Canciller de Bolivia sobre el envío de armas: "Existe la posibilidad de llamar funcionarios argentinos a declarar"

El canciller boliviano, Rogelio Mayta, amplió sus declaraciones en Radio del Plata, luego de la conferencia de prensa del jueves pasado, donde denunció el envío de material represivo desde Argentina, con motivo del golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales.

En ese sentido, detalló cómo encontraron la documentación que difundieron a la prensa internacional. "Tuvimos indicios de un tema parecido con Ecuador semanas atrás. Verificamos que el 16 de noviembre se habían traído materiales para apoyar el proceso de represión que se estaba viviendo acá, de rompimiento del orden institucional. Empezamos a indagar con otros países, en otras embajadas y encontramos en la embajada argentina en Bolivia ese documento que luego hicimos público”, destacó.

“Nosotros advertimos que en noviembre de 2019 había una situación internacional, que proveyó recursos, material y equipos, para que el gobierno de Jeaninne Añez desarrollará la estrategia de terrorismo de Estado para consolidarse en el gobierno”, profundizó con respecto a la ayuda que algunos gobiernos de la región brindaron al régimen de facto.

También contrastó las fechas de envío del material represivo y las protestas sociales. “El 13 de noviembre había protestas en todo el país contra el rompimiento del orden institucional que estábamos viviendo. Se sucedieron hechos de represión, torturas, detenciones ilegales, procesamientos judiciales arbitrarios”, aseguró. 

Con respecto a la polémica en torno a la denominación, si armamento, munición letal o no letal, el canciller apuntó que “la munición no letal depende de cómo se use puede ser muy letal. En el caso de la munición que se trajo se usó para una represión en la ciudad del Alto y hubo asesinados”.

Por ahora, el funcionario boliviano adelantó que no iniciarán más acciones, a la espera de la resolución de la CIDH. De todas maneras, no descartó la posibilidad de llevar la denuncia a otros organismos. “La investigación está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que ver la evolución. Más adelante, probablemente evaluemos la posibilidad de recurrir a otro escenario e iniciar una denuncia allí”.

Por último, destacó que evalúan citar a funcionarios argentinos en caso que la investigación judicial avance, ya que son los propios magistrados los que deben impulsar dicha acción. “Existe la posibilidad de llamar funcionarios argentinos a declarar a través de la cooperación judicial internacional. Hemos tratado en el ámbito del Mercosur, que nos facilita esa situación. Eso, de todas maneras, deben hacerlo los jueces y fiscales”, concluyó.