Embates y estrategias de un sector del poder judicial y mediático contra CFK

Por Fernando Latrille

El poder mediático montó junto a la oposición una operación de presión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que solamente atiende su juego, donde cada uno de los actores juega el suyo, pero decidió actuar corporativamente habilitando el Per Saltun solicitado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes fueron enviados a sus cargos de origen, después que el Congreso, órganos judiciales y el Poder Ejecutivo, consideraran la irregularidad de su traslado durante el macrismo, ¿qué otras jugadas se pueden esperar del poder judicial en tándem con el Poder mediático, dispuestos a desgastar y echar al gobierno del binomio Fernández? Observando lo que sucede desde la Asociación de Fiscales y Funcionarios el Ministerio Público Fiscal de la Nación, nos permite alertar de próximos movimientos.

Cuando en el gobierno del expresidente Mauricio Macri, el Senado tuvo que nombrar a un representante para el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal (MPF), fue nombrado Mario Laporta por decisión del interbloque de Cambiemos, sin someterlo a votación. Cambiemos propuso el nombre de abogado Mario Laporta, cercano a macrismo, mediante la instrumentación de la entonces presidenta de la Cámara Alta Gabriela Michetti, que a través de un decreto lo nombró. Sin respetar lo que establece el artículo 77 de la Ley Orgánica 27.148 del MPF, que expresa que el Tribunal de Enjuiciamiento se constituye con siete miembros, uno de ellos “por la mayoría de la Cámara de Senadores”. El 27 de agosto pasado, la Cámara de Senadores- por mayoría-, designó como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación a los letrados César Antonio Grau y Heliana Gualteri (como suplente). De esa manera se declaró la nulidad de la designación de Laporta y se realizó el procedimiento como lo marca la Ley Orgánica del MPF de 2015.

Al rescate de Laporta

El 24 de agosto, antes del desplazamiento de Laporta, la comisión directiva de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), presidida por el fiscal Carlos Rívolo, adhirió a una medida cautelar en defensa de Laporta de la fundación Que Sea Justicia, patrocinada por el mediático Mauricio D’alessandro, que interpuso ante la Cámara de Senadores el expediente 11746/2020, en trámite ante el Juzgado Contencioso nº 10. Un grupo de fiscales asociados a la AFFUN solicitó a Rívolo que informe: Cuáles fueron los fundamentos de adherir a la medida cautelar; cuál era la vinculación de la asociación con la Fundación Que sea Justicia y si solicitó la adhesión a la medida cautelar; si la decisión fue por mayoría de la comisión directiva, se informe cuáles fueron los argumentos sostenidos por la mayoría y por la minoría; se informe cuáles son las normas estatutarias que autoriza o faculta a la comisión directiva a interponer o adherir a una acción judicial contra el Senado de la Nación; se remita copia del acta por la cual se tomó dicha decisión y copia de la presentación.

La AFFUN adhirió a la intervención de la Fundación Que Sea Justicia, que está floja de papeles. No se le otorgó desde la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires la personería, porque nunca concluyó el trámite. Así lo detectaron los fiscales asociados a la AFFUN que pidieron explicaciones a Rívolo. Ante esa petición del 27 de agosto por el grupo de fiscales asociados, el 4 de septiembre la AFFUN emitió un comunicado expresando: “El día 1 de setiembre se desistió de la medida cautelar presentada por la Fundación Que sea Justicia en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación Argentina, a la cual habíamos adherido”. Pero lejos de abandonar el rescate de Laporta, expresaron en el comunicado la decisión de la mayoría de la Comisión Directiva de presentar una demanda declarativa de inconstitucionalidad y nulidad de la resolución del Senado de la Nación de desplazar a Laporta a través del estudio Galli Basualdo, ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal nº 2 a cargo del juez Esteban Furnari, donde también solicitaron se dicte una medida cautelar.

Autodefensa

El interés del presidente de AFFUN de que en el Tribunal de Enjuiciamiento del MPF siga como representante Laporta, es para resguardar el accionar del fiscal Carlos Stornelli, involucrado en la causa sobre la red de espionaje ilegal que investiga el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, donde a través de acciones de extorsión directa actuaban pidiendo coimas y sobornos, condicionando a testigos para sumarlos a través de testimonios bajo la figura del imputado colaborador o arrepentido, información falsa en determinadas causas judiciales. Es de destacar que Rívolo fue designado coadyuvante en la causa cuadernos. En una entrevista que Romina Manguel le realizó en el programa radial “A confesión de parte”, en FM Milenium, el 19 de marzo de 2019, Carlos Rívolo defendió la solidez de la causa.

