Puntos clave para entender qué pasa con el Correo Argentino

Por Juan Cruz Guido

El 19 de mayo de 2016, apenas cinco meses después de la asunción de Mauricio Macri como presidente, se celebraba una audiencia en el concurso preventivo del Correo Argentino Sociedad Anónima. Asistieron representantes de la empresa, que se encontraba en concurso de acreedores desde el 2001, la Sindicatura General, la Controlante y la Verificante, y en representación del Estado Nacional, se presentó el abogado Juan Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, que comandaba Oscar Aguad -de hecho, Mocoroa fue un hombre del riñón del entonces titular del ministerio, que luego bajo al grado de secretaría (2017). Mocora acompañó a Aguad en su posterior nombramiento en Defensa-.

En esa audiencia, alejada de los medios de comunicación y la opinión pública en general, se pactó un acuerdo ante el Fuero Comercial Nacional. Tras 15 años de concurso de acreedores de Correo Argentino S.A., el Estado Nacional se había erigido como el principal acreedor y con privilegio en el cobro por la deuda de los cánones de la gestión de la empresa de correspondencia -desde 1997 solo lo había abonado el primer año de concesión, en 2003 Néstor Kirchner rescindió definitivamente el contrato-. La Justicia Nacional Comercial ratificó en 2002 que el monto total adeudado al Estado Nacional era de 296.2005.376,49$ (casi 300 millones de pesos).

El Correo Argentino Sociedad Anónima tiene una serie de mamushkas accionarios: su controlante es Sideco Americana SA, que a su vez es manejada por SocMa Americana SA (Sociedad Macri), que tiene como principales accionistas a los distintos miembros de la familia Macri (en ese momento, el hoy difunto Franco Macri y sus hijos Francisco, Gianfranco, Sandra y Mauricio).

En mayo de 2016, los titulares del Correo Argentino SA presentaron una propuesta que incluía el pago del monto total (reconocido en 2002, mismo monto en pesos 14 años después) en 15 cuotas con una tasa de interés anual del 7%. La cuota sería progresiva: las primeras cuotas corresponderían al 1% del monto total, las cinco siguientes al 2%, dos cuotas del 15%, una de 20%, una del 30% y finalmente una última con los intereses hasta ese momento (con la tasa mencionada).

Cuando este acuerdo llegó ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, la fiscala ante esa Cámara, Gabriela Boquín, emitió un durísimo dictamen: según ella, la propuesta implicaba una licuación del 98,82% del valor real, básicamente una condonación de la deuda. Para ese estudio, Boquín convocó a la dirección general de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones, dependiente de la Procuración General. El informe, detallado en el dictamen, señala que, por cada mil pesos debidos, se pagaban menos de 0,50 centavos. En algunas cuotas, ese monto llega a 20 centavos de peso.

El dictamen fue firmado el 30 de diciembre de 2016. El escándalo estallaría en la opinión pública en febrero de 2017 y a causa de la presión social, el entonces presidente Mauricio Macri plantearía en una conferencia de prensa que se volvía “a foja cero lo actuado”, es decir, que el acuerdo finalmente se caería.

Uno de los principales planteos de la fiscala Boquín, más allá del acuerdo puntualmente de 2016, es que el concurso estirado en el tiempo sin mayores progresos (el juicio venía desde 2001, la última propuesta databa de 2014 y había sido rechaza por Estado Nacional) terminó siendo una maniobra de dilación en el pago. Teniendo en cuenta que los concursos preventivos son una herramienta de “salvataje” comercial, un intento de resguardar a la empresa y a los acreedores. Lejos de eso, el juicio se había dilatado sin la ejecución de la deuda millonaria. Esto, según la fiscala, fue un beneficio para Sideco Americana, es decir, el grupo Macri.

Finalmente, este año, hace apenas dos días, la jueza en lo Comercial Marta Cirulli decretó la quiebra de la empresa, lo que va a implicar el cobro de la deuda a los accionistas, ya que la compañía no tiene capital, porque fue vaciada antes y durante el proceso.

Sin embargo, Macri intentó en las últimas semanas que el expediente pasará del fuero Nacional al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene una influencia activa. El Tribunal Superior de Justicia requirió la causa, pero la Cámara Nacional Comercial rechazó el planteo. Agotada está posibilidad, el ex presidente denunció una persecución judicial a través de una carta pública. El Procurador del Tesoro, Carlos Zanini, a quien Macri acusa de perseguirlo, señaló que, si los Macri pagarán los 300 millones de pesos más los intereses, la quiebra terminaría. Si no, por el contrario, la ejecución avanzara sobre los accionistas.

Por último, cabe destacar que en contraste a la persecución judicial que denuncia el ex mandatario, en 2017 el propio Macri desplazó de su cargo al entonces Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, cercano a Elisa Carrió en la coalición, por promover un sumario interno sobre el acuerdo impugnado por Boquín. Ese informe era demoledor, les planteaba a los Macri desistir de sus pretensiones en la causa Correo Argentino. El reemplazo de Balbín vino de las entrañas mismas de Socma: Bernardo Saravia Frías, ex abogado del grupo. El informe Balbín fue luego adulterado por la nueva gestión y nunca tuvo relevancia institucional ya que terminó siendo firmado por un director de Saravia Frías. En el mismo se reclamaba un acuerdo entre las partes “que ponga término a la extensa incertidumbre que se cierne sobre los intereses fiscales y las pretensiones de Correo Argentino”. Planteaba que el no acuerdo era un perjuicio para el Estado -aun cuando la oferta de Socma fue de apenas el 1.18% del valor real de la deuda-.