"El pueblo derrotó al General pero la oligarquía guatemalteca busca recambio"

Por Carlos Iaquinandi Castro (*)

General —no importa cuál, da lo mismo, es igual—:

Para ser General, como usted, General, se necesita haber sido nombrado General.

Y para ser nombrado General, como usted, General, se necesita lo que a usted no le falta, General.

Usted merece bien ser General, llena los requisitos, General.Ha bombardeado aldeas miserables, ha torturado niños ha cortado los pechos de las madres rebosantes de leche, ha arrancado los testículos y lenguas, uñas y labios y ojos y alaridos.

Ha vendido mi patria y el sudor de mi pueblo y la sangre de todos. Ha robado, ha mentido, ha saqueado, ha vivido así, de esta manera, General.

General —no importa cuál—: para ser General, como usted, General, hay una condición fundamental: ser un hijo de puta, General.                

Manuel José Arce - Guatemala 1935. Murió en el exilio en 1985.

El hartazgo, la indignación y la firmeza del pueblo guatemalteco terminaron con el gobierno del general Otto Pérez Molina, cuando faltaban 4 meses para el fin de su mandato. Las numerosas pruebas presentadas por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) implican al presidente en una trama delictiva de contrabando y cobros ilegales en las aduanas del país. Durante semanas reiteradas movilizaciones populares de miles de personas denunciando la corrupción y pidiendo justicia, alcanzaron finalmente su objetivo.

“Más dura será la caída”

En 48 horas, el General perdió su inmunidad en el Congreso y la fiscalía ordenó su detención.  En el mismo breve periodo, el pueblo guatemalteco lo vio y escuchó por TV proclamar su inocencia y afirmar que luchaba contra el delito y la corrupción en su país y horas más tarde, ya detenido, comparecer compungido ante el juez escuchando las grabaciones donde él mismo daba indicaciones a miembros de la trama criminal. La fiscalía dispone de miles de escuchas que comprometen a Pérez Molina y a unos 50 funcionarios de distinto nivel.

La hidra de dos cabezas

La banda que dirigía la corrupción, era conocida como “La Línea”, y entre sus miembros aparecen importantes funcionarios de la administración tributaria, del Instituto de la Seguridad Social, de las Aduanas, incluso el secretario privado de la vicepresidencia. Pero en documentos y escuchas, la referencia a los “jefes” de la banda, mencionaban a “el Uno”  y  “la Dos”. 

La “hidra de dos cabezas” que dirigía “La Línea” residía… en el Palacio Nacional.  Decodificar las claves numéricas no resultó difícil para los investigadores: “el Uno”, resultó ser el general Otto Pérez Molina, y “la Dos”, la vicepresidenta Roxana Baldetti.  Esta “pieza” del puzzle fue la primera en caer. El juez Miguel Ángel Gálvez ordenó su detención el 20 de agosto, imputándole en principio estafa, defraudación aduanera y cohecho pasivo. Ninguno de los tres delitos es excarcelable, por lo cual ingresó en prisión. Según trascendió, EEUU podría pedir su extradición porque allí adquirió propiedades en operaciones que podrían considerarse “lavado de dinero”. Pero esto seguramente es “la punta del iceberg”. Los investigadores estiman que hay mucho más por esclarecer.

El Nº 1 (en represión y corrupción)

“El Uno” era el presidente Pérez Molina, un General que en la campaña electoral de hace cuatro años proclamó que venía a poner orden y “barrer la corrupción”. Un General con una comprometida trayectoria en los genocidios cometidos por las Fuerzas Armadas de su país contra su propio pueblo.

Organismos de Derechos Humanos acusaron al General de estar directamente implicado en el uso sistemático de la tortura durante la década de los ‘80, en la que desempeñó mando en operaciones represoras en el departamento del  Quiché donde fueron asesinados miles de indígenas y campesinos. Más tarde ocupó la jefatura de la Inteligencia Militar.

Otto Pérez Molina, un General que en la campaña electoral de hace cuatro años envió desde su Twitter @ottopm  mensajes como “la corrupción es uno de los problemas más graves de nuestro país. Trabajemos juntos por el Cambio”. Otro ejemplo: “Los guatemaltecos debemos exigirle al gobierno transparencia; es increíble la cantidad de escándalos de corrupción que salen a la luz”.  

