Espionaje ilegal de la AFI macrista: el tiempo de la verdad

Mientras el juez federal Federico Villena avanza en Lomas de Zamora con una causa sobre espionaje ilegal a periodistas y referentes políticos oficialistas y opositores durante la presidencia de Mauricio Macri, una denuncia radicada el viernes último ante su par capitalino Marcelo Martínez de Giorgi amplía la visión sobre el entramado de inteligencia en el periodo.

La presentación fue formulada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, que en enero pasado halló en el organismo 403 fichas con perfiles de periodistas, 28 de académicos y académicas y otras 59 adicionales, sobre militantes, organizaciones políticas y empresarios.

El material fue encontrado en una caja fuerte de la Dirección de Eventos Especiales, en tres sobres nominados como “2017”, “Periodistas G20” y “Varios”. Ni el sitio ni los rótulos resultan azarosos. Las tareas de inteligencia ilegal que produjeron los registros se llevaron a cabo en el marco de dos eventos especiales organizados en Buenos Aires: la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en diciembre de 2017, y la cumbre del G20, casi un año más tarde. Con la concreción de esos encuentros, el macrismo pretendió instalar su publicitada “vuelta del país al mundo” e ingresar a Argentina al Tratado de Libre Comercio (TLC) impulsado por los centros de poder financiero mundial.

Para responder a solicitudes de acreditación a ambas citas del poder económico y político ecuménico, la AFI encaró un trabajo de inteligencia que supuso la elaboración de perfiles donde constan la actividad laboral o militante de cada persona involucrada, su participación en redes sociales, las opiniones emitidas y las causas con que se compromete –remarcando especialmente cuando se trata de demandas feministas- y hasta datos familiares y bancarios. A partir de esos perfiles la AFI estableció niveles de admisibilidad por colores, siendo el rojo el negativo y el amarillo el dudoso o poco recomendable.

En ese marco, se desplegó una vasta labor de inteligencia que alcanzó incluso la infiltración de “fuentes propias” de la AFI, lo que equivale a confesar agentes secretos, en una actividad de oposición a la OMC que el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) convocó en la sede del hotel autogestionado B.A.U.E.N.

Tales tareas de espionaje constituyen, como lo recordó Caamaño en su presentación, una flagrante violación a la Ley Nacional de Inteligencia. En su cuarto artículo, la normativa prohíbe expresamente a los organismos que regula “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

Por ello, la denuncia apunta hacia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por entonces director y vicedirectora de la AFI, y el expresidente Macri, “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional". El lunes 8 la intervención en el organismo involucrado entregó material probatorio en la fiscalía a cargo de Paloma Ochoa. 

“Nunca tuvimos algo que ocultar, pero ellos sí”

Apenas conocida la denuncia de Caamaño, la Asamblea Argentina Mejor sin TLC circuló un comunicado para expresar su repudio a las acciones de espionaje ilegal de las que fueron víctimas once de sus integrantes: Luciana Ghiotto, Federico Whalberg, Mariano Treacy, Mariela Bacigalupo, José María Di Bello, Javier Echaide, Leandro Morgenfeld, Maria Lorena Di Giano, Francisco Cantamutto, Cintia Giménez e Ignacio Rodríguez. Ghiotto resultaba particular vértice del trabajo de los servicios, ya que la sola asistencia a sus clases y conferencias motivaba la apertura de investigaciones.

La Asamblea fue una de las impulsoras de las confluencias “Fuera OMC” y “Fuera G20-FMI” en 2017 y 2018, respectivamente, y en ese marco desarrolló actividades que, destaca el documento, “jamás ocultaron nuestro abierto rechazo a las políticas de liberalización comercial, explotación económica y social que denunciamos públicamente siempre y sin ocultamientos”.

“Nunca tuvimos algo que ocultar, pero ellos sí”, enfatiza el texto, que califica al accionar de la AFI como “una violación a los derechos a la intimidad, a la libertad de expresión, al de asociarse, al de peticionar libremente ante las autoridades y manifestarse, a la libertad de prensa, al derecho a desempeñar el trabajo”. Se trata, subraya, de “libertades civiles y sociales con que los sectores de poder se suelen embanderar pero que no tienen tapujos de violentar al momento en que las organizaciones sociales resuelven hacer algo tan simple como decirles algunas cuantas verdades subjetivas a la cara”. El espionaje ilegal “muestra, además, el carácter anti-democrático de las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio, realizadas no sólo en el mayor de los secretismos -excluyendo a las organizaciones populares-, sino también espiando a quienes denunciamos esa falta de transparencia”.

“Una rémora de tiempos oscuros”

“Al salir a la luz, esta causa demuestra la escasa vocación democrática por parte del gobierno anterior”, señaló el economista Francisco Cantamutto a AGENCIA PACO URONDO. “Más aún, expresa también el sesgo antirrepublicano en un gobierno que decía defender la democracia: a voluntad del Ejecutivo, y sin mediar intervención del Poder Judicial, iniciaron un espionaje sobre nuestras personas”, agregó.

Investigador del CONICET y docente en la Universidad Nacional del Sur, Cantamutto es miembro de la Sociedad de Economía Crítica, participa en la Asamblea Argentina Mejor sin TLC e integra el grupo de académicos y académicas en que puso foco el aparato de inteligencia comandado por Arribas. Por casos como el suyo, la comunidad universitaria y científica nacional puso a la firma de sus integrantes de todo el país un documento de repudio al espionaje ilegal y solidaridad a quienes lo sufrieron. La declaración puede suscribirse en este enlace. 

“Algunos y algunas nos enteramos de esto hace ya algunos años, por el rechazo a poder participar a la reunión ministerial de la OMC. Cerca de sesenta personas fuimos rechazadas, y se alegó la existencia de información perjudicial. Formulamos un recurso de hábeas data y tenemos constatación de que tienen información reunida”, relató.

“En mi caso personal, aún no pude acceder a mi ficha. Pero por la información que ha trascendido, pude saber que se realizó espionaje por haber dado conferencias y charlas sobre la OMC y escribir notas en medios periodísticos sobre el tema. Significa que se me tilda de personaje sospechoso y digno de espionaje por realizar mi trabajo como investigador docente, por las tareas de análisis, investigación, divulgación y opinión”, indicó. “Quiere decir –añadió- que fui presa de espionaje no sólo como ciudadano, sino por realizar aquello que a la comunidad científica se nos demanda una y otra vez: analizar lo que sucede en la realidad y proponer alternativas”.

Parte de ese trabajo se volcó en un dossier de AGENCIA PACO URONDO sobre la reunión ministerial de la OMC, publicado en diciembre de 2017 y citado por los espías para caracterizar a Federico Whalberg, Mariano Treacy y el propio Cantamutto, que escribieron notas incluidas en él. Ese material de archivo, que hoy demuestra su vigencia, puede leerse en este enlace. En palabras de la AFI, los tres autores integraban un “grupo de economistas de izquierda con fuerte presencia en medios alternativos y de corte kirchnerista como Página/12” y que también “ha realizado publicaciones en el portal de AGENCIA PACO URONDO, en las cuales se ha manifestado en contra del libre comercio”.

“Además de mostrar la responsabilidad política del gobierno anterior, estas tareas de inteligencia ilegal sobre el pueblo argentino son una rémora de tiempos negros de nuestra historia, que expresan lo más antidemocrático que hay enquistado en el Estado. Es necesario cortar con esto para tener una democracia digna de ser llamada tal”, concluyó Cantamutto.