Ley de "Urgente Consideración": avanza referemdum contra paquete de medidas neoliberales de Lacalle Pou

Por Juan Carlos Venturini

Como sabemos, en Uruguay después de 15 años de gobierno de izquierda del Frente Amplio, ganó en 2020, la coalición de derecha encabezada por Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (blancos), apoyada por el Partido Colorado y el nuevo rejunte gorila del general Manini Ríos, Cabildo Abierto, que, directamente, reivindica a la dictadura militar. Lacalle Pou es hijo de un anterior presidente blanco, Luis Lacalle Herrera, que fracasó en la década del 90 en su proyecto de privatizar las empresas públicas uruguayas: ANTEL (Administración Nacional de Teléfonos), UTE (Usinas y Trasmisiiones Eléctricas), y ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland) la YPF uruguaya. El propósito entreguista privatizador del padre fue rechazado por un referendum popular impulsado por el PIT-CNT, la central obrera uruguaya, FUCVAM (cooperativas de vivienda) FEUU (estudiantes universitarios) y diversas organizaciones sociales y contó con el apoyo político del Frente Amplio y un sector disidente del Partido Colorado.

Se trató de una resonante victoria del pueblo uruguayo que permitió la vigencia y el desarrollo de las empresas públicas, cuyo funcionamiento hoy se puede exhibir como un ejemplo destacado de las ventajas de la administración estatal en los sectores estratégicos de la economía. Los teléfonos en Uruguay, fijos y celulares, funcionan mucho mejor que los privatizados argentinos. La UTE brinda asesoramiento sobre gestión a varias empresas eléctricas, privadas y estatales, de América Latina. Mediante esta conquista los uruguayos se salvaron de ser esquilmados, como nos sucediera a nosotros, bajo el infierno macrista del aumento de las tarifas.

La primera medida del nuevo gobierno de derecha fue enviar al parlamento una llamada Ley de Urgente Consideración (LUC, de aquí en adelante) que condensa un conjunto de propósitos reaccionarios para fortalecer una perspectiva represiva y debilitar la capacidad de resistencia y de lucha de las organizaciones populares.

El texto entró al Poder Legislativo con 501 artículos y salió con 476. En el medio hubo algunos cambios importantes. Los más relevantes ocurrieron en el Senado, durante los 76 días de tratamiento sobre todo en el capítulo de seguridad. La oposición frenteamplista logró el retiro de varios de los artículos mas polémicos, como la libre importación de combustibles y el uso de infraestructura de Antel por parte de privados, promovidos originalmente por el presidente. En Diputados, el oficialismo al final retiró los cuestionados artículos que modificaban el régimen de áreas protegidas con concesiones extremas a las multinacionales. Finalmente, fue aprobado en el senado el 8 de julio de 2020.

La ley representa un ataque frontal hacia algunas libertades democráticas y sindicales, lo que ha concitado un importante movimiento de resistencia popular. Nuevamente, fue a partir de iniciativas del PIT-CNT, FUCVAN y organizaciones sociales, que se lanzó una campaña de recolección de firmas para impulsar la derogación de 135 artículos de la LUC.

Unos de los temas más cuestionados tienen que ver con la movilización, el derecho de huelga y de ocupación de los lugares de trabajo. El artículo 392 dice que el Estado “garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”. Antiguamente se reconocía a la ocupación como una extensión del derecho de huelga, ahora queda expresamente eliminada. Por otra parte cualquier piquete de huelga para convencer a los carneros queda ilegalizado.

Se modifica el Código Penal y se establece que “el que ocupa espacios públicos, acampando o pernoctando en ellos”, será intimado a irse. Si eso no sucede, se castigará con una pena de siete a 30 días de trabajo comunitario. Al final de la ley también se declaran ilegítimos los piquetes y se establece que la Policía preservará los espacios públicos, o privados de uso público.

La ley aprobada agrega al Código Penal un artículo que dice que “el que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte a policías” será castigado con 3 a 18 meses de prisión. Además, se establece el derecho al porte de armas de policías en retiro y, en otro artículo, se establece el derecho a la tenencia y porte de armas por parte de militares retirados. Todo un arsenal de medidas para impedir, intimidar y reprimir a la movilización popular.

La ley modifica también el Código de la Niñez y la Adolescencia, aumentando de cinco a diez años las penas máximas. El punitivismo contra la juventud y la infancia sigue exacerbado en el horizonte de la derecha uruguaya.

Se modifica el artículo 26 del Código Penal, sobre la legítima defensa, que establece que no hay responsabilidad cuando hay “necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño”. Pero se agrega que el medio “se considerará racional cuando resulte ser una respuesta suficiente y adecuada a fin de conjurar el peligro derivado de la agresión sufrida”. Y también que “la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende” (!!!). Es la aplicación agravada de la "doctrina Chocobar" de Patricia Bullrich.

Consultado un importante jurista del campo popular nos señala: "Se desdibuja el concepto de legítima defensa y, por lo tanto, se restan garantías para tutelar el bien supremo que es la vida. Al incrementar la protección del derecho de propiedad sobre el derecho a la vida, se genera mayor confusión entre los límites de una y otra. Además, da una idea de falsa protección de la actividad policial, complicando la actuación de estos agentes del estado".

La campaña de recolección de firmas para habilitar el referemdum ha sido todo un éxito. Con todas las dificultades derivadas de la pandemia se lograron recolectar más de 800 mil. Muy por encima de las 600 mil necesarias exigidas por la ley. Aunque todavía el recurso está a consideración de la Corte Electoral, se descuenta que será otorgado. De manera que próximamente el pueblo uruguayo tendrá la oportunidad de votar SI a la derogación de 135 artículos de la LUC.

Será una forma de repetir aquél gran triunfo popular de los 90 y preparar el próximo desalojo de la derecha del gobierno de Uruguay.