Si fue como afirmaba el presidente de AFFUN tal la solidez de la causa, que los empresarios se sentaron a decir que eso era así, cómo es que no se cumplió con el artículo 6º de la ley 27.304 que establece: “Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. Si estuvo Rívolo presente como expresa en el audio, “cuando se nos sentaron los empresarios”, su responsabilidad en la causa no escapa a la de Stornelli y por eso necesita un Tribunal de Enjuiciamiento del MPF que no juzgue ese proceder.

La pata mediática

Ni bien el grupo de fiscales asociados a la AFFUN pidió explicaciones a Rívolo, aparecieron dos notas en el diario Clarín y una en La Nación, donde se los menciona a algunos de ellos como fiscales kirchneristas que responden a Cristina Fernández de Kirchner que busca su propia justicia, como describió el periodista Joaquín Morales Solá. El 14 de septiembre apareció la primer nota en el diario Clarín de Héctor Gambini bajo el título “La trama secreta del ataque de Cristina Kirchner contra el jefe de los fiscales”. Se los menciona al fiscal Murray “con fuertes vínculos con el CELS”, y que junto a Adolfo Villate estarían buscando “se juzgue a Casal”.

El 19 de septiembre, otra vez el diario Clarín, publicó otra nota escrita por el editor de Clarín Eduardo Van Der Kooy bajo el título: “Otro gran asalto de Cristina”, en la que sostiene que el presidente Alberto Fernández aguarda la designación del juez Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación, que no tiene los dos tercios para ser designado y que eso a “Cristina le importa poco”, y fabula con la existencia de fiscales para desprestigiar a Rafecas y se menciona a representantes del Ministerio Público Fiscal  Jorge Di Lello, Gabriela Boquín y Mónica Cuñarro.

El 27 de septiembre, en el diario La Nación, aparece una nota de Joaquín Morales Solá con el título “Cristina: la justicia es mía”, en la que expresa que Stornelli inició una investigación por asociación ilícita que integrarían varios funcionarios: Carlos Zaninni; Juan Martín Mena; Horacio Pietragalla; Felix Crous, Ricardo Nissen y el fiscal ante la Cámara de Casación Javier de Luca, en lo que Morales Solá señala como “voltear los tres jueces destituidos”, y “expulsar de su cargo al procurador general, Eduardo Casal”.

Si el grillar mediático intenta señalar a los fiscales como operadores de Cristina Fernández de Kirchner en intentar maniobras para cooptar el Ministerio Público Fiscal, cualquier lector prevenido debería decir: a otros jardines con esos grillos. Porque la verdadera intención, que parte de una decisión de AFFUN, es motorizar la reglamentación de la Ley de Orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el propósito de controlarlo, porque mientras Cambiemos no da el respaldo necesario para que Rafecas se convierta en el nuevo Procurador, buscan tener a alguien dispuesto avanzar desde el MPF contra el Gobierno nuevo para convertirlo en viejo.

A reglamentar

Desde AFFUN Carlos Rívolo busca también que el actual procurador interino Eduardo Casal reglamente la Ley del Ministerio Público Fiscal del 2015, sobre todo lo que expresa su capítulo cuarto con respecto a las fiscalías de distrito. En su artículo 18 se habla del fiscal coordinador de distrito que “será designado por un período de dos (2) años. Sólo los fiscales generales del respectivo distrito fiscal podrán aspirar a esa función, y para ello deberán presentar un plan de trabajo ante el Procurador General de la Nación, quien los elegirá en función de su propuesta e idoneidad personal para el cargo, de acuerdo con la reglamentación que se dicte al respecto”. Será ese fiscal coordinador de distrito el que reemplace al Procurador en caso de “licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia”. En caso de no estar designado, asumirá el que tenga más antigüedad.

El impulso del presidente de AFFUN es para que Casal reglamente la figura de fiscal coordinador como así también la figura del sucesor del Procurador General. Esa reglamentación caería en que el fiscal Raúl Pleé se transforme en el fiscal coordinador de distrito de Capital Federal y a su vez sea quien suceda al Procurador en los casos que establece la normativa. Rívolo conformó para ello un grupo de fiscales asociados para el aporte de ideas, propuestas, para presentar ante los distintos poderes del Estado y la propia institución, sobre la Ley del Ministerio Público Fiscal y su conjunción con el Código Procesal Penal Federal. En ese grupo casualmente está Raúl Pleé.

