Un golpe parlamentario y la vuelta reaccionaria de la religión, la familia y Dios
Por Leonardo Boff*
Observando el comportamiento de los parlamentarios en los tres días en que discutieron la admisibilidad del impedimento de la presidenta Dilma Rousseff, nos parecía ver chicos divirtiéndose en un jardín de infantes. Gritos por todos lados. Coros recitando sus mantras contra o a favor del impedimento. Algunos fueron disfrazados con los símbolos de sus causas. Personas vestidas con la bandera nacional como si estuviesen en un día de carnaval. Carteles con sus slogans repetitivos. En fin, un espectáculo indigno de personas decentes de quienes se esperaría un mínimo de seriedad. Se llegó a hacer un fondo de apuestas como si fuera un juego de quiniela o fútbol.
Pero lo que más causó extrañeza fue la figura del presidente de la Cámara que presidió la sesión, el diputado Eduardo Cunha. Él viene acusado de muchos crímenes y es reo por el Supremo Tribunal Federal: un gangster juzgando una mujer decente contra la cual nadie osó atribuirle cualquier delito.
Necesitamos cuestionar la responsabilidad del Supremo Tribunal Federal por haber permitido este acto que nos avergonzó nacional e internacionalmente, al punto de que el New York Times del 15 de abril escribió: “Ella no robó nada, pero está siendo juzgada por una cuadrilla de ladrones”. ¿Qué interés secreto alimenta la Suprema Corte que hace tan escandalosa omisión? Recusamos la idea de que esté participando de alguna conspiración.
Sucedió en la declaración de voto algo absolutamente desviante. Se trataba de juzgar si la presidenta había cometido un delito de irresponsabilidad fiscal junto a otros manejos administrativos de las finanzas, base jurídica para un proceso político de impedimento que implica destituir a la presidenta de su cargo, conseguido por el voto popular mayoritario. Gran parte de los diputados ni siquiera se refirió a esa base jurídica, las famosas pedaleadas fiscales, etc. En vez de atenerse jurídicamente al eventual delito, dieron alas a la politización de la insatisfacción generalizada que corre por la sociedad a causa de la crisis económica, del desempleo y de la corrupción en Petrobras. Esa insatisfacción puede representar un error político de la presidenta pero no configura un delito.
Como en un ritornello, la gran mayoría se concentró en la corrupción y en los efectos negativos de la crisis. Acusaron hipócritamente al gobierno de corrupción cuando sabemos que un gran número de diputados está acusado en delitos de corrupción. Buena parte de ellos se eligió con dinero de la corrupción política, sostenida por las empresas. Generalizando, con honrosas excepciones, los diputados no representan los intereses colectivos sino los de las empresas que les financiaron las campañas.
Importa señalar un hecho preocupante: emergió nuevamente como un espantapájaros la vieja campaña que reforzó el golpe militar de 1964: las marchas de la religión, de la familia, de Dios y contra la corrupción. Decenas de parlamentarios del bloque evangélico claramente hicieron discursos de tono religioso e invocando el nombre de Dios. Y todos, sin excepción, votaron por el impedimento. Pocas veces se ofendió tanto el segundo mandamiento de la ley de Dios que prohibe usar el santo nombre de Dios en vano. Gran parte de los parlamentarios de forma pueril dedicaban su voto a la familia, a la esposa, el abuelo, a los hijos y a los nietos, citando sus nombres, en una espectacularización de la política de ordinaria banalidad. Al contrario, aquellos contra el impedimento argumentaban y mostraban comportamiento decente.
Se hizo un juzgamiento apenas político sin base jurídica convincente, lo que hiere el precepto constitucional. Lo que sucedió fue un golpe parlamentario inaceptable.
Los votas contra el impedimento no fueron suficientes. Todos salimos disminuidos como nación y avergonzados de los representantes del pueblo que, en verdad, no representan ni pretenden cambiar las reglas del juego político.
Ahora nos resta esperar la racionalidad del Senado que irá a analizar la validez o no de los argumentos jurídicos, base para un juzgamiento político acerca de un eventual delito de responsabilidad, negado por notables juristas del país.
Talvez no tengamos aún suficiente madurecimiento como pueblo para poder realizar una democracia digna de este nombre: la traduccción para el campo de la política de la soberanía popular.
* Publicado en www.leonardoboff.com Traducción de Santiago Gómez