América Latina: recrudecimiento de los asesinatos y las desapariciones forzadas

Por Diego Moneta

Tras varias jornadas represivas y un estado de crisis que se mantiene, en Colombia comienzan a recabarse los saldos que deja la violencia policial, si bien las estadísticas pueden ser incompletas, subregistradas o invalidadas a nivel oficial. Según diversos organismos de derechos humanos, hasta el sábado 8 de mayo, se contabilizaban más de 1800 casos, incluyendo, al menos, 500 desapariciones y 39 víctimas fatales. 

El paro nacional contra la reforma tributaria fue convocado el 28 de abril pasado, pero en Colombia durante los últimos años se produjo el mayor número de asesinatos de líderes sociales y comunitarios de toda América Latina. Pese al compromiso asumido en 2016 con el acuerdo de paz, la respuesta estatal se limitó a fortalecer la militarización de los territorios. A principio de 2021 ya se denunciaba, a pesar de la dificultad para elaborar estadísticas, que desde 2016 hasta 2020 las cifras de muertes variaban entre las más de 400 (según Human Rights Watch), más de 700 (según la Defensoría del Pueblo colombiana) o más de mil (según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz). En enero y febrero se sumaban 73 casos más y generaban que Juliette de Rivero, la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, pidiera al Estado responsabilizarse por la cuestión.    

La situación se replica, en mayor o menor escala, en otros países de Latinoamérica y demuestran el agravamiento de la situación los últimos años y su persistencia a pesar del aislamiento preventivo por la pandemia del coronavirus. En la mayoría de los casos, la cuestión se encuentra ligada a la agresión hacia comunidades indígenas y líderes sociales y ambientales, según presenta el informe Defender el mañana del año 2020 de la organización Testigo global. Colombia con 64 casos encabeza el ranking de asesinatos de líderes y, a excepción de Filipinas, los seis siguientes son países de nuestro continente: Brasil (24), México (18), Honduras (14), Guatemala (12) y Venezuela (8). América Latina concentró más de dos tercios de los homicidios.

El asentamiento de distintos líderes en un mismo lugar fijo, con motivo del aislamiento preventivo, parece haberlos vuelto fácilmente identificables. Algunos de los ejemplos de asesinatos más destacables son: El pueblo Mayangna de Nicaragua; La comunidad indígena de China Kicha en Costa Rica; Iris Argentina Álvarez, integrante de una cooperativa campesina que recuperó tierras en propiedad del Estado hondureño; Paulo Paulinho, de la etnia guajajara, que protegía la zona de la Amazonía brasilera de madereros ilegales; Samir Flores, que se oponía a que se construyera una planta termoeléctrica y un gasoducto en México. También cabe mencionar el caso de Marielle Franco.

El país azteca es otro de los casos de extrema urgencia. Durante 2020 desaparecieron casi cinco mil personas, según informó el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas. Aseguró que, si bien la tendencia va a la baja, hay problemas estadísticos por la inacción de muchas fiscalías. A su vez, vinculó la situación al crimen organizado bajo el supuesto de que las locaciones geográficas coinciden con territorios regidos o en disputa por carteles, destacando en particular el caso de Jalisco y el de Veracruz. Por último, más allá de que la cifra aumente, la preocupación pasa porque la mayor cantidad de personas tiene entre 15 y 30 años, de acuerdo a lo que planteó Karla Quintana, comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBP).

La desaparición de menores ocurre también en otros países de la región, y en particular destaca el caso de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba en Paraguay. El asesinato de dirigentes campesinos ha sido una constante desde el regreso de la democracia, con el objetivo de criminalizar la lucha social, según el Informe Chokokué de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). Por último, en Perú las personas desaparecidas son mayormente mujeres y “se mantienen en constante incremento”, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo. Además, en medio de la emergencia sanitaria suman doce muertes de líderes indígenas y ambientales en la zona amazónica.   

El primer paso es que los Estados reconozcan la problemática y se alejen de la negación o remilitarización como respuesta. Las personas vinculadas a causas sociales en la región sufren distintos tipos de intimidaciones que van desde las amenazas o detenciones arbitrarias a la desaparición forzada o asesinato. Cuando esto se produce, disminuye la posibilidad de que una comunidad se vuelva a movilizar, por lo que daña la democracia participativa.

Si hasta ahora las estrategias de protección son insuficientes, inadecuadas, excluyentes o llegan tarde es necesario el desarrollo de políticas públicas con un abordaje integral, considerando causas estructurales, y particulares de cada país, y otorgando apoyo financiero y político para que logren su cometido. Mejorar el acceso a la información y fortalecer los programas de protección ya existentes de las comunidades es un buen punto de partida.