Tres historias y los límites de las políticas de inclusión

Por Jorge Giordano

Tres situaciones verídicas dan cuenta de un Estado que mantiene prácticas que nada tienen que ver con la democracia y la inclusión social. Tres historias que nos obligan a pensar, necesariamente, en que otro Estado debe ser posible.

Uno

Una joven de quince años se acerca a una dependencia municipal para asesorarse sobre cómo denunciar un abuso. En ese lugar se la contiene y se le explican los pasos a seguir. Al día siguiente, va con su madre a una Comisaría de la Mujer.

En la Comisaría, unas agentes acusan a la madre de haber sido cómplice de ese abuso. La joven queda a solas con la abogada y no se le permite a la madre estar con ella. La abogada empieza a cuestionar a la joven: "¿Estás segura de que querés hacer la denuncia? Esto trae otras consecuencias, capaz sea mejor que pienses en un tratamiento psicológico aparte...".

Dos

Otra joven de catorce años quiere denunciar una situación de abuso que sucedió cuando ella era chica. Realiza la denuncia. No es necesario que la joven se someta a una revisión médica. Una médica forense dependiente del poder judicial intenta revisarla igual, aduciendo que es obligatorio.

Tres

Un joven de catorce años se encuentra en una situación de consumo problemático de drogas. También sale a robar y prácticamente no posee ningún tipo de contención familiar. En vistas de que es considerado “un peligro para sí mismo y para terceros”, y por pedido de su madre, se toma la decisión de internarlo por la fuerza en un dispositivo estatal. 

De acuerdo con lo pautado en estos casos, la policía pasa a buscarlo por su casa y lo esposa para meterlo a un móvil. Recorren tres dependencias estatales en tres municipios diferentes: en ninguno de los tres se encuentra un psiquiatra que pueda examinarlo para hacer la admisión. El joven es subido de nuevo al patrullero y devuelto a su casa, después de ser paseado por horas por el conurbano.

Lógicas

Estas situaciones, que no son excepcionales, ponen el acento sobre prácticas que perduran en diferentes ámbitos del Estado. En los tres casos, las víctimas debieron enfrentarse a una maquinaria con ramificaciones en la Justicia, el sistema médico y las fuerzas de seguridad. Los tres casos dan cuenta de los límites concretos de cualquier discurso de “inclusión social y ampliación de derechos”.