Murió Manuel Asencio Ardiles, el campesino que denunció a un juez santiagueño por robarle sus tierras

En octubre de 2020, once integrantes de la familia Ardiles se paran frente a una cámara y graban un video dirigido a Gerardo Zamora, gobernador de la provincia de Santiago del Estero. Le piden ayuda porque se encuentran amenazados por un grupo de personas que quieren desalojarlos de sus tierras. Viven en un paraje cercano a la ciudad Capital llamado Chaguar Punco, en el departamento Robles. La cabeza a la que apuntan por intentar quedarse con el territorio que les pertenece se llama Federico López Alsogaray, presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. En medio de la imagen familiar se encuentra sentado Manuel Asencio Ardiles, un campesino de 73 años, nacido y criado en esas 30 hectáreas de tierra. En sus manos, Don Ardiles sostiene una carpeta con los documentos que demuestran que el territorio le pertenece a él, como antes le había pertenecido a su padre. El desalojo se hace igual.  

Diez días después del desalojo, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) comparte un video filmado por Nancy Ardiles, hija de Manuel. En el registro se puede ver a un grupo de policías y peones entrando al terreno, en el momento exacto del desalojo. Nancy grita, llora, y denuncia que los peones trabajan para el juez Alsogaray. Una denuncia ante la Dirección de Bosques de parte de la familia, alerta por incendios en zonas de bosques nativos del lugar. En el video también se ve un cordón de policías equipados con cascos y escudos. La barrera corta el paso a Juan Parra, abogado de la familia, que discute con ellos para intentar entrar al lugar. En una entrevista posterior en una radio local, Parra dice que no es la primera vez que el juez se queda con un terreno que no le pertenece, y que vecinos de la zona se acercaron a él para comentarle sus experiencias.

El MOCASE viene denunciando desde hace años la complicidad entre empresarios y jueces en los conflictos de tierras en la provincia. Las noticias de desalojos, asesinatos, bandas armadas, quema de viviendas y amenazas, son parte de la realidad cotidiana de las familias que viven en el monte. La expansión de la siembra de soja es uno de los motivos que ha acelerado esta conflictividad, que ya tiene una larga historia. Según datos del Censo de 2010, Santiago del Estero es la provincia con más población rural del país (31%). Según lo recabado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, desde la intervención federal de 2004 hasta 2012, se tomó registro de más de 400 conflictos por la tierra que involucraban a más de 6 mil familias.

Alsogaray es conocido por su cargo, pero también por ser uno de los tres jueces que en 2015 estampó su firma en una sentencia que absolvió al empresario Jorge Ciccioli, acusado por distintas organizaciones de ser el autor intelectual de la muerte de Cristian Ferreyra, un campesino asesinado en 2011 en ocasión de un conflicto de tierras. En esa misma sentencia se condenó a diez años de prisión a Francisco Javier Suárez, el hombre que apretó el gatillo.

Aunque Manuel Ardiles contaba con lo que jurídicamente se denomina “título perfecto” (por tener certificada la titularidad y posesión), Alsogaray llevó en 2018 su denuncia a la ciudad de La Banda, a las manos de la jueza Roxana Vera y el juez Pedro Juri. Ahí se dio por válida la versión de Alsogaray, que dijo que la tierra le pertenecía porque la gobernación de Tucumán se la había entregado en 1747 a un antepasado suyo. Eso fue suficiente para aplicar una medida cautelar y entregar la posesión de 23 hectáreas. No fue suficiente. En mayo de 2022, el juez fue por las 7 hectáreas que todavía sentía que le pertenecían y se ordenó un nuevo desalojo con la llegada de más de 80 miembros de las fuerzas de seguridad a la zona. La noticia tomó relevancia nacional.

En mayo de 2022, la Asociación Civil Laudato Sí – presidida por Gustavo Carreras, docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) – emitió un duro comunicado repudiando la situación: “la orden de desalojo impartida por un juez, a pedido y beneficio de otro juez, que es además presidente del Superior Tribunal de Justicia, y, el modo violento de los procedimientos implementados, tienen la forma de un hecho de fuerza más que de un acto de justicia”.

Desde el momento en que la situación judicial se volvió cada vez más adversa, Manuel tuvo que trasladarse con su familia a un polideportivo de Forres, cerca del paraje donde vivían. A principios de este año, se inició una campaña solidaria. “Hoy la salud de Don Manuel atraviesa el impacto de la injusticia santiagueña, una justicia que condena al destierro a quienes solo quieren vivir del trabajo” decía un posteo en Facebook y pedía donaciones de sábanas, pañales, jeringas, toallas, alcohol y alimentos bebibles para procesar, entre otras cosas.

El viernes 20 de enero, una organización norteamericana de derechos humanos llegó a la provincia de la mano de Juntos por el Cambio, con el objetivo de hacerse eco del caso y elaborar un informe. El Interamerican Institute for Democracy llegó con la representación de Marcel Feraud y Armando Valladares, un reconocido escritor cubano encarcelado por Fidel Castro en la década del 60 y con muy buena relación con Ronald Reagan durante los ochenta.

Los representantes del instituto fueron recibidos por las autoridades locales y el tratamiento en los medios de la provincia tuvo abordajes distintos. Para los medios afines al oficialismo, la visita pasó sin muchas fricciones, tuvo un carácter protocolar y no se mencionó en ninguna línea de texto el nombre de Alsogaray. Para los medios cercanos a Juntos por el Cambio, las entrevistas entre funcionarios y los miembros del instituto fueron tensas, porque previamente se había mantenido una reunión con Manuel Ardiles para consultar si había recibido ayuda estatal, lo cuál fue negado por parte del campesino y su familia.

Tres días después de la visita, Manuel Ardiles falleció a causa de los problemas de salud que ya se venían agudizando en estos meses. Fue despedido por su esposa, sus hijos, hijas, nietos, nietas y otros familiares con un aviso fúnebre, el único dedicado a él que se publicó ese día. Lo imprimieron en las páginas del mismo diario que nunca contó su historia.