Santiago del Estero: operaciones mediáticas sobre el narcotráfico

El año 2022 terminó con un escándalo. Una filtración de unos chats de Telegram reveló que las relaciones carnales entre periodistas, empresarios, políticos, espías y jueces eran mucho más promiscuas de lo que pensábamos. Los chats le dieron materialidad a lo que, hasta ese momento, era una sospecha e involucraron al magnate Joe Lewis y a su estancia, eternamente en disputa. Fue tanto el impacto que “Lago Escondido” y “viaje de jueces” fueron los tópicos más buscados en Google durante las últimas semanas del año. Diciembre pasó con la esperanza de que eso se diluyera en la agenda mediática.

Cuando parecía que la polémica se alejaba de las páginas de los diarios y los portales de noticias, una denuncia penal activó nuevamente el tema. Gerardo Zamora, gobernador de la provincia de Santiago del Estero, denunció el lunes 2 de enero a Silvio Robles, vocero de Horacio Rosatti, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Zamora denunció a Robles por tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público y explicó que la denuncia penal se fundamentaba en la filtración de chats que de alguna manera exhibían que “se habría arreglado el fallo a favor de CABA por el índice de coparticipación federal”.

La noticia retomó su fuerza y durante dos semanas no se habló de otra cosa. En un principio la denuncia recayó en manos del juez Guillermo Molinari, del juzgado federal de Santiago del Estero. Molinari ordenó inmediatamente la imputación de Robles y el secuestro de su teléfono celular en plena feria judicial. A la denuncia de Zamora se sumó Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja y agitó aún más el escenario. Esto encendió las alarmas de Comodoro Py y empezaron a exhibirse los primeros movimientos para que la causa no se fuera de sus manos. El primero en salir a hablar fue el propio Robles, que denunció irregularidades en la denuncia del gobernador y dijo que Zamora había tenido un acceso “indebido” al expediente de la causa. Las miradas también se posaron sobre el juez Molinari y su parentesco con Claudia Ledesma, ex gobernadora de la provincia, actual Presidenta Provisional del Senado y esposa de Zamora. Desde el entorno del gobierno provincial rechazaron esos planteos.

Con el tiempo, Molinari se declaró incompetente y la denuncia se perdió en una maraña de acusaciones cruzadas, movidas judiciales y operaciones mediáticas. En sus redes, Zamora publicó un duro comunicado donde lamentaba que la causa fuera a terminar en Comodoro Py, y decía “siéntase poderoso, doctor Horacio Rosatti”. El texto también declaraba su intención de “hacer defender el federalismo y luchar por los intereses provincianos frente al centralismo porteño” y como eso, desde su mirada, “lo pone a cualquiera como destinatario de ataques, difamaciones y operaciones de todo tipo. No tengo miedo a eso”.

Casi como si Zamora se hubiera anticipado al ataque, esa misma semana el periodista Carlos Pagni escribió una nota llamada El malabarista de la ilegalidad donde citó un informe que se refería a la problemática del narcotráfico en Santiago del Estero. Luego siguieron editoriales del diario La Nación, notas del diario Clarín, informes en canales porteños. Pero concretamente, el periodista del diario La Nación citó a Douglas Farah, un “especialista” en seguridad internacional. El informe se llamaba “Un caso de estudio de la convergencia criminal internacional: Santiago del Estero, Argentina” y decretaba que la provincia era el epicentro del narcotráfico en el país, que eran claros sus vínculos con el poder político y que, además, era la puerta de entrada para una banda criminal de Brasil.

Douglas Farah, un viejo operador

Douglas Farah, como señala el propio Pagni en la nota, tiene un instituto que presta servicios al Departamento de Estado de Estados Unidos, la DEA y el FMI. Su mirada sobre la región no está exenta de los intereses del país del norte y hasta parece anclada en el Siglo XX cada vez que habla de Rusia o China, con una visión geopolítica más cercana a una película de héroes y villanos. El documento presentado por Farah tiene 12 páginas y muy poca información para determinar con tanta certeza lo que dice, más aún cuando gran parte de las supuestas pruebas que se presentan son links de notas periodísticas. Las únicas fuentes para arribar a su conclusión. Uno de los links que Farah adjunta a su informe pertenece a Geoffrey Ramsey, otro de los especialistas en la materia que también trabaja para instituciones de Estados Unidos.

