Reforma judicial: "Sometí mi parecer al veredicto popular y el pueblo me acompañó"

Por Santiago Gómez | Foto: Casa Rosada

Desde el salón Blanco de la Casa Rosada el presidente Alberto Fernández anunció el envío al Congreso del proyecto de ley de Organización y competencia de la justicia federal. Fernández comenzó su discurso señalando que ama el derecho desde la adolescencia y que pertenece a la familia judicial, por lo que dificilmente podría haberse sustraido al respeto de la ley y creer que en una sociedad todo diferendo se debe someter al análisis y la decisión de la justicia. El presidente dejó claro desde el inicio que ni se debe judializar la política ni politizar la justicia. "En la república el sistema judicial debe apegarse a la normas y abstraerse de cualquier influencia que quiera torcer la imposición de justicia. La justicia es uno de los tres poderes y tiene potestades singulares otorgadas por la Constitución: puede disponer de nuestros bienes y nuestras libertades. Semejante poder debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables", leyó el presidente rodeado de los futuros miembros del Consejo Consultivo que se conformará para proponer una reforma del sistema judicial.

Fernández hizo un reconto histórico de cómo el poder político y económico operaron sobre algunos jueces. Señaló que con el golpe de 1930 que le arrebató el gobierno al radical Hipólito Yrigoyen "comenzó un lamentable proceso de intromisión de la política en las decisiones de nuestros tribunales". Señaló que el punto culminante estuvo en el golpe militar de 1976. Señaló que Ricardo Alfonsín designó en la Corte Suprema de Justicia jurístas de prestigio técnico y valores democráticos. "Tras ello la justicia penal federal inició un derrotero de mejor calidad institucional signado por la moralidad de sus miembros y la objetividad de criterio a la hora de sentenciar", señaló el Presidente y para ello colocó como ejemplo el Juicio a la Junta Militar, destacando la presencia de León Arslanian, uno de los jueces que condenó a la junta y miembro del futuro Consejo Consultivo para la reforma de la justicia.

El presidente recordó la ampliación de la Corte Suprema durante el menemismo, colocándola como ejemplo de otra influencia del poder político para garantizar la mayoría automática, para luego señalar que durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando Fernández era jefe de gabinete, se promovió el juicio político a algunos de sus miembros y se aprobó en el Congreso el proyecto de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner que redujo el número de miembros. Fernández destacó que el sistema institucionalizado entonces para la elección de jueces le otorgó transparencia a los nombramientos y la jueza Elena Highton de Nolasco, única representante de la Corte Suprema durante el acto, asintía con la cabeza.

Que nadie se sorprenda

El presidente señaló que nadie podría sorprenderse con la propuesta del gobierno sobre la reforma judicial porque se refirió al respecto durante la campaña. "Nadie puede sorprenderse de lo que estamos haciendo. Sometí mi parecer al veredícto popular y el pueblo con su voto me acompañó y reafirmé ese compromiso ante el parlamento cuando asumí la presidencia. Dispuse intervenir la AFI, ya no tiene fondos reservados, no hace inteligencia interna y no influye en procesos judiciales", afirmó el mandatario. Fernández señaló que siempre se refirió a la necesidad de tener un mejor Estado de derecho, por lo que proponemos "consolidar una justicia independiente regida por las mayores normas de transparencia con celeridad y eficiencia".

El proyecto de ley que enviará el presidente al congreso se refiere a la Organización y competencia de la justicia federal, necesaria por la "crisis que afecta la credibilidad de la justicia".

Propuestas

El gobierno propone la creación de la Justicia federal penal con asiento en Buenos Aires, consolidando los fueros criminal y correccional federal y penal económico. La propuesta contempla que cada uno de esos tribunales continúe funcioando con una de las dos secretarías que tiene y la otra se conviertirá en la secretaria de uno de los 23 nuevos tribunales a crear. El mandatario no hizo referencia en su discursos a los fondos con los que se crearían los nuevos tribunales. Fernández señaló que la lógica de ampliar los juzgados tuvo en cuenta "adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que deriva de la puesta en marcha del sistema acusatorio que impone el Código Procesal Penal Federal y superar que el poder decisorio se concentre en un grupo reducido de magistrados, que tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática. Estas fueron circunstancias determinantes para que este fuero se politizara de la forma que ocurrió".

La comunicación presidencial a través de la Casa Rosada informó que "Uno de los objetivos de la reforma es mejorar el funcionamiento del fuero federal, para eso se propone fusionar los doce juzgados criminales con los once de penal económico y duplicar su número para dar más velocidad a las causas en las que les toca intervenir y que incluyen delitos complejos como narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, contrabando y corrupción, entre otros". Durante su discurso el presidente señaló que el proyecto busca que el nuevo fuero federal penal comience a funcionar cuanto antes.

Los nuevos magistrados serían jueces subrrogantes, elegidos con la mayor transparencia. "En la designación trasitoria de los magistrados intervendran la Cámara nacional de casación en lo criminal y correccional, el Cosejo de la Magistratura y el Senado de la nación", señaló el presidente. Para que no haya dudas, señaló que se respetará el principio de juez natural y que la totalidad de las investigaciones quedarán bajo la jurisdicción de quienes actualmente las estén tramitando.

El presidente anunció que el proyecto propone la transferencia de facultades jurisdiccionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para investigar y juzgar todos los delitos no federales, saldando la deuda de la Constitución de 1994.

Consejo consultivo

Durante su discurso el presidente estuvo rodeado por quienes compondrán el futuro Consejo Consultivo para la reforma judicial, quienes deberán elaborar según el presidente "propuestas concretas para mejorar la adminstración de justicias y analizar problemas que se observan para que fucionen mejor la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, lo que será una condición imperiosa para abordar las posibles soluciones". Fernández respondió a quienes cuestionan la autonomía que ese consejo tendrá para la creación de propuestas. "Los miembros del consejo tienen plena autonomía para recomendarle al presidente lo que consideren pertinente. No existe el deseo de codicionar la decisión del consejo, se de las cualidades intelectuales y sé que no estarían acá si se sintieran limitados o limitadas a expresarse libremente", afirmó.

"No llegué hasta aquí para defraudar a los alumnos y alumnas que me oyeron en las aulas de la universidad pública sobre la importancia de preservar las reglas del debido proceso. Sé que esas reglas se olvidan cuando los tribunales entran a tallar intereses económicos o políticos. Eso vino ocurriendo en parte de la justicia en los últimos años y no me voy a hacer el distraido frente a una situación que daña a la república", destacó el presidente.
 
Conscientes de las crítcias dirigidas hacia un sector del Frente para Todos y la expresidenta, Fernández reconoció que él hace culto al diálogo, valora el don de saber escuchar y reflexiona sobre lo que escucho. "Vivimos un tiempo único en el que una pandemia nos ha hermanado, estoy seguro que no es hora de imponer decisiones sino de ser capaces de construir esas decisiones en conjunto. Es hora de una justicia proba que esté atenta a respetar y hacer respetar las reglas del estado de derecho. Una justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos, ni los poderes políticos, si lo logramos fortalecemos la democracia. También habremos saldado una deuda que la democracia argentina aún tiene con la sociedad", finalizó el presidente.