional de autopistas y marina mercante desmantelada.

d) Restricción logística de comunicaciones. Dependencia en la red de comunicaciones satelitales.

e) Restricción en el desarrollo social.

e.1.) Escasa población para la potencialidad económica del territorio y más de un 10% de la población escasa excluida del sistema pero residente en las principales ciudades;

e.2.) Concentración macrocefálica del 35% de la población en el Área Metropolitana de Buenos Aires con graves deseconomías de escala en servicios públicos;

e.3.) Aparato educativo obsoleto con declive social en lo cultural, técnico y profesional; más de un 35% de la fuerza laboral con trabajos informales y formación profesional obsoleta;

e.4.) Retraso y empobrecimiento de la infraestructura sanitaria pública y decadencia de las obras sociales; indefensión sanitaria ante pandemias y epidemias.

f) Restricción externa. Estrangulamiento reiterado de la balanza de pagos financiado con endeudamiento externo impagable y default recurrente. Exceso de demanda de dólares como reserva de valor ante una inflación sistemática desde hace décadas.

g) Restricción en la defensa nacional. Indefensión estratégica ante cualquier tipo de de guerra (convencional, biológica, ciberguerra, económica o nuclear) o de amenazas naturales.

5) La decisión política sobre el acuerdo con el FMI

Lo primero que corresponde aclarar se refiere a quien es el sujeto político de la decisión.

¿Quien es el que decide firmar o dejar de firmar un acuerdo sobre deuda externa impagable?

El sujeto político que se juega su existencia futura en esta decisión es el pueblo soberano.

Los límites de la autoridad del Poder Ejecutivo ante la soberanía popular están definidos en el Ar.t 29 de la Constituciòn Nacional vigente:

“El Congreso no puede conceder el Ejecutivo Nacional ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a marced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.”

Es más que claro que una mayoría relativa de legisladores y mucho más una sola persona ejerciendo el Poder Ejecutivo carecen de facultdes para empeñar la vida y la fortuna de 45 millones de argentinos. Y si lo hacieran, merecerían la pena de los infames traidores a la patria.

El Art. 40 de la Constitución vigente autoriza la aprobación de leyes en consulta popular vinculante y también autoriza la convocatoria de consultas populares no vinculantes.

¿No tendrán nada que decir los más de 32 millones de ciudadanos con poder de voto soberano sobre el futuro de sus vidas, su honor y sus fortunas? Estos millones de argentinos somos el sujeto político de la Nación conforme al principio constitucional de la soberanía popular.

Es el pueblo soberano el que tiene que tomar la decisión sobre una deuda externa que compromete gravemente el futuro de la Nación, del bienestar social y de la paz social.

“El pueblo de la nación” no es un sujeto homogéneo. Es un sujeto social complejo, plural, con intereses diversos y contrapuestos. Pero un pueblo sin valores y objetivos compartidos no es una Nación sino apenas una “población”. Por eso debemos acordar el Contrato Social de la Nación antes de tomar colectivamente como pueblo soberano esta decisión sobre la deuda con el FMI.

Debemos decidir sobre esta deuda externa dentro del estado de derecho de la Constitución Nacional. La Constitución, Capítulo Cuarto “Atribuciones del Congreso”, Art. 75 dice:

“Corresponde al Congreso:

( … )

“4. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación

( … )

“7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación

( … )

“22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás Naciones y con las organizaciones internacionales … ”

La deuda contraida por Macri no es jurídicamente una deuda de la Nación Argentina porque no fue aprobada por el Congeso. Está pendiente la decisión del Congreso sobre aprobar o desechar ese tratrado concluído con una organización internacional conformada por otros estados soberanos.

La primera decisión que cabe tomar sobre la deuda con el FMI es votar en ambas cámaras del Congreso si se aprueba o se desecha el tratado firmado por Macri.

Si el Congreso la desecha, no corresponde aprobar ninguna renegociación.

En caso de que el Congreso la apruebe, los legisladores que consientan el sometimiento de la vida y la fortuna de los argentinos a la voluntad de gobiernos o personas extranjeras cometerán el delito de los infames traidores a la Patria. Pero además, ese endeudamiento sería constitucionalmente un acto de nulidad insanable, según estable el Art. 29 de la Constitución.

Hay algo de todos modos evidente: el FMI entregó 44.000 millones de dólares a autoridades argentinas. Rechazar la aprobación del préstamo no nos autoriza a quedarnos con un dinero que es del FMI. Efectivamente corresponde devolver al FMI los 44.000 millones de dólares que entregó, pero no corresponde que paguemos ni un centavo de intereses por un préstamo que nunca aceptamos. Por la misma razón, no tendríamos obligación de hacer ningún “acuerdo de facilidades extendidas” con el FMI para refinanciar lo que nunca existió legalmente.

Con soberanía plena de nuestra política económica y social devolveremos 44.000 millones de dólares que no son nuestros en la medida de nuestras posibilidades y rescatando los dólares malhabidos por los especuladores amigos del gobierno anterior.

Siguiendo el dicho de que “más vale un mal acuerdo que un pletito bien ganado” sería inteligente que el gobierno recomprara con pesos los dólares fugados a los especuladores que prefieran no tener problemas legales. Esos dólares serían girados como devolución al FMI.

Los diputados/das y senadores/as deberían asumir que la magnitud política de la decisión amerita un referéndum; que el soberano de la República apruebe en una consulta popular vinculante, como lo establece el Art. 40 de la Constitución Nacional, desechar el tratado firmado por el gobierno de Macri con el FMI.

Alternativamente, el Presidente o el Congreso pueden convocar, según el mismo Art. 40, a una consulta popular no vinculante sobre si el pueblo prefiere aprobar o desechar el acuerdo firmado por el gobierno anterior con el FMI.

En cualquier caso, si el Congreso no aprueba explícitamente el crédito concedido al gobierno de Macri, dicho crédito no tiene ni siquiera presunción de entidad constitucional como acto válido.

Si el FMI no aceptara ningún acuerdo basado en el estado de derecho vigente al momento en que entregaron el crédito a Macri, habrá que resolver el litigio ante un tribunal internacional.

El litigio entre un Estado y un organismo multilateral conformado por otros estados tiene como foro judicial con competencias al Tribunal Internacional de La Haya.

Hacer cualquier cosa diferente a lo establecido en la Constitución implicaría un delito doloso contra el Estado Nacional y un atentado contra el estado de derecho democrático de la República Argentina por abuso de poder, en los términos establecidos por el Art. 36 de la Constitución Nacional:

“Esta Consitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. ( … )

Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo.

Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento … ”

5) Unidad nacional para pactar un nuevo Contrato Social y apego a la Constitución Nacional frente al capital finaciero internacional

Es un deber de los líderes políticos y sociales sentarse a pactar las bases de un Proyecto Nacional compartido que detenga la decadencia de décadas y comience la reconstrucción nacional.

Un nuevo Contrato Social podría ser acordado racionalmente por el 100% de los argentinos, aunque eso resulta poco probable. Si el pacto no cuenta con un acuerdo explícito de una mayoría social del 90% o 95%, no será viable. Si en cambio resultara factible, aunque no cuente con el consentimiento del 100% de los argentinos, daremos una solución heroica a un problema gravísimo que será valorado por los pueblos del mundo y escucharemos como eco, con la melodía del himno nacional, que “los pueblos del mundo responden, al gran pueblo argentino, ¡Salud!”