En una muy buena entrevista con Ernesto Tenembaum, Farah se refirió al informe blanqueando el foco colocado sobre las personas vinculadas a Cristina Fernández de Kirchner, y dejando más dudas que certezas sobre el trabajo realizado. Primero dijo: “Nos pareció interesante el caso de estudio de Santiago del Estero donde se ve la orientación política en una ruta que geográficamente es muy importante para el narcotráfico”, pero cuando Tenembaum le pidió hilar más fino en los datos, Farah no supo responderle y hasta terminó contradiciendose a sí mismo en el uso de una palabra como “epicentro”, que figuraba en el informe.

• ¿Hay datos concretos de bandas de narcotraficantes? ¿Hay datos cuantitativos? ¿Hechos puntuales? Porque el informe da datos generales solamente - pregunta Tenembaum.

• (Silencio) Bueno…hay datos que están en la prensa Argentina. Hay datos que están ahí en los medios. Como es algo ilegal no podemos cuantificar, uno puede decir que ha aumentado mucho en toda la zona del norte…

• No bueno pero usted tiene la percepción que es toda una zona y que no se reduce a Santiago del Estero

• Santiago es un ejemplo de todo lo que pasa, no decimos que es el único lugar o el epicentro de todo…

Los medios santiagueños afines a Juntos por el Cambio no se percataron de las imprecisiones del informe que ni el propio Farah supo responder y decidieron titular que Santiago del Estero era el epicentro de la droga en el país, aún contra las propias declaraciones del especialista. Por su parte, el gobernador no mencionó el tema del narcotráfico aunque sí difundió una respuesta a los medios porteños. En un comunicado escueto en su cuenta de Facebook, dijo que “no se permite a nadie la osadía de denunciar ningún atropello” y que, de hacerlo, “no hay compasión”, solo “escarnio público”.

¿En Santiago no pasa nada?

¿Esto quiere decir que en Santiago del Estero el narcotráfico no es un problema? No. Esto quiere decir que hacen falta mejores maneras de encararlo y, justamente, por considerar que el tema necesita un mejor abordaje, es necesario cuestionar los informes realizados de manera sesgada por especialistas que responden a un modelo de lucha contra las drogas que ha demostrado un fracaso rotundo en todo el mundo. En la provincia hay rutas clandestinas reconocidas por las propias autoridades del gobierno e investigadas incluso por medios como la BBC en años pasados. Las avionetas Cessna cruzan el monte santiagueño ante la mirada atónita de los vecinos y vecinas de la zona, que luego denuncian ante las fuerzas de seguridad la caída de cargamentos entre los árboles o el paso de camionetas por rutas por donde circulan habitantes del lugar. En localidades del interior de la provincia también es notoria la ausencia de datos sobre la problemática, esto fue reconocido por autoridades de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar) en algunos informes realizados en los últimos años. Las noticias sobre secuestros de cargamentos de drogas son comunes en la prensa local. Hay causas judiciales contra narcos de 2014 a 2019, donde se menciona a Santiago del Estero como un territorio de transacciones, de recepción de mercancías y de aterrizaje de avionetas. También se señala en estas causas que Santiago se involucra dentro de una red más amplia que también incluye provincias como Corrientes, Buenos Aires, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Chaco. Queda claro que el problema no pertenece a un solo partido político.

En 2009, bajo el primer mandato de CFK, el Ministerio de Defensa de la Nación detectó 40 pistas clandestinas en Santiago. En 2011 se anunció la instalación de radares para detectar los vuelos en la zona. En 2013, Humberto Salim - intendente de la ciudad de Frías - respondió a duras acusaciones de parte de un sector de la iglesia que vinculaban a políticos con el narcotráfico. En 2016, ante el brutal crimen de un niño en la localidad de Quimilí, el intendente Omar Fantoni dijo “hay lugares oscuros, con gente que vende y otra consumiendo drogas. Se nos ha ido de las manos”. En julio de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, se dio el mayor golpe contra el narcotráfico “en la historia de la provincia”, reconocido de esta manera por autoridades provinciales, nacionales y por Guillermo Molinari, el juez que recibió la denuncia contra Robles. En ese entonces, la ministra Patricia Bullrich agradeció la colaboración de las fuerzas de seguridad de la provincia en el operativo.

El problema existe, es transversal e involucra actores de peso. Involucra a jueces, políticos, empresarios, involucra a familias, a sectores de la iglesia, de la sociedad civil, instituciones del Estado, fuerzas de seguridad, a periodistas que informan. Y por todo esto, por todas las voces involucradas, por todos los datos que circulan, es que los reduccionismos, las frases espectaculares y los informes tendenciosos afectan al abordaje del tema y no colaboran en ninguna solución conjunta.