Cuando se retiró del ejército en el 2001, fundó el Partido Patriota  (“PP”), con el apoyo de grandes empresarios y ex militares. Y, tras algún intento fallido, terminó accediendo al poder al ganar las elecciones del 2011. Al parecer, allí retomó (¿o reforzó?) la trama corrupta que según testimonios, se puso en marcha hace más de 20  años.

“Pérez Molina siempre ha sido el jefe de la banda de contrabandistas”

Esta frase pertenece al ex presidente de Guatemala Jorge Serrano Elías, quien desde su exilio en Panamá y en una entrevista publicada en la revista El Faro, afirma que durante su gobierno, a comienzos de los años ‘90 “el general Otto Pérez Molina se valió de su posición como jefe de la Dirección de Inteligencia Militar para dirigir una estructura criminal dedicada al contrabando y el fraude aduanero. Desde entonces, asegura, el actual presidente inició la cooptación del Estado para fines mafiosos”.  Destaca también que después de su caída la misma trama quitó el control del Estado sobre la banca, para abrir las puertas al lavado de dinero. Y añade: “Hoy vemos que Guatemala se ha vuelto una lavandería del dinero del narcotráfico y del crimen organizado. Esa estructura la montó Pérez Molina en 1993”.

La periodista Carmen Quintela en un artículo en el diario español El Mundo afirmaba hace pocos días que en realidad la red de corrupción aduanera en las fronteras de Guatemala surgió hace muchos años.  (N.de R.: en la época en la que los militares controlaban fronteras para evitar el ingreso de armas para la guerrilla).  Y agrega que “en el Ejército surgieron dos hermandades bautizadas como ‘La Cofradía’ y ‘El Sindicato’”. Y concluye afirmando que “según un cable desclasificado de la Agencia de Inteligencia para la Defensa de Estados Unidos, Pérez Molina era considerado el líder de El Sindicato”.

El fundador y presidente de El Periódico de Guatemala, José Rubén Zamora, explica la evolución de la estructura criminal adueñada del “negocio” de las aduanas a modo de “poder paralelo” con fuertes vínculos con el narcotráfico y otras actividades ilícitas: La Cofradía, Grupo Salvavidas, la Red Moreno… y La Línea. Y añade: “Nunca vi esta voracidad, son unas aves de rapiña voraces”. El medio que dirige ha recibido demandas, ataques y boicot económico de parte del gobierno del general Pérez Molina.

¿Todo cambia o todo sigue?

Gran parte del pueblo guatemalteco celebró que, tras muchas semanas de protesta en plazas y calles, finalmente la vice-presidenta Baldetti y el general Pérez Molina fueran cesados y detenidos para ser procesados. Pero la historia contemporánea nos recuerda que Guatemala estuvo y está en manos de un grupo de familias que constituyen el poder económico, y que desde hace mucho tiempo tiene sus raíces bien plantadas en las estructuras dirigentes o “decisivas”: las fuerzas armadas, la jerarquía eclesial, las cámaras empresariales y el Poder Judicial. Es por eso que a pesar de las cíclicas rebeldías populares, toda pretensión de cambio suele quedar en promesas solemnes incumplidas. Así viene ocurriendo sistemáticamente con cada expectativa electoral. Como escribía la revista guatemalteca C4: “Los actores cambian, los nombres de las ‘familias’ poderosas, a veces suenan más, a veces menos, todo depende de su nivel de influencia en el gobierno de turno. Sin embargo, siguen dominando la vida política del país. Los nuevos ricos, pretenden comprar su entrada a la sociedad por medio de lujos y extravagancias. Poco a poco ganan terreno social y son cada día más visibles, aún así, el pisto viejo se guarda y reclama su poder”. Y cierran con una frase muy expresiva: “En Guatemala el pisto manda. Las ideologías no existen. La corrupción no termina, solo evoluciona y tristemente la historia se repite”. Y así parece que ocurrirá una vez más.

El “recambio” provisional

El presidente interino que asumió el gobierno de Guatemala es Alejandro Maldonado, un representante de la oligarquía del país, que desempeñó cargos y ministerios en los últimos decenios en diversos gobiernos. Ahora, reemplazó primero a la vicepresidenta Roxana Baldetti y, cuando quitaron al general, tuvo un nuevo “ascenso”, esta vez a presidente de Guatemala hasta la finalización del mandato del general detenido, o sea en enero próximo.

