Brasil: la reforma política la hizo la Corte

Por Santiago Gómez - Desde Florianópolis

El gobierno de la Presidenta Dilma Rousseff no tiene apoyo popular. Las críticas dentro del Partido de los Trabajadores (PT) a las medidas de ajuste tomadas son públicas, aunque hayan sido apoyadas por la conducción de PT que no deja de llamarlas anti populares y necesarias. La política centrada en el marketing y en evitar las confrontaciones llevó al PT a entregar el gobierno al poder financiero que consiguió que Standars & Poor le bajara las calificaciones y así sumar a la crisis política. Mientras la oposición presentó en el día de ayer el pedido de juicio político en la Cámara de Diputados, que de ser aprobado el juicio sería llevado adelante por la Cámara de Senadores, el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) declaró la inconstitucionalidad del aporte privado a las campañas electorales, lo que forzaría la demandada reforma política que el gobierno propuso tras las manifestaciones del 2013. En lo que va del año la devaluación fue del 40%, el desempleo aumentó un 20%, pasando del 6,2 en diciembre del 2014 al 7,5% actual, y el gobierno impulsó leyes de flexibilización laboral, que no fueron votadas por el PT. La Presidenta lleva nueve meses contra las cuerdas aplicando las recetas conservadoras que aprendió en la facultad de economía, la pregunta es hasta dónde llegaran.

Impeachment

El grado de colonización cultural brasilera es tan fuerte que la clase política habla en inglés para decir juicio político. Como APU señaló en octubre del año pasado, el plan de la oposición era impulsar el juicio político a la Presidenta desde el primer día de su mandato, basándose en los casos de corrupción descubiertos en PETROBRAS. Corrupción que no se trataría más que del financiamiento privado de los partidos políticos, tal como la ley establece en Brasil. En un mundo en recesión, en una economía como la brasilera que centró el crecimiento en el consumo y con diez años de caída de la industria, Dilma Rousseff optó por aplicar las políticas económicas de su rival Aécio Neves, colocando a Joaquim Levy en el Ministerio de Economía, en vez de aplicar políticas anti cíclicas, en un país que tiene U$S 370.767 millones de reserva. ¿El nombramiento de Levy lo habrá pensado para evitar el juicio político o se debió al conservadurismo político y económico que caracteriza a la sociedad brasilera? Lo cierto es que desde que asumió su mandato aplicó todas las políticas que la derecha reclamaba, la población no sale a la calle para defenderla y la oposición maneja la agenda y tiene el mayor poder de movilización social.

“Contra Dilma no hay nada”

En una entrevista brinda al portal Brasil247.com, uno de los medios nacidos para defender al gobierno, el abogado Marcelo Lavanère, autor de la denuncia que llevó a juicio político al ex presidente Fernando Collor de Mello, manifestó que “varios periodistas que cubren denuncias contra Dilma ya me llamaron para pedir que hable sobre el impeachment de Collor, pero cuando les digo que son situaciones muy diferentes y que yo creo que no hay la menor razón para hablar de impeachmen de Dilma, pierden el interés y desisten de entrevistarme”. Lavenère recordó que Celso Mello, hoy ministro del Supremo Tribunal de Justicia, durante la Constituyente de 1988 estaba como Jefe de la Casa Civil (Lo que sería un Jefe de Gabinete) del gobierno de José Sarney, e hizo una importante contribución a la misma para que quedara claro que el juicio político a un Presidente sólo puede ser llevado adelante por las acciones cometidas durante su mandato. Los casos de corrupción de la operación Lava Jatos en la PETROBRAS, son del tiempo en que Dilma era presidenta del Consejo de Administración. La Constitución brasilera establece que por esos cargos quien ejerza la presidencia podrá ser juzgado finalizado su mandato.

Una ayudita de los jueces

En el día de ayer el Supremo Tribunal de Justicia declaró por 8 votos contra 3, la inconstitucionalidad del financiamiento empresario de las campañas políticas. En un juicio impulsado por la Orden de Abogados de Brasil (OAB), quienes se arrogan actuar “como voz constitucional del ciudadano”, el STJ declaró la inconstitucionalidad de los aspectos de la Ley de Elecciones 9.504/1997 y la Ley de los Partidos Políticos 9.096/1995, en lo que se refiere a donaciones privadas a las campañas políticas. Quienes buscaron un golpe de efecto, sumándose a la campaña contra el gobierno por la financiación privada recibida, de la que no está exento ningún partido, terminaron dándole una gran ayuda ya que terminar con el financiamiento privado era la base de la reforma política impulsada por el gobierno tras las manifestaciones de junio de 2013.

Mientras en su dictamen la Ministra Cármen Lúcia se refirió a la necesaria igualdad de oportunidades en la disputa electoral, destacando que aquel que tiene mayores recursos es el que tiene mejores contratos con las empresas y después va a representar esos intereses y no los del pueblo, en los que se basa la democracia, el ministro Celso Mello, el mismo que consideró que a los presidentes sólo se los puede juzgar por los actos durante su gobierno y uno de los tres que votó en contra, junto a Teori Zavascki y Gilmar Mendes,  consideró que las empresas tienen intereses legítimos, cuya vinculación debe ser amparada y protegida por el sistema jurídico, y entendió que no es contrario a la Constitución el aporte privado a las campañas, mientras que sea bajo un efectivo control que impida el abuso económico. El sistema político brasilero, en el que se votan candidatos y no partidos, hace imposible la inexistencia del abuso económico con el que el ministro sueña.

El PT apoya el ajuste y llama a movilizar

En el día de ayer la conducción del PT se manifestó para dar apoyo a “las necesarias medidas de ajuste” del gobierno y del retorno de la Contribución Provisoria sobre Movimientos Financieros (CPMF), lo que significa una alícuota de 0,2% sobre las transacciones bancarias en una economía que está prácticamente bancarizada. El ejecutivo espera recaudar de esta manera unos R$65 mil millones. Esto generó por parte de la Central Única de los Trabajadores (CUT), del Movimiento Sin Tierra (MST), y demás movimientos sociales el rechazo de la medida y la propuesta de que se crearan impuestos a los más ricos.

Para la CUT, el MST, que fueron responsables de la llegada del PT al gobierno, apoyar el ajuste se les hace muy difícil, la única alternativa que les queda es proponer que el ajuste lo paguen los más poderosos. Ante este panorama, el llamado del PT a movilizarse el próximo 26 contra el golpe servirá tan solo para la oposición para ver cuál es la fuerza de resistencia que al gobierno le queda. Con una escasa participación social de la población, con medidas que atentan contra el poder de convocatoria de los líderes sindicales, la medida tomada ayer por el Supremo Tribunal de Justicia quizá acelere la discusión por una reforma política en serio. Ya para las próximas elecciones de 2016 los partidos no podrán recibir dinero del sector privado, por lo que no les quedará otra que sentarse a negociar la reforma para definir cómo será el financiamiento público de los partidos políticos, actor central del sistema democrático.