En la mesa judicial conformada para tal fin, intervienen varios actores, entre ellos Rívolo; Pleé y Casal- quien recientemente dictaminó que los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli sean validados por la Corte-; el secretario de coordinación de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, Diego Iglesias de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Además, del fiscal de Salta, Eduardo Villalba. Todos ellos creen que el rol de la DEA es el combate contra las drogas y no su administración. También participan de la mesa el fiscal felicitado por el entonces presidente Macri por su lucha contra el narcotráfico en Salta, Ricardo Toranzos, y el fiscal de Cámara Ricardo Saenz, que para conocerlo hay que seguir el hilo de Ariadna.

Trabajan en la idea de que el Procurador interino reglamente la Ley para luego designar al fiscal coordinador de distrito y que en base al “concurso y propuesta”, Raúl Pleé sea el fiscal federal de distrito en Capital Federal, y como fiscal más antiguo se convierta en el posible sustituto de Casal. La última actuación de Raúl Pleé, fue la de salir al rescate de Stornelli reclamando “se deje sin efecto el pedido de las grabaciones o filmaciones porque las declaraciones se registraron mediante actas y no de otra manera”.

La estrategia que parte desde la presidencia de la AFFUN para tener las riendas del MPF se está tramando con la ayuda de Juntos por el Cambio que se niega a votar el pliego de Daniel Rafecas como Procurador General. Al mismo tiempo, Rívolo teje acciones para que salga Grau y entre nuevamente Laporta en el Tribunal de Enjuiciamiento del MPF, para frenar así cualquier intento de juzgar la conducta de Stornelli, y también resguardarse él de su responsabilidad como fiscal encuadernador adjunto.

Cuando se ponga en funcionamientos el nuevo Código Penal Federal quien esté al frente de la Procuración General de la Nación y quienes sean los fiscales de distrito, pueden manejar toda la política penal criminal y pueden direccionar todas las acciones penales contra todos los integrantes del Gobierno, y contra todos aquellos que se resistan-dentro del sistema judicial-, a permanecer pasibles o inertes, ante todas esas maniobras y barbaridades que se cometieron en nombre del derecho pero ejerciendo el torcido, como padecimos en los ruinosos y penosos cuatro años de la alianza Cambiemos. Si la maniobra de la Corte Suprema, deja en claro el accionar en defensa de la corporación judicial y se coloca por encima de todo otro poder elegido por el pueblo, ¿cómo no podrán avanzar en maniobras ligeramente que les aseguren desde el Ministerio Público Fiscal, constituirse en una seria amenaza para la democracia? Si alguien tiene dudas, lo que pasó con el expresidente Lula Da Silva en Brasil, lo que sucede con el exmandatario Rafael Correa en Ecuador, son indicios claros y evidentes de cómo actúa el poder judicial que maniobra con el aval de jueces y fiscales que siguen los lineamientos de la embajada de Estados Unidos.

Que el gobierno de les Fernández haya ganado la elección con los medios de comunicación concentrados en contra y gran parte del deplorable poder judicial puesto a la caza de la ahora Vicepresidenta, con maniobras espurias y causas inventadas, indica que ese poder mediático y judicial no tuvo efectividad para sostener a un presidente suyo, pero tienen el poder para atacar y tejer operaciones que erosionan cuando está gobernando alguien ajeno a sus intereses. Inventan que es Cristina quien desea cooptar la justicia y se señala desde esos medios a un grupo de fiscales como cómplices de esa estrategia, cuando son en verdad quienes desean un Ministerio Público Fiscal que no sea cooptado por esos intereses económicos locales y foráneos, que desean dinamitar por la vía judicial al Gobierno.

Estar en el Gobierno no es estar en el poder, y la minoría que perdió la elección y sigue controlando los resortes que le permiten tener al poder judicial y mediático para desgastar y volver viejo al Gobierno nuevo, lo sabe. Por eso actúa en esa línea de acoso y derribo. Dependerá de la inteligencia política garantizar que el voto popular que puso a les Fernández a gobernar, se defienda sin dejar espacio para ese acoso y derribo, que comenzó mucho antes de que Alberto Fernández formalmente asumiera el 10 de diciembre de 2019.