Reforma judicial: la Justicia de cara al Pueblo

Por Agustín Bruera / Foto Prensa Sitraju

(Esta nota fue publicada con lenguaje inclusivo por decisión del autor)

La tan nombrada reforma judicial es mucho más que la ampliación de juzgados, la unificación de fueros, el cambio de nombres y potestades; la reforma es (o debe ser) ante todo el primer paso de un camino que promueva la construcción de un poder más democrático, igualitario, transparente e independiente, y verdaderamente comprometido con la defensa de los derechos del Pueblo.

Ayer se dio un paso, que no fue el primero, porque en este camino lleno de resistencias, mezquindades, intereses muy poderosos en juego, (también de los otros que solo buscan sus propios resguardos), los obstáculos son permanentes y hay sectores que sistemáticamente se oponen a cualquier proceso de transformación democrática.

Lxs trabajadorxs judiciales celebramos este anuncio de Reforma Judicial, sabiendo que hay mucho por delante, y por eso justamente volvemos a reclamar que sumen nuestra voz a los cambios propuestos. El espíritu democrático que anima la conformación de un comité de especialistas en materia jurídica que aconseje las modificaciones, sin dudas debe comprender a representantes de lxs trabajadorxs judiciales. 

Es en este sentido que también expresamos nuestra declaración de apoyo ante la forzada imposición de una agenda de persistente oposición a los cambios, que busca instalar la falsa idea de que la comunidad judicial los rechaza.

Asimismo, entendemos que la reforma debe alcanzar no sólo a los tribunales federales en materia penal sino también a la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, máxima responsable del deplorable estado en el que se encuentra el sistema judicial.

Por otro lado, creemos que todo el proceso que se inicia deberá abordarse de manera integral con perspectiva de género, que permita por un lado revertir desigualdades y afrontar el compromiso de promover una justicia antipatriarcal.

Será fundamental en esta etapa retomar la efectiva aplicación de la ley de Ingreso Democrático, tanto en los Ministerios Públicos (donde ya se aplica) como en el Poder Judicial, donde nunca se puso en práctica; ampliar todos los dispositivos que fortalezcan los programas de Acceso a la Justicia, y poner en marcha con todos recursos necesarios, el sistema acusatorio federal, situación que sin duda debe ir acompañada del nombramiento del Procurador General de la Nación, con el correspondiente acuerdo del Senado, que permita luego de más de dos años de interinato, planificar y construir un Ministerio Público en defensa los intereses generales de la sociedad, tal como está determinado en el artículo 120 de nuestra Constitución Nacional.