Problemas del SUR

El gobierno nacional inició el registro para un Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR) de Bahía Blanca, destinado a particulares afectados por la inundación que la ciudad sufrió el 7 de marzo. El subsidio será de entre 2 y 3 millones de pesos, según el daño sea considerado medio o grave.

La asignación del SUR la hará efectiva el Ministerio de Seguridad, que explicó que la determinará únicamente por criterios de afectación por zona, en base a marcas georreferenciadas de los sitios donde las aguas fueron más crueles. Santiago Hardie, director de Apoyo Federal a Emergencias del Ministerio, estimó que deberán cubrir a entre 85 y 90 mil hogares. Según el censo nacional de 2022, las viviendas ocupadas en el distrito bahiense eran 130.861, con lo que los daños habrían alcanzado al 65% del total.

Al aplicar sólo la medición de afectación, el Gobierno eligió seguir a las aguas, que por la irregularidad del terreno no distinguieron entre clases sociales. El dinero lo necesitan todos los afectados, porque cualquier destrozo alcanza o supera los montos definidos, pero el criterio gubernamental no observa las necesidades en términos relativos por ingresos o capital. Si a todos los afectados les costará la reconstrucción, mucho mayor será la cuesta arriba para quienes no tienen trabajo o no cuentan con ahorros, acceso a créditos o bienes a los que recurrir para reingresar en la cotidianeidad perdida, que en muchos casos ya venía siendo alarmante.   

En una ciudad con la segmentación territorial de Bahía Blanca, no debería resultar difícil distinguir entre pertenencia a clases sociales según zonas afectadas. De todos modos, lo mejor sería el respaldo de la certificación, que permitiría una asistencia más acorde a la situación: si toda la ciudad saldrá más pobre de la catástrofe, los sectores de menores recursos habrán descendido más aún. Qué ocurrirá con ellos, en un marco de destrucción general, es un interrogante abierto. Los últimos datos, correspondientes al tercer trimestre de 2024, estimaban la informalidad laboral en 28,3% y la precariedad en 34,9%. Es esperable que esos números empeoren tras la catástrofe, que no sólo dañó viviendas sino también a comercios y empresas.

En todo el país ser pobre cuesta muy caro, y Bahía Blanca no es la excepción. Esta semana se conoció la medición de las canastas de consumo a nivel local para marzo, calculadas por el Centro Regional de Estudios Económicos que depende de la Bolsa de Comercio. Para una familia tipo, la canasta alimentaria que fija la línea de indigencia se ubicó en 544 mil pesos. La canasta básica total, que traza la de pobreza, en 1.267.593. Las variaciones respecto de febrero fueron de 4% y 3,1%, en ambos casos por encima del nivel general de inflación del mes, que para el mismo Centro fue de 2,9%. La inflación, en rebote tras meses de descenso, golpea más fuerte a los bajos ingresos. El 31 de marzo el INDEC dio a conocer sus cálculos sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia en los 31 aglomerados urbanos que releva. En Bahía Blanca fueron de 25,5% y 3,7% de las personas, respectivamente.

Otro aspecto problemático es la modalidad del trámite para obtener el SUR. El Gobierno anunció que no habría intermediarios y dispuso que el registro sea virtual, lo que representaría una dificultad para las 20 mil personas que no poseen celular con acceso a internet, si alguna de ellas resultó afectada. Lo mismo puede temerse para quienes hayan perdido conectividad como consecuencia de la inundación, o en los casos de adultos mayores con menor dominio de la tecnología.

Son los sectores que dependen de la atención personalizada de otro ser humano, o de un espacio en que acceder al menos a una computadora. Suponer que la intermediación se diagrama por afán de corrupción, clientelismo o pertenencia partidaria es desconocer esos problemas.

Por otra parte, el trámite requiere aportar el número de NIS, como usuario de energía eléctrica. De ese modo, emerge la incertidumbre sobre qué pasará con quienes no podían acceder regularmente al servicio de electricidad. Estimaciones del CONICET en 2021 cifraban en torno a dos millares y medio los hogares bajo esa condición. Si alguno de ellos sufrió pérdidas materiales con la inundación, su amparo quedará bajo la órbita provincial o municipal.   

Al igual que en la asistencia a los afectados de menores recursos, tales vacíos amenazan la eficacia de la inversión pública volcada en el SUR, que fuentes oficiales estiman en unos 200.000 millones de pesos. A esa cantidad se suman otros 26.000 millones del rescate a empresas y comercios que la ministra Patricia Bullrich anunció este lunes 7. Al menos contribuirán a mitigar la caída del consumo, por las que no puede culparse únicamente a la cruel inundación.