La embajada norteamericana que hasta último momento intentó validar y sostener a Pérez Molina, le abandonó cuando ya la presión popular y las pruebas de la corrupción eran abrumadoras. Por eso la ceremonia de toma de posesión en el Congreso contó con la presencia del embajador Todd Robinson, clara señal de “luz verde” al recambio presidencial, a lo que añadió su deseo (o el del gobierno norteamericano) de que el proceso eleccionario inminente “siguiera adelante”. Y así fue. El domingo pasado se realizaron las elecciones y en ellas votó poco más del 70% del electorado.

¿Y a quién elegir que sea honesto y gobierne con y para el pueblo?

Muchos guatemaltecos concurrieron a votar con la alegría de que su fuerza colectiva había tumbado al general, y la ilusión de que su voto podría cambiar esta penosa alternancia de políticos que cuando llegan al gobierno defraudan las esperanzas populares. 

La campaña previa fue una de las más atípicas y surrealistas que vivió el país. Los actos de cierre coincidieron con la detención del presidente y su enjuiciamiento en un ambiente de conmoción nacional. Pero casi cinco millones y medio de guatemaltecos -una cifra que superó la participación habitual en las consultas- fueron a votar para elegir presidente y vice, 158 diputados nacionales, 20 al Parlamento Centroamericano y más de 300 corporaciones municipales para el periodo 2016-2020.

Sin embargo, las “ofertas” estaban muy por debajo de las expectativas y la demanda popular. Candidatos no faltaban, pero casi todos respondían a viejas y desgastadas propuestas incumplidas. Y los medios de comunicación -como ocurre en muchos países de América Latina- se encargaron de potenciar a tres de ellos. Uno de ellos es  Jimmy Morales, un cómico de televisión, teólogo evangelista, que se presentó como candidato del Frente de Convergencia Nacional, partido que nació hace unos años como propuesta de un grupo de ex militares que reivindican su papel durante el Genocidio de los años ‘70 y ‘80. Su lema: “Ni corrupto, ni ladrón”.  Recordando las frases de Pérez Molina en la campaña del 2011 como aquella de “los gobernantes deben dar el ejemplo y no hacer cosas ilegales”, la promesa no resulta demasiado fiable.

Otro de los candidatos era Manuel Baldizón, un millonario empresario que representa a  Libertad Democrática Renovada (nombre que permite formar las siglas “LIDER”). Ya se había presentado en las elecciones del 2011. Le acompañó en la fórmula como candidato a vice Edgar Barquín, que tiene acusaciones de lavado de dinero. El discurso político de Baldizón, como el de gran parte de los candidatos, es oportunista y el único objetivo claro es el de alcanzar el poder.  

La tercera en discordia en las encuestas previas era Sandra Torres, esposa del expresidente Álvaro Colom por la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), un partido que se define como socialdemócrata y progresista. Recordemos que el gobierno de Colom terminó mal. Tuvo acusaciones de financiación ilegal e incluso de que entre los aportantes figuran personajes vinculados con el narcotráfico. Durante el final de su mandato, en 2011, se produjo el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral, al ser baleado por sicarios el vehículo que le conducía al aeropuerto de Guatemala. Al parecer el objetivo era su representante, el empresario nicaraguense Henry Fariñas, herido pero sobreviviente del atentado. Los autores habrían sido miembros del cártel de la droga de Alejandro Jiménez que pretendían un “ajuste de cuentas” con Fariñas. La víctima accidental fue el renombrado cantor, poeta y escritor argentino.

Había una decena más de candidatos, pero tal como se presumía, entre estos tres estaban los dos con posibilidades de pasar a la inevitable segunda vuelta al no superar ninguno de ellos la mitad más uno de los votos. 

Jimmy Morales ha sido el vencedor con casi el 24% de los votos emitidos. Entre candidatos “quemados o dudosos”, hizo valer su popularidad como comediante y dominio escénico. En algunos actos o entrevistas se presentaba con la casaca de la selección guatemalteca de fútbol. En una nota con un diario español se pronunció en contra del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Basa su posición “en la ética cristiana que posee el 97% de la población de Guatemala”. Pero su programa electoral es genérico e impreciso, tanto o más que el de algunos de sus rivales. Preguntado por las denuncias sobre sus conexiones con los “halcones” del Ejército, considerados los más duros y sanguinarios en la represión, respondió que “fueron los fundadores del partido, pero lo abandonaron”. “Ahora -añadió- es una formación de personas de clase media, aunque hay ex militares como en todos los partidos.”

