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Brasil: si Temer sigue con sus reformas "se profundizará el conflicto social"
Por Guilherme Boulos*
El viernes 28 Brasil paró. Fue el mayor paro general de los últimos 30 años, según muchos relatos. Mayor que aquel de 1989 y comparable a la gran huelga del 12 de diciembre de 1986, después el fracaso del Plan Cruzado 2, en el gobierno de Sarney.
La paralización del transporte fue decisiva, como lo es en cualquier paro general. Las más importantes categorías de trabajadores también decidieron cruzar los brazos: bancarios, docentes (incluso de escuelas privadas), metalúrgicos, químicos, petroleros, entre otros. Las calles de las grandes ciudades quedaron vacías.
Más allá de eso, los movimientos populares organizaron bloqueos en decenas de rutas y avenidas centrales en todo el país. Accesos a aeropuertos y a los centros comerciales fueron trabados. A los que reclamaron, considerando los bloqueos “abusivos”, tal vez esperaban que el paro fuera hecho en los sambódromos. El paro general de hecho es para parar y los desafío a que encuentren uno en la historia que no haya recurrido a la táctica de los piquetes como forma de movilización.
El día fue cerrado con importantes protestas. En San Pablo más de 75 mil manifestantes marcharon del Largo de Batata hasta la casa de Michel Temer. Decenas de miles se concentraron en el centro de Rio de Janeiro. En los dos casos, hubo represión violenta de parte de la policía. Destaquemos, en relación a la violencia policial, el caso del estudiante Mateus Ferreira da Silva, que está internado en estado grave después de haber sido atacado por policías con un palazo en la cabeza durante la manifestación en Goiânia.
El paro tuvo también sus presos políticos. En medio de decenas de detenidos en todo el país y posteriormente liberados, tres militantes del Movimiento de Trabajadores Sin Techo permanecen presos en San Pablo bajo las increíbles acusaciones de “explosión” e “incendio delictivo”. Juraci Alves dos Santos, Luciano Antonio Firmino y Ricardo Rodrigues dos Santos están en este momento en cárceles, criminalizados por participar de bloqueos en el paro general.
La represión policial no fue capaz, además, de ofuscar la dimensión del paro. Desnorteados y sin conexión con la sociedad, el gobierno de Temer quiso sostener el “fracaso” del movimiento que paró el país. El ministro de Justicia, Osmar Serraglio, comparsa del “Padrino” de la Operación Carne Fraca (N.T.: una investigación por carne en mal estado), dijo que las manifestaciones fueron “un pifie”. Convengamos que pifiar es tener un tipo como Serraglio en el Ministerio de Justicia. De todas formas, en los bastidores el gobierno se asustó con el tamaño de la paralización, como relató el periodista Kennedy Alencar.
¿Y ahora?
El recado fue contundente, independientemente de las versiones o apelaciones a la “pos verdad”. La cuestión ahora es cuáles serán los próximos pasos del movimiento social. Y eso dependerá, en gran medida, de cómo el Congreso Nacional entienda el fuerte mensaje del paro general del día 28.
La primera hipótesis es que el Parlamento escuche el clamor de las calles y recule en la aprobación de las reformas. Los cambios previsionales tienen un rechazo de más del 90% de la sociedad, según la última encuesta encargada por la CUT a Vox Populi. La reforma laboral, que aún puede ser rechazada en el Senado, también es ampliamente rechazada. Y a diferencia de Temer, los diputados y senadores tendrán que enfrentar las urnas el próximo año. O sea, tienen más a perder. Este entendimiento comienza a expresarse en divisiones en las bases del gobierno, con las probables defecciones del Partido Socialista Brasilero y el Partido Solidario y la rebelión en la bancada del PMDB en el Senado.
Si eso sucede, las movilizaciones habrán sido victoriosas y el gobierno de Temer tendrá los días contados. Sin las reformas, Temer se vuele dispensable a los sectores económicos que lo sostienen. Lo que mantiene un presidente con 5% de aprobación, aún más, no electo, es sólo la confianza de la banca de que podrá garantizar sus intereses.
La hipótesis de retroceso del Congreso no parece, por lo tanto, la más probable. A pesar del éxito del paro y del fuerte rechazo a las reformas, la conducción del Parlamento parece apostar a la táctica de “huir para adelante”, o sea, sostenerse en el apoyo de la elite económica para preservar sus posiciones delante de las graves denuncias de corrupción. Se trata de un Congreso bajo sospecha, con los jefes de sus dos Cámaras investigados por venta de Medidas Provisorias para Odebrecht.
Por eso, la línea de mantener las reformas para salvar el cogote puede prevalecer. La apuesta, evidentemente, es de alto riesgo. Significaría darle la espalda al 90% de la sociedad brasilera, cerrar los oídos y apretar el acelerador.
Si así lo hicieran y colocan las reformas en la pauta de votación, el resultado será la profundización del conflicto social en el país. Un Congreso desmoralizado insistiendo en aprobar medidas ampliamente rechazadas por el pueblo puede ser la mecha para convulsionar de una vez las calles y la coyuntura política.
En ese caso, no quedará otra alternativa a los movimientos sociales que aumentar la contundencia de las movilizaciones. Nuevos paros generales podrán ser convocados. Y principalmente el desplazamiento del eje de las movilizaciones a Brasil, con fuerte potencial de radicalización. Y no será la radicalización de pequeños grupos, blanco fácil para la estigmatización mediática. Es posible que, por primera vez en décadas, veamos el fenómeno de la radicalización de masa en Brasil.
Los próximos días serán decisivos para definir cuál será el camino en la encruzijada. Y este camino dará una indicación de lo que ocurrirá en el país en los próximos años.
Traducción: Santiago Gómez