El segundo puesto está “muy discutido” entre Sandra Torres y Manuel Baldizón. Ambos con casi un millón de votos, pero separados apenas por algo más de cuatro mil.  Ocurre que ambos partidos han reclamado presuntos fraudes o maniobras ilegales, y el Tribunal Supremo Electoral ha “congelado” dar un cómputo final. Todo indica que Sandra Torres tiene una mayoría suficiente y que Baldizón, que hace 5 o 6 meses era el favorito para ganar las presidenciales, ni siquiera podrá pasar a la segunda vuelta que debe realizarse el próximo 25 de octubre.  

“Que cambie algo para que nada cambie”

Si finalmente las incidencias y demandas post electorales no van a más, el Tribunal Electoral designará seguramente a Morales y Torres como los contendientes de la segunda vuelta. La historia contemporánea guatemalteca no permite ser muy optimista tras estos acontecimientos judiciales y políticos. Las estructuras del Estado están atravesadas transversalmente por personajes y grupos influyentes que responden a intereses económicos del grupo de familias que habitualmente ha cumplido ese papel “dirigente”.

A ellos se suman quienes provienen de las dictaduras militares y de las distintas bandas que se fueron creando vinculadas con el narcotráfico o lo que policialmente denominan “el crimen organizado”.

La impunidad, como pasa en Honduras, México y otros países del área, encubre más de un 90 por ciento de los crímenes y delitos graves.

Ese es el punto de partida para que proliferen los negocios ilícitos, la corrupción estructural, y se consolide y aumente la desigualdad social en el país. Actualmente, según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, que  valora distintos factores básicos para una vida digna, Guatemala ocupa uno de los puestos más bajos, el 125 de un total de 187 países.

Más de la mitad de los diputados son “reincidentes”

A pesar de que el voto ciudadano descabalgó de la función pública a muchos alcaldes y legisladores, se estima que más de 80 de ellos resultaron reelectos.

Además, el fraccionamiento de los distintos bloques obligará a quien gobierne a “negociar” con los partidos que tienen una trayectoria que rechaza gran parte de la población. LIDER, por ejemplo, obtendrá unos 46 escaños y será la primera mayoría. La UNE de Sandra Torres consiguió 33. El Frente de Convergencia Nacional del ganador de la primera vuelta Morales, obtuvo solo 11 bancas en el parlamento. El Partido Patriota del depuesto general Otto Pérez Molina, a pesar del castigo del voto popular y gracias al sistema electoral, obtuvo 18 diputados. El total hasta 158 se reparte entre otros partidos menores.

¿Y la “izquierda” dónde está?

La izquierda guatemalteca nunca se recuperó de su derrota estratégica en los ‘80, y tras los Acuerdos de Paz de 1996 que pusieron fin a la lucha armada, se fragmentó y demostró una sistemática incapacidad para organizarse políticamente. La UNE y Encuentro por Guatemala (EG) se definen como socialdemócratas, pero en la práctica cuesta diferenciarlos de los partidos tradicionales centristas o derechistas.

En tanto, los grupos de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), herederos de las corrientes que participaron en las luchas sociales y armadas de los años ‘70 y ‘80, permanecen encapsulados y alejados de los ciudadanos tanto en los centros urbanos como en los campesinos.

Han sido incapaces de conectar con la gente y de construir un proyecto transformador, viable, que promueva la igualdad y la justicia.

El periodista mexicano Fernando Buen Abad daba en mayo pasado en Telesur un ejemplo de este funcionamiento endogámico cuando relataba que “mientras decenas de miles de guatemaltecos se movilizaban en las calles denunciando los impactos negativos del sistema neoliberal y repudiando a sus operadores corruptos, la URNG realizó su VII Asamblea Nacional casi clandestinamente, en un alejado salón, en las afueras de la ciudad; con doble puerta e ingreso restringido.”

En estas elecciones, en circunstancias objetivas favorables, obtuvieron un resultado meramente testimonial: poco más de cien mil votos, el  2,11%.

Un sistema consolidado de clientelismo, corrupción, impunidad y control social

Es oportuno rescatar unas frases del informe que publicó el pasado 16 de julio la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, organismo dependiente de las Naciones Unidas y que tuvo hace años como eficiente impulsor al fiscal español Carlos Castresana.

Ese informe detalla “el amplio alcance de la infiltración que el crimen organizado y los distintos grupos de interés han tenido en la política guatemalteca. Los partidos obtienen cerca de la mitad de su financiación mediante la corrupción, incluyendo un 25% que proviene de las élites económicas y empresariales y otro 25% de organizaciones criminales”. Añaden que esta situación es exacerbada “por la débil regulación de la financiación de las campañas, la falta de medios de comunicación independientes y una impunidad casi total en los casos de corrupción política”.

El bloque de intereses comunes que forman las familias de la oligarquía guatemalteca, la veterana incidencia de la embajada norteamericana y los nuevos “actores” -presentes en casi toda América Latina- de los grupos del crimen organizado y el narcotráfico,  realimentan “el control paralelo” del Estado guatemalteco que mantiene al país bloqueado. Guatemala está sometida a esos intereses mezquinos e insaciables de grupos minoritarios.

Dos apuntes para complementar estas afirmaciones: uno de los apoyos internacionales que ha tenido el gobierno del general Pérez Molina ha sido el Partido Popular español, curiosamente tan “PP” como el Partido Patriota del militar depuesto.  La ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, esposa del ex presidente Aznar, entregó en febrero del 2015 la “Medalla de Oro de Madrid” al presidente guatemalteco. En la calle, cientos de manifestantes reclamaban por la impunidad y las imputaciones de genocidio que pesan sobre el militar (foto).

El segundo apunte es comentar que la estructura empresarial guatemalteca, prepara para el 8 de octubre un Encuentro Nacional organizado por una entidad llamada “Fundación para el Desarrollo de Guatemala”. Hay dos invitados de honor que disertarán sobre “propuestas que contribuyan a fortalecer las instituciones estatales”. Uno de ellos es Thomas Shannon, consejero del Departamento de Estado norteamericano. Mr. Shannon visita frecuentemente Guatemala. La última vez su entrevista con el presidente Pérez Molina coincidió con el día en que su yerno, Gustavo Martínez, fue capturado por tráfico de influencias, ilícito cometido durante su gestión como Secretario General de la Presidencia.

El otro conferenciante sobre “el fortalecimiento de las instituciones estatales” será el ex presidente español José María Aznar (1996-2004). Entre sus antecedentes sobre el tema, el Sr. Aznar tiene el de haber reconocido en abril del 2002 el efímero golpe cívico militar contra el gobierno de Chávez en Venezuela, orquestado por el gobierno norteamericano, y grupos económicos nacionales e internacionales. Su embajador en Caracas, Manuel Viturro, junto con el embajador de los EEUU, Charles Schapiro, acudieron juntos a entrevistar al golpista Pedro Carmona, presidente del “gobierno provisional”. Fueron los únicos diplomáticos que visitaron al empresario antes de que el golpe fuera desbaratado y tuviera que huir del país. Pero hay más: en los primeros días de abril, en vísperas del golpe, Carmona, presidente de la patronal venezolana FEDECAMARAS, viajó a Madrid, donde tuvo reuniones con la Confederación de Organizaciones Empresariales Españolas, (CEOE).

El general no votó, está preso

“El pueblo derrotó al general”,  pero el largo y duro camino del pueblo guatemalteco hacia su liberación y autodeterminación, sigue obstruido por las mismas barreras internas y externas. Las elecciones no fueron una continuidad de lo conseguido en las plazas y en las calles. El sistema dominante tiene atado y bien atado el funcionamiento de esta democracia restringida y parasitada por intereses económicos, con sus componentes de corrupción y de criminalidad. Mientras el pueblo sueña con un futuro mejor, en los despachos de la oligarquía y el poder se traman y negocian los “recambios” que permitan que todo siga igual.

“Conocer la verdad es doloroso, pero es una acción altamente liberadora” fue la frase que dejó monseñor Juan Gerardi, asesinado en abril de 1998, dos días después de haber publicado su informe “Guatemala, Nunca Más”, donde detallaba la gran responsabilidad de las FF.AA. de ese país en el Genocidio.

Hay que seguir

Gane quien gane, el pueblo guatemalteco tendrá que continuar su larga lucha, su trabajo de organización, de acumulación social en las zonas urbanas y en el inmenso, castigado y relegado ámbito indígena y campesino.

Muchas vidas han quedado en ese camino, pero son las que marcan la huella para alcanzar su autonomía. Para ser libres y soberanos, sin oligarquías propias, ni tutelas extranjeras. Para que la democracia no sea simplemente una palabra bastardeada.

(*) Del Servicio de Prensa Alternativo (SERPAL). Especial para la Agencia Paco